El fomento de la valorización energética de residuos traería oportunidades ambientales, económicas y sociales


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“La promoción de la valorización energética de la fracción no reciclable de los residuos urbanos traería consigo importantes oportunidades para el medio ambiente, la economía y la sociedad en nuestro país”. Así se recoge en un estudio realizado por G-Advisory, del Grupo Garrigues, y que fue encargado por AEVERSU, la Asociación de Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos, que aglutina a su vez a diez plantas (nueve en España y una en Andorra) cuya actividad se centra en la recuperación, en forma de electricidad y calor, del poder calorífico de aquellos desechos que, de no seguir este camino, acabarían desperdiciados en vertedero, con el consiguiente impacto ambiental.

 

Tras unas palabras de bienvenida por parte de Máximo Martín Jiménez, Socio de G-Advisory, el estudio fue presentado públicamente en Madrid el pasado 6 de octubre, en un acto que contó con la presencia del Presidente de Aeversu, Rafael Guinea Mairlot, quien hizo una introducción al documento, siendo Ernesto Lluch Moreno, Director de G-Advisory, el encargado de dar a conocer los resultados del mismo.

 

 

Principales conclusiones del estudio

 

Conforme a la jerarquía de gestión contemplada por la Directiva Marco de Residuos, la valorización energética debe prevalecer sobre el depósito en vertedero. Así lo han entendido numerosos países europeos (es el caso de Alemania, Suecia, Holanda, Dinamarca, Bélgica y Austria), que decidieron en su momento incrementar de facto la recuperación energética, con valores entre el 35 y el 54 por ciento de los residuos urbanos gestionados, lo que les ha permitido eliminar prácticamente la opción de vertido, resultando éste inferior al 4 por ciento. En España, por el contrario, la valorización energética se limita al 10 por ciento, disparándose las tasas de vertido hasta el 60 por ciento.

 

La valorización energética constituye, además, un notable apoyo para el cumplimiento de los objetivos proclamados por la Unión Europea en relación a los residuos urbanos, y que fundamentalmente pasan por alcanzar, como mínimo, el reciclado del 50 por ciento en peso antes de 2020, y disminuir el uso del vertedero, limitando a un máximo del 35 por ciento la cantidad de materia biodegradable a depositar en el mismo.

 

Las ventajas sobre el vertido son evidentes, pudiendo destacar, entre otras, que no precisa de grandes extensiones de suelo, pesando sobre la misma un riguroso y exhaustivo control ambiental derivado de la legislación aplicable, mucho más estricta que la que rige para los vertederos y otras infraestructuras industriales, siendo también menores las emisiones de efecto invernadero.

 

El sistema contribuiría igualmente a reducir la dependencia energética exterior de España y su alto coste económico. Y es que, según cifras del 2013, España estaría asumiendo en la balanza comercial un déficit anual de casi 41.000 millones de euros por la compra de energía que no somos capaces de generar de forma autosuficiente. Se estima en 26,3 euros de ahorro por cada MWh de energía eléctrica procedente de estas instalaciones, lo que significaría un considerable empuje hacia precios de electricidad más competitivos.

 

Desde la perspectiva social y económica, cabe decir que la valorización energética genera anualmente ingresos por importe de 273 millones de euros y un valor añadido bruto de 90 millones, posibilitando más de un millar de puestos de trabajo. Estas cifras podrían duplicarse en el 2020 si España apostase realmente por la recuperación energética de la parte no reciclable, con la particularidad de que las instalaciones de valorización generan tres veces más inversión que los vertederos, lo que derivaría en una mayor capacidad de generación de actividad económica.

 

Tras el análisis pormenorizado de todos los aspectos de interés, el estudio reconoce la alta controversia ambiental que históricamente ha llegado a producir la actividad de las plantas de recuperación energética, apuntando a la necesidad de que el sector se esfuerce e implique, desde la más absoluta transparencia, en tareas informativas y formativas en las que se explique, con absoluta claridad, sus múltiples ventajas.



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