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11-10-2023
Habiendo renovado significativamente el marco legal de gestión de residuos en la última legislatura, posicionando a España en la vanguardia europea, con objetivos y alcance ambiciosos, y nuevas herramientas; y con la renovación de los ejecutivos a nivel municipal, autonómico y próximamente estatal, es ahora crucial materializar la normativa de residuos, superando los desafíos técnicos, económicos y sociales que los responsables políticos y gestores públicos enfrentarán en este proceso.
Más allá de las lógicas diferencias que todos tenemos al marco normativo resultante, es hora de aplicarlo y romper la inercia de la gestión de residuos de las últimas décadas. Evolucionar de una mera recogida de residuos, para evitar problemas de salud pública, a un cambio orientado al interés general y la preservación de los bienes comunes.
Efectivamente, el residuo ya no es un desecho sino un potencial recurso que se convierte en un bien común que preservar y convertir en una nueva materia prima. El tejido económico reconoce cada vez más sus vulnerabilidades en el abastecimiento de materias primas debido a tensiones internacionales, el control de ciertas naciones sobre materias primas críticas y la gestión del transporte, etc. Esto ha generado una creciente demanda por parte del sector para implementar la circularidad en las cadenas de valor, asegurando así su operatividad y subsistencia.
Mayor dotación presupuestaria
La tarea no es fácil. Los agentes implicados tendrán una exigencia alta para cumplir sus objetivos, aunque consideramos que las entidades locales serán claves para que gran parte de los objetivos se cumplan.
En 2022, la Fundación Conama publicó el informe el informe “Gestión de residuos municipales. La opinión de los técnicos”, que incluía un sondeo a 220 municipios sobre los objetivos de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para la Economía Circular. Los resultados muestran las serias dificultades en las que las entidades locales se encuentran para afrontar los próximos desafíos.
Claramente, las Entidades Locales requieren de una mayor dotación económica a la actual para adquirir los medios materiales y humanos necesarios para cumplir con los nuevos requerimientos y competencias.
Nueva gobernanza y corresponsabilidad
Para alcanzar los objetivos de la nueva ley de residuos, no basta con aplicar la distribución de competencias establecida en la normativa. Es necesario que el Estado y las Comunidades Autónomas asuman una corresponsabilidad real, apoyando a las entidades locales y promoviendo programas conjuntos de colaboración.
Existen precedentes negativos análogos de los que aprender, como la obligatoriedad de las entidades locales en la depuración de sus aguas residuales. Los incumplimientos se tradujeron en multas comunitarias, resolviéndose solo con planes de inversión conjunta entre los diferentes niveles administrativos.
Se requieren probar innovadores mecanismos de gobernanza, espacios de pruebas tipo sand box, unidades de asesoramiento para municipios, mecanismos de aprendizaje colectivo, fortalecer espacios de diálogo o intercambio de experiencias.
Las entidades locales requieren de una mayor dotación económica a la actual para adquirir los medios materiales y humanos necesarios para cumplir con los nuevos requerimientos
y competencias.
Planificación
Es esencial enfocarse en extender y mejorar la planificación en materia de residuos, aún poco generalizada. Esto ayudará a dimensionar los recursos necesarios para tomar decisiones más sólidas en términos económicos, ambientales y sociales, y asegurar su ejecución. Una planificación adecuada también facilita la recopilación y análisis de datos, así como su comunicación con otras administraciones y la población.
Tasa de residuos
Un enfoque clave para los nuevos ejecutivos municipales es el adecuado diseño o rediseño de la tasa de residuos, como instrumento esencial para alcanzar los objetivos, conforme a la Ley, cubriendo los costes de recogida y gestión de residuos y mostrando a la ciudadanía los costes que suponen en su municipio.
Acompañada a la tasa, se debe analizar, a pesar de su complejidad, la implementación de mecanismos de pago por generación y bonificaciones a las conductas proactivas, donde se aplique un sistema bonus/malus que cargue el sobrecoste a las personas, entidades o administraciones que no cumplan con sus obligaciones.
Potenciar el papel de los puntos limpios
El punto limpio se convierte en un aliado que requiere ser redefinido, aumentar su atractivo, ubicarlo en lugares destacados y accesibles en lugar de zonas marginales, poniéndolo en valor con colaboraciones con otras entidades y generando programas de incentivos al usuario, entre otras propuestas.
Nuevos desafíos de la RAP
La apertura y ampliación a nuevos flujos de la figura de la responsabilidad ampliada del productor, supone un nuevo desafío para productores y administraciones, que deberán generar un nuevo marco de colaboración y entendimiento, indispensable para alcanzar muchos de los objetivos.
Mucho por avanzar en información y comunicación
La falta de información afecta la gestión eficiente y supone una pérdida de oportunidad para encontrar sinergias en materia de economía circular en el municipio. Un desafío para un sector acostumbrado al papel y que requiere una imperante transformación digital de la cadena de valor del residuo, que permita conocer la trazabilidad de los mismos.
Asimismo, es vital modernizar las vías de comunicación con la ciudadanía, no solo para cumplir con la transparencia requerida, sino también para fomentar su participación en la separación de residuos. La falta de datos específicos sobre la gestión de residuos conduce a mensajes genéricos que la sociedad no relaciona con su realidad local ni su capacidad de contribuir.
Es necesario desarrollar el máximo el diálogo con las personas, la capacidad de escucha y de explicación. Como dijo Cristina Narbona recientemente en la constitución de las Cortes el pasado 17 de agosto “La política si no llega a los ciudadanos no cumple con toda su función”.
