Evaluarán la aplicación del Derecho Humano al Abastecimiento y Saneamiento en la Comunitat Valenciana

El Consejo de Administración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), adscrito a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, ha aprobado la propuesta hecha por la ONG Ingeniería Sin Fronteras Valencia para evaluar la aplicación en la Comunitat Valenciana del Derecho Humano al Abastecimiento y Saneamiento, de acuerdo con la Resolución 64/292 aprobada por el pleno de Naciones Unidas en 2010.

El secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Julià Álvaro, ha afirmado que “toda una serie de conductas irresponsables, condiciones abusivas y prácticas ilícitas cometidas por un gran número de empresas en relación al consumo de un bien escaso y de primera necesidad como el agua, hace prevalecer el fuerte y creciente interés público en su gestión, y nos invita a reflexionar como ciudadanos/as sobre la necesidad de involucrarnos de manera activa en su consecución como derecho humano básico”. 

En concreto, esta colaboración, que se materializará a través de un convenio, consistirá en la realización de un diagnóstico de la prestación de estos servicios de abastecimiento y saneamiento, lo que permitirá identificar su situación real y facilitará el establecimiento futuro de  mecanismos de control y regulación en relación a las consecuencias derivadas de una mala gestión del agua. 

De este modo se recogerá y recopilará la información válida y completa sobre la prestación de los servicios de agua y saneamiento en municipios y posteriormente se elaborará de un diagnóstico preliminar sobre el cumplimiento de los criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad y asequibilidad derivados de la resolución 64/292. 

Para abordar este estudio se preparará una encuesta dirigida a los 64 municipios de más de 20.000 habitantes de la Comunitat Valenciana. Ingeniería Sin Fronteras Valencia se encargará por una parte, de realizar el trabajo de campo asociado a este estudio, y por otra, de la elaboración de los resultados obtenidos; mientras que la EPSAR por su parte, se encargará de la supervisión de estos trabajos, y de financiar los costes de recursos y personal derivados de su desarrollo. 

Se trata de una propuesta enmarcada en la Iniciativa Ciudadana Europea que recientemente se planteó al Parlamento Europeo respaldada por cerca de dos millones de firmas recogidas en los países de la Unión Europea. Además da respuesta al Decreto 56/2016 Código de Buen Gobierno que en su artículo 6 pide el respeto a los derechos humanos y satisface igualmente el artículo 8 del Estatut de Autonomia de la Comunitat Valenciana.

La resolución El derecho humano al agua y el saneamiento, aprobada por la Asamblea General el 28 de julio de 2010 de Naciones Unidas, reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. También exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia   de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países  en  desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento.