El proyecto de Ley de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria contempla 1.250 infraestructuras hidráulicas la próxima decada


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15/05/2014
Archivado en: Agua , Otros , España

El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández ha presentado el proyecto de Ley de Abastecimiento y Saneamiento que aprobó el Consejo de Gobierno. Esta Ley, a la que ha definido de "solidaria, sostenible y social", aborda el ciclo integral del agua y, entre otras cosas, sustituye el antiguo canon del agua por el canon de aguas residuales. Este canon contempla deducciones de hasta el 100%, en su parte fija y de hasta el 60%, en su parte variable, para familias con dificultades económicas. Además, el texto que el Ejecutivo va a remitir al Parlamento convierte el acceso al agua en "un derecho universal" garantizando el abastecimiento de 100 litros por persona y día a las familias con dificultades socioeconómicas que, según el consejero, "es un principio innovador en nuestro ordenamiento jurídico".

 

La futura Ley de Abastecimiento y Saneamiento consta de seis títulos. El primero es introductorio y el último sobre el régimen sancionador. Los 4 centrales "son auténticamente los pilares sobre los que se sostiene la norma", ha matizado el titular de Medio Ambiente. El título segundo se refiere a la regulación del reparto de competencias en materia hidráulica entre la administración autonómica y las administraciones locales. Fernández ha explicado que el principio de solidaridad entre administraciones va hacer que muchas infraestructuras se declaren de interés general y sea el Gobierno de Cantabria el que asuma la gestión de muchas pequeñas y medianas depuradoras, "cerca de un centenar, que en estos momentos no están funcionando". Esto se hará mediante la firma gradual de convenios con los ayuntamientos y se traducirá en un ahorro en la gestión que será asumida por Mare y la Consejería.

 

El tercero de los títulos del proyecto de Ley detalla el Plan de Abastecimiento y Abastecimiento, recientemente aprobado por la Crotu, en el que vienen identificadas todas las obras hidráulicas necesarias, tanto estatales, como autonómicas, como municipales que se van a realizar en Cantabria durante la próxima década. "Este plan contempla 1.250 infraestructuras hidráulicas, de abastecimiento y saneamiento con una inversión cercana a los 300 millones de euros", ha dicho.

 

 

El agua como un derecho universal

 

En cuanto al título cuarto, de Garantías de Abastecimiento y Saneamiento, Fernández, que ha estado acompañado por el subdirector general del Agua, Kalin Nikolov, ha indicado que aquí se produce un principio innovador en el ordenamiento jurídico de Cantabria ya que "convertimos el agua en un derecho universal". Para el consejero se demuestra aquí, una vez más, el "carácter social" de esta futura Ley que garantiza que "las familias con dificultades socioeconómicas no se verán privadas de agua" porque el texto dice que las familias con rentas inferiores al IPREM no se les va a cortar el agua ya que disponen de un mínimo de 100 litros por persona y día.

 

Otro de los aspectos que regula es el régimen económico y financiero. El título 5 hace mención a la sustitución del canon de saneamiento por el canon de aguas residuales. "Es un canon universal, sostenible y solidario", ha reiterado, "porque ahora lo va a apagar todos los hogares que generan aguas residuales y así contribuimos a que el agua llegue en las mejores condiciones a nuestros ríos".

 

Para el consejero, este canon se hace más social porque contempla importantes descuentos, tanto en su parte fija, como en su parte variable. En cuanto a la parte fija, el canon de aguas residuales contempla, para las familias con dificultades económicas, deducciones de hasta el 100% y de hasta el 60% en la parte variable. En este sentido Fernández ha aclarado que el canon significa un incremento para el resto de las familias llegando a ser prácticamente igual al que existe ahora.

 

A preguntas de los periodistas, el consejero ha explicado que el Gobierno de Cantabria espera que este anteproyecto de Ley esté aprobado por el Parlamento antes de que finalice este periodo de sesiones.  "En cuanto esto ocurra", ha continuado, "el Gobierno tramitará de oficio las deducciones a las familias que cobran la renta social básica para que, en enero de 2015, puedan comenzar las deducciones". Para las bonificaciones por renta ha dicho que durante 2015 las familias deberán cumplimentar los impresos para que en enero 2016 se materialicen.



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