La Comisión Europea pide a España que aplique correctamente la Directiva sobre fuentes de energía renovables


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La Comisión Europea ha pedido oficialmente a España que aplique correctamente la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, en particular por lo que respecta a los biocarburantes. La Directiva contiene disposiciones fundamentales para alcanzar una cuota del 20 % de dicha energía en el consumo energético final y disminuir en un 20 % las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2020, respecto a los valores de 1990.

 

También fija objetivos nacionales en relación con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final de energía de cada Estado miembro y para alcanzar la cuota del 10 % energía procedente de fuentes renovables en el transporte. Para alcanzar estos objetivos puede recurrirse a biocarburantes, que tienen que cumplir determinados criterios de sostenibilidad: no pueden proceder de zonas con un alto valor en cuanto a la biodiversidad, como las protegidas, ni de zonas que contienen grandes reservas de carbono (zonas forestales o turberas); también tienen que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de modo significativamente mayor que los combustibles fósiles.

 

Contrariamente a lo dispuesto en la Directiva, la legislación española suspende la aplicación de los criterios de sostenibilidad en España para alcanzar el objetivo en el transporte. Además, la legislación española trata los biocarburantes sostenibles y las materias primas de diversos orígenes geográficos de distinto modo, lo que no está justificado. La Comisión ha abordado problemas similares en procedimientos por incumplimiento contra Polonia y Portugal.

 

 

Europa pide que vuelva a considerar el impacto medioambiental del dragado del Guadalquivir

 

La Comisión pide a España que sea prudente al mejorar el acceso marítimo al puerto de Sevilla y evalúe las posibles repercusiones negativas en espacios de la red Natura 2000, tales como el Parque Nacional de Doñana. Un reciente estudio científico encargado por las autoridades españolas indica que el dragado del canal de navegación tendría graves consecuencias para la forma y la biodiversidad del estuario, que repercutirían en los cercanos espacios naturales protegidos. De conformidad con la Directiva sobre los hábitats, cualquier plan o programa que pueda afectar de manera significativa a un espacio protegido debe ser objeto de una «evaluación apropiada» de sus repercusiones.

 

La Directiva permite mantener un proyecto, por razones imperiosas de interés público, a pesar de una evaluación negativa, pero entonces se necesitan medidas compensatorias para garantizar que la coherencia global de la red Natura 2000 quede protegida. España no ha estudiado detalladamente las repercusiones del proyecto ni las soluciones alternativas, lo que es un requisito básico a tenor de la Directiva, por lo que se le envía un dictamen motivado. España tiene dos meses para contestar. De no recibirse una respuesta satisfactoria, el asunto puede llevarse ante el Tribunal de Justicia de la UE.



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