Economía circular: ¿modelo regenerativo o nueva frontera de desigualdad?

Durante más de una década, la economía circular ha sido aclamada como la gran promesa para reconciliar desarrollo económico y sostenibilidad ambiental. Reducir residuos, mantener los materiales en uso durante más tiempo, rediseñar procesos y productos para alargar su vida útil... Estas ideas han ganado protagonismo en las políticas ambientales de la Unión Europea, siendo pilares clave del Pacto Verde y la nueva agenda industrial. Sin embargo, una cuestión clave sigue sin respuesta clara: ¿circular para quién?

La narrativa dominante sobre economía circular ha sido, hasta ahora, eminentemente tecnocrática y ecológica: se ha centrado en procesos, eficiencia y materiales, sin prestar la debida atención a las implicaciones sociales de la transformación. Pero lo circular no es necesariamente justo. La transición hacia nuevos modelos productivos y de consumo tiene un claro potencial transformador, pero también el riesgo de reproducir desigualdades estructurales, invisibilizar colectivos y desplazar impactos hacia territorios y personas con menor poder político o económico.

Ante este escenario, la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) propone un giro necesario: integrar la justicia social como eje estructural de la economía circular. Esto implica considerar, desde el diseño de las políticas, quien se beneficia, quién asume los costes y quién tiene voz en las decisiones. El informe “Hacia una economía circular justa”, publicado por la AEMA el pasado mes de mayo de 2025, plantea precisamente este debate, abordando las tres dimensiones clave de la justicia en contextos de transformación: la justicia distributiva, que se pregunta cómo se reparten los beneficios y cargas; la justicia procedimental, que exige participación y transparencia; y la justicia de reconocimiento, que reclama visibilidad y respeto para visiones del mundo marginadas.

Las políticas y prácticas de economía circular a menudo priorizan soluciones tecnológicas y económicas, descuidando las dimensiones sociales y, con ello, los aspectos de justicia, como los impactos en el empleo, el trabajo informal o la desigualdad de género.

El concepto de transición justa, heredado del movimiento sindical y ecologista, cobra aquí una nueva relevancia: no basta con reducir emisiones o cerrar ciclos de materiales si, en el camino, se pierden empleos sin alternativas, se invisibiliza a los recicladores informales o se profundiza la brecha entre el Norte y el Sur global. Tampoco si se impone un modelo sin escuchar a las comunidades, las mujeres, la juventud o los pueblos indígenas.

Queda evidenciado, por tanto, que la economía circular no opera en el vacío. Como recuerda la AEMA, está atravesada por determinantes sociales como el género, la clase, la raza, la edad o el estatus migratorio. Factores que condicionan quién puede participar en el cambio, quién tiene acceso a los beneficios y quién corre los mayores riesgos. En este sentido, la interseccionalidad —superposición de distintas formas de exclusión— es clave para entender las complejidades de una transición verdaderamente inclusiva.

Al mismo tiempo, cabe destacar que la transformación también ofrece oportunidades: creación de empleos verdes, formalización de sectores precarizados, innovación social, mejora de condiciones laborales o impulso a nuevas formas de economía solidaria y local. Pero estos beneficios no llegarán por sí solos: requieren voluntad política, planificación cuidadosa y enfoques que pongan en el centro la justicia social y ambiental.

Este reportaje, elaborado a partir del mencionado informe de la AEMA, explora esa intersección entre circularidad y justicia a través de tres cadenas de valor estratégicas —baterías, plásticos y textiles—, desentrañando no solo sus impactos, sino también sus potencialidades para construir un modelo económico regenerativo y equitativo. Porque la circularidad no será justa, a menos que se diseñe para serlo.

Puntos críticos e injusticias en las cadenas de valor 

Las cadenas de valor de las baterías, los plásticos y los textiles ilustran de manera tangible cómo la economía circular puede convertirse en un motor de transformación, pero también en un espacio de reproducción de desigualdades. En ellas convergen innovación, inversión y regulación, al mismo tiempo que persisten condiciones laborales precarias, riesgos para la salud, degradación ambiental y una distribución desigual de beneficios, donde las cargas recaen con frecuencia en el Sur Global mientras las ganancias se concentran en el Norte.

Analizar estos sectores estratégicos desde las tres dimensiones de la justicia —distributiva, procedimental y de reconocimiento— permite identificar los nudos críticos y las oportunidades para que la circularidad no se limite a la eficiencia material, sino que avance hacia un modelo genuinamente justo e inclusivo. A continuación se presentan los tres casos.

- Baterías

La electrificación del transporte, el almacenamiento de energía renovable y el auge de la electrónica de consumo sitúan a las baterías, en especial las de iones de litio, en el epicentro del nuevo modelo energético. Su rendimiento mejora de forma continua, desplazando a tecnologías como el níquel-hidruro metálico y el plomo-ácido, y se prevé que dominen el mercado global y europeo durante las próximas dos décadas. La Comisión Europea las considera estratégicas para cumplirlos objetivos del Pacto Verde, con un papel central en la transición hacia una economía baja en carbono.

Para responder a este reto, la UE ha adoptado un marco regulatorio ambicioso. El Reglamento de Baterías (UE) 2023/1542, en vigor desde julio de 2023, busca asegurar la sostenibilidad en todo su ciclo de vida: desde la extracción de materias primas hasta la recogida, reciclado y reutilización. Introduce requisitos más estrictos en huella de carbono, contenido de sustancias nocivas, seguridad, rendimiento y durabilidad; fija metas de recogida y reciclaje más elevadas; y refuerza la responsabilidad ampliada del productor, incorporando obligaciones de diligencia debida para mitigar riesgos sociales y ambientales en la cadena de suministro. En paralelo, la Ley de Materias Primas Fundamentales (2024) establece un marco común para abastecer de manera segura y sostenible a la industria, incluyendo la producción y reciclaje de baterías, con el objetivo de reducir la dependencia externa y aumentar la autonomía estratégica. No obstante, el crecimiento exponencial de la demanda implica riesgos significativos que deben abordarse desde la óptica de la transición justa.

Los impactos más críticos se concentran en la extracción y fabricación: contaminación grave, condiciones laborales precarias y riesgos para la salud pública. A ello se suman conflictos por los derechos de uso de la tierra y la escasa participación de las comunidades en los proyectos mineros.

Justicia distributiva

El auge de la demanda de litio, cobalto, níquel y grafito ha intensificado la presión extractiva sobre territorios del Sur global. En países como la República Democrática del Congo, Indonesia o Chile, las comunidades locales sufren impactos desproporcionados: contaminación del agua y del aire, pérdida de tierras, salud pública deteriorada y condiciones laborales degradantes. La minería artesanal de cobalto aún implica trabajo infantil y escasa protección laboral, mientras la minería industrial conlleva reasentamientos forzosos y destrucción de ecosistemas vitales.

Además, los beneficios económicos de la extracción no se distribuyen de forma equitativa: las grandes empresas y países consumidores concentran el valor añadido, mientras que las comunidades productoras afectadas ven cómo sus recursos desaparecen sin que sus condiciones de vida mejoren. Incluso las estrategias circulares y promesas del reciclaje pueden resultar ambiguas: si las plantas de reciclaje se concentran en Europa, podrían generar un flujo de valor aún más desigual, restando ingresos clave a países exportadores de materias primas como la RDC.

Por otro lado, la desigual adopción de tecnologías también añade capas de injusticia. Los vehículos eléctricos y de baterías de almacenamiento siguen siendo accesibles principalmente para consumidores de renta alta, lo que convierte a la transición energética en un fenómeno que beneficia a unos pocos mientras impone cargas invisibles a muchos.

Por último, la extracción también puede alimentar conflictos, como en la RDC, donde el sector minero financia grupos armados y exacerba tensiones por el control de la tierra y el agua, afectando de forma especialmente grave a mujeres, niños y comunidades indígenas.

Justicia procedimental

Las decisiones sobre la expansión minera o sobre el diseño de baterías se toman, en su mayoría, lejos de quienes sufrirán sus efectos. Los procesos de participación pública en proyectos extractivos son, cuando existen, limitados y desequilibrados. Pequeños agricultores e indígenas ven cómo sus tierras son concesionadas sin consulta efectiva, en un contexto donde sus derechos consuetudinarios —de usos y costumbres— rara vez son reconocidos.

Además, el ecosistema industrial de las baterías impone barreras técnicas y legales a pequeños talleres y repara- dores. La falta de acceso a información técnica o la imposibilidad de reacondicionar baterías fuera del canal oficial restringe las oportunidades de empleo en países con economías informales, y reduce las posibilidades de dar una segunda vida útil a las baterías, contradiciendo el principio circular. También, la corrupción en el sector minero agrava la fragilidad social, desviando recursos de servicios esenciales y debilitando la confianza ciudadana.

Justicia de reconocimiento

La minería para baterías impacta de forma directa en la identidad cultural y el tejido social de las comunidades. Los pueblos indígenas son los más afectados —y los menos escuchados— en esta expansión. Su relación con la tierra, los recursos y la cultura entra en tensión con un modelo extracti- vo que erosiona tradiciones, desplaza comunidades y fragmenta saberes. La justicia de reconocimiento exige res- petar derechos culturales y de auto- determinación, así como garantizar el consentimiento libre, previo e informa- do, recogido en instrumentos interna- cionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Al mismo tiempo, el cierre del ciclo de las baterías debe integrar saberes locales y actores no reconocidos en la cadena formal, como trabajadores informales dedicados a la reparación o al reacondicionamiento. El acceso a datos de rendimiento de las baterías es clave para facilitar su segunda vida en aplicaciones estacionarias y prolongar su uso antes del reciclaje, evitando que la transición energética reproduzca pa- trones de exclusión.

- Plásticos

El plástico es uno de los materiales más ubicuos de la economía moderna: presente en envases, productos de consumo, construcción y sectores industriales clave. Sin embargo, su ciclo de vida está marcado por impactos ambientales y sociales significativos, desde la extracción de materias primas fósiles hasta su gestión como residuo.

Los principales riesgos derivan de la exposición a sustancias químicas y aditivos, con efectos directos sobre la salud. Los costes de los residuos plásticos recaen desproporcionadamente en comunidades marginadas y países de bajos ingresos, mientras e comercio de desechos traslada cargas del norte al sur global.

La transición hacia un modelo circular del plástico se enmarca en debates internacionales como el Tratado Global sobre Plásticos y en un entramado normativo europeo que incluye la Directiva sobre Plásticos de un Solo Uso, el Reglamento sobre Traslados de Residuos o la futura regulación sobre pérdidas de pellets. Pero más allá de la eficiencia material y la reducción de residuos, una transición justa exige atender a quiénes cargan con los costes y quiénes se benefician de este cambio.

Justicia distributiva

La cadena de valor del plástico concentra desigualdades en cada etapa. En la producción, las comunidades cercanas a complejos petroquímicos —en países del Norte y del Sur Global— sufren exposición crónica a contaminantes del aire, el suelo y el agua, con consecuencias para la salud como enfermedades respiratorias, cáncer o alteraciones hormonales. Los trabajadores de plantas y centros de reciclaje están expuestos a sustancias tóxicas como retardantes de llama o microplásticos, con riesgos que persisten incluso en instalaciones formalizadas.

En la fase de uso, la exposición a aditivos peligrosos afecta a consumidores de todas las regiones, pero con diferencias: las normativas estrictas en la UE o EE. UU. reducen riesgos, mien- tras que en mercados sin regulación robusta los consumidores —a menudo en países de ingresos bajos o medios— están más expuestos a productos de menor calidad y mayor toxicidad. La ingesta de microplásticos a través de agua embotellada, alimentos o polvo doméstico se ha documentado de forma generalizada, con impactos todavía no plenamente conocidos.

El final de vida del plástico agudiza las asimetrías. La exportación de residuos desde la UE y otros países del Norte Global hacia el Sur Global genera lo que se ha denominado “colonialismo de residuos”: materiales difíciles de gestionar acaban en entornos con infraestructuras insuficientes, donde aumentan las fugas al medio ambiente y la exposición de trabajadores —a menudo informales— a sustancias nocivas. Mientras los beneficios económicos se concentran en grandes productores y recicladores formales, quienes recogen, clasifican y procesan residuos en el sector informal reciben ingresos inestables y muy por debajo de un salario digno.

Justicia procedimental

Los procesos de decisión en el sector del plástico muestran fuertes desequilibrios. Las negociaciones del Tratado Global sobre Plásticos han evidenciado la influencia de la industria petroquímica, mientras que organizaciones de la sociedad civil, comunidades afectadas y trabajadores informales han encontrado barreras para participar de forma significativa. A nivel nacional y local, la planificación de sistemas de gestión de residuos raramente incorpora a quienes dependen de ellos para su sustento, lo que incrementa el riesgo de exclusión en nuevas estructuras circulares.

Los recicladores informales, que constituyen la columna vertebral del reciclaje en muchos países, enfrentan el peligro de perder acceso a flujos valiosos de residuos por la implementación de sistemas de depósito, esquemas de responsabilidad ampliada del productor o licitaciones exclusivas para empresas formalizadas. Sin mecanismos de integración, la transición circular puede desplazar a estos actores sin ofrecer alternativas viables.

Justicia de reconocimiento

El reconocimiento social y político de los actores más vulnerables en la cadena del plástico sigue siendo limitado. Los recicladores informales, pese a su papel crucial en la recuperación de materiales, sufren estigmatización, criminalización e invisibilidad en las políticas públicas. Una transición justa requiere legitimar su experiencia, incorporarlos como socios en sistemas formales, y garantizar su acceso a derechos básicos como salud, pensiones y protección frente a riesgos laborales.

Asimismo, es necesario visibilizar impactos diferenciados por género: las mujeres están sobrerrepresentadas en trabajos informales de bajo valor y alto riesgo en el sector de residuos, y más expuestas a ciertos efectos en la salud por el contacto con aditivos plásticos, además de sufrir con mayor frecuencia acoso o discriminación. Reconocer es- tas realidades permite diseñar políticas que no solo reduzcan la contaminación, sino que también reparen des- igualdades históricas.

- Textiles

El sector textil es uno de los más intensivos en recursos y con mayor huella ambiental, abarcando desde el cultivo de fibras naturales o la producción de fibras sintéticas hasta la fabricación, el consumo y la gestión de residuos. El auge de la moda rápida (fast fashion) ha multiplicado los volúmenes de producción y reducido la vida útil de las prendas, exacerbando impactos sociales y ambientales.

La Unión Europea ha respondido con medidas como la Estrategia de la UE para los Textiles Circulares y Sostenibles, la revisión de la Directiva de Residuos de Textiles o el Reglamento de Ecodiseño para Productos Sostenibles, que incluye prohibiciones a la destrucción de productos no vendidos. No obstante, avanzar hacia un sistema textil circular exige ir más allá de la eficiencia técnica, incorporando criterios de justicia social y equidad en toda la cadena.

Justicia distributiva

La producción y gestión de textiles usados genera cargas desproporcionadas en países de ingresos bajos y medios, desde contaminación de aire, agua y suelos hasta riesgos laborales graves, como evidenció el colapso del Rana Plaza en 2013. Menos del 2 % de las personas trabajadoras del sector recibe un salario digno, y las mujeres son mayoría en empleos precarios.

Las exportaciones masivas de ropa usada al Sur Global, muchas veces de baja calidad, saturan vertederos y afectan a las industrias textiles locales. Ejemplos como el desierto de Atacama, en Chile, convertido en vertedero textil, muestran el impacto ambiental. Además, la transición circular en Europa podría implicar relocalización de producción (“reshoring”), con pérdidas de empleo en países exportadores y riesgos de exclusión para trabajadoras del Sur Global.

Incluso en la UE, los “empleos circulares” no garantizan mejores condiciones: muchas empresas de inserción laboral dependen de cadenas lineales y requieren apoyo para adaptarse a modelos circulares. El riesgo es que los costes de sostenibilidad recaigan sobre proveedores sin compensación adecuada.

Justicia procedimental

La concentración del poder en grandes marcas impide la participación real de pequeñas empresas, comunidades afectadas y trabajadores en la toma de decisiones. Mientras tanto, muchas políticas de economía circular se diseñan desde el Norte global, reforzando narrativas donde esta aparece como “salvador tecnológico”, minimizando las contribuciones y problemáticas del Sur.

Las desigualdades provienen de la producción y exportación de residuos, el riesgo de pérdida de empleo en el sur global por el reshoring y la exclusiónb de trabajadores informales en la toma de decisiones. La falta de gobernanza, transparencia y reconocimiento del conocimiento local, junto al consumo excesivo y la moda rápida, refuerzan prácticas injustas e insostenibles. 

Además, falta transparencia a lo largo de toda la cadena: desde la trazabilidad del producto hasta la rendición de cuentas en cuanto a impactos sociales y ambientales. La gobernanza de la circularidad requiere estándares claros, datos abiertos y participación activa de todos los actores, especialmente de quienes están en la basa de la cadena. Sin ello, las soluciones seguirán siendo parciales y potencialmente injustas.

También se necesitan políticas obligatorias y coherentes a nivel internacional para evitar que residuos textiles sean enviados como “productos reciclados” o “de segunda mano” para eludir regulaciones. Sin un seguimiento riguroso, la circularidad corre el riesgo de perpetuar las desigualdades y externalizar los impactos.

Justicia de reconocimiento

Las mujeres, los trabajadores migrantes, las comunidades locales e incluso los saberes tradicionales siguen sin ser reconocidos como actores clave en esta transición. Su invisibilización no solo es injusta, sino ineficiente: prácticas como el reciclaje artesanal, la reparación o el upcycling han sido históricamente desarrolladas por estos grupos y pueden inspirar modelos circulares culturalmente adaptados.

Además, existen barreras culturales importantes. En muchas regiones, la ropa de segunda mano aún se asocia al estigma social, mientras que en otras se valora como una elección sostenible. Reconocer estas diferencias e integrar la diversidad cultural en las políticas de circularidad, es clave para asegurar su aceptación y éxito.

La industria textil necesita mucho más que innovación tecnológica o nuevos materiales. Requiere una reestructuración profunda del modelo global de producción y consumo que incorpore, en su núcleo, la equidad, la transparencia y el respeto por quienes históricamente han sostenido los márgenes de la moda.

Cómo orientar el cambio: políticas e instrumentos

Las políticas públicas desempeñan un papel decisivo para orientar la transición hacia una economía circular que sea, además de eficiente en el uso de recursos, socialmente justa. Un marco regulatorio sólido no solo coordina estrategias, sino que asegura la contribución de todos los actores y evita que los beneficios de la circularidad se concentren en unos pocos, dejando a otros asumir sus costes.

En este sentido, las políticas obligatorias —como las prohibiciones de exportación de residuos, la limitación a la importación de ropa de segunda mano o la prohibición de destruir excedentes textiles no vendidos— actúan como herramientas contundentes para corregir desequilibrios. Al impedir prácticas comerciales injustas o con impactos ambientales y sociales negativos, protegen a comunidades vulnerables y establecen un marco mínimo de equidad. Sin embargo, su efectividad depende de una aplicación justa, de mecanismos de control creíbles y de procesos inclusivos que permitan la participación de todas las partes interesadas. Además, requieren sistemas de seguimiento robustos y esfuerzos de sensibilización que transmitan que su incumplimiento no solo acarrea sanciones legales o económicas, sino que supone una vulneración ética del contrato social.

Las estructuras de gobernanza inclusivas, la toma de decisiones participativa y el reconocimiento de las contribuciones de los grupos marginados, como los trabajadores informales de residuos y las comunidades indígenas, son vitales y cruciales para una transición justa hacia la economía circular. 

Por su parte, las políticas no obligatorias —como incentivos fiscales para la reparación, subvenciones al ecodiseño o apoyo a modelos de negocio circulares— apelan a la lógica del mercado para fomentar decisiones más sostenibles. Bien diseñadas, pueden redistribuir recursos y evitar que los costes de la transición recaigan de forma desproporcionada sobre los actores más débiles de la cadena de valor. No obstante, sin mecanismos de participación y vigilancia, existe el riesgo de que los beneficios se concentren en los eslabones con mayor poder económico. Los enfoques multilaterales y la armonización internacional —por ejemplo, en materia de normativas comerciales— pueden reforzar la equidad durante todo el proceso de transición, siempre que se basen en beneficios mutuos y en la implicación activa de todos los actores a lo largo de la cadena, incluido el final de la vida útil de los productos.

Más allá de las leyes, los gobiernos pueden desplegar medidas de apoyo que sienten las bases de una justicia duradera. Esto implica capacitar y acompañar a las partes interesadas, especialmente a los grupos vulnerables y marginados, mediante procesos participativos que les otorguen voz real. También supone promover métricas y normas globales para medir y supervisar avances en justicia distributiva, procedimental y de reconocimiento, incorporando indicadores sociales como el trabajo decente o la salud laboral. El respaldo a empresas comprometidas con la responsabilidad social y ambiental, así como a modelos de negocio que integren innovación ecológica y objetivos sociales, refuerza esta estrategia. Del mismo modo, las campañas educativas y de sensibilización son esenciales para promover comportamientos alineados con la circularidad y consolidar la justicia de reconocimiento.

La transparencia a lo largo de las cadenas de valor, los mecanismos de monitoreo y evaluación, las métricas estandarizadas y la comunicación efectiva son esenciales para seguir el proceso, garantizar la rendición de cuentas y fomentar un amplio apoyo a las iniciativas de economía circular justa.

Para que todas estas medidas cumplan su función transformadora, es imprescindible partir de un diagnóstico riguroso de las injusticias existentes e incorporar la equidad desde el diseño de las políticas. Esto exige fortalecer los sistemas de medición, la investigación aplicada y el seguimiento de las iniciativas, así como garantizar la participación efectiva de actores tradicionalmente excluidos —recicladores informales, microempresas, pueblos indígenas, mujeres—. No se trata únicamente de un imperativo ético: sin su implicación, la economía circular corre el riesgo de convertirse en un proyecto elitista y desconectado de la realidad de las cadenas de valor globales.

En definitiva, la transición circular debe ir acompañada de un conjunto coherente de instrumentos obligatorios, voluntarios y de apoyo, respaldados por voluntad política y capacidad institucional. Solo así podrá avanzar no solo en eficiencia material, sino también como motor de justicia ecológica y social.

Sin justicia no hay circularidad

En suma, aunque el potencial am- biental y económico de la economía circular —que aspira a ser el nuevo paradigma de sostenibilidad del siglo XXI— es innegable, la verdadera medida de su éxito será su capacidad para no dejar a nadie atrás. Como muestra este análisis de las cadenas de valor de las baterías, los plásticos y los textiles, la transición circular puede —si no se gestiona con justicia— reproducir e incluso agravar las desigualdades estructurales que ya conocemos. Como hemos visto, los problemas detectados son transversales.

Desde una perspectiva de justicia distributiva, los datos son elocuentes: las cargas ambientales y sanitarias asociadas a la producción, el uso y el desecho de productos siguen recayendo de forma desproporcionada sobre el Sur Global y sobre colectivos vulnerables, mientras el valor añadido se concentra en el Norte. El comercio internacional de residuos y la extracción intensiva de materias primas son ejemplos claros de esta transferencia de cargas. Asimismo, aunque la circularidad podría generar millones de empleos verdes, sin medidas de mitigación también podría acarrear pérdidas laborales o consolidar empleos precarios o peligrosos.

La justicia procedimental, por su parte, se enfrenta al reto de incluir a quienes han estado tradicionalmente fuera de la toma de decisiones: recicladores informales, pequeños productores, pueblos indígenas, trabajadoras del textil o técnicos de reparación, entre otros. Su participación efectiva en el diseño, la implementación y la gobernanza de políticas es esencial para evitar que la economía circular se convierta en un proyecto elitista, desconectado de la realidad de las cadenas de valor. Experiencias como la de la Asociación Nacional de Recicladores en Colombia demuestran que la participación organizada puede traducirse en reconocimiento formal, mejoras laborales y mayor influencia en las decisiones públicas.

Y por último, en cuanto a la justicia de reconocimento, el gran desafío es hacer visibles —y valiosas— las contri- buciones de quienes sostienen con su trabajo —muchas veces en condiciones precarias— los engranajes más invisi- bles del sistema circular. Desde recicladores, reparadores o agricultores a pequeña escala hasta las comunidades que ven cómo sus territorios son explotados sin su consentimiento, el cambio pasa por reconocer derechos, respetar saberes y redistribuir poder.

Gestionada de la manera adecuada, la transformación circular tiene el potencial de mejorar los impactos sociales, como los relacionados con el empleo y la equidad. Es posible gestionar la transición de maneras que beneficien tanto a los actores establecidos como a las comunidades marginadas en Europa y en el sur global. 

Para avanzar, la economía circular debe integrar la equidad desde el diseño de las políticas, medir sistemáticamente sus impactos sociales y garantizar que las soluciones tecnológicas o regulatorias no generen nuevos focos de injusticia. Esto implica desarrollar indicadores específicos de equidad, reforzar la transparencia en las cadenas de valor y establecer sistemas de seguimiento participativo. Iniciativas como el Observatorio Europeo para una Transición Justa, previsto para 2025, pueden ser un primer paso, pero su éxito dependerá de la voluntad política y de la capacidad institucional para actuar sobre los datos obtenidos.

En definitiva, la circularidad no puede limitarse a cerrar ciclos materiales: debe ser una herramienta para transformar estructuras, abrir espacios departicipación, redistribuir beneficios y reconocer a todos los actores que hacen posible la transición. Solo así podrá cumplir su doble promesa: regenerar el planeta y construir sociedades más justas. Para ello, se requiere voluntad política, compromiso con la equidad y una visión sistémica que conecte las tres piezas: ambiental, económica y también social. Porque solo si se incorporan de forma real los principios de justicia distributiva, procedimental y de reconocimiento, la economía circular podrá dejar de ser una promesa tecnocrática para convertirse en una vía real hacia un futuro más justo, resiliente y verdaderamente sostenible.