La futura Ley andaluza de Cambio Climático establecerá importantes reducciones de emisiones de CO2

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha destacado el carácter pionero de todas las iniciativas adoptadas hasta ahora por el Gobierno andaluz para minimizar los efectos del cambio climático, una estrategia que se consolidará con la futura Ley de Cambio Climático, que se convertirá en “un eje fundamental de las políticas de la Junta de Andalucía”. Esta norma, que pretende ser un instrumento de prevención y corrección de los efectos adversos de este fenómeno global, promoverá un modelo de consumo energético diferente, además de proponer hábitos saludables en áreas estratégicas como el transporte, alimentación, servicios e infraestructuras públicas, agricultura o turismo.

Durante su intervención en el Parlamento andaluz, Fiscal ha avanzado que la futura Ley fijará nuevos límites a la contaminación por gases de efecto invernadero y se centrará, sobre todo, en las denominadas emisiones difusas, que no están sujetas al Régimen Europeo del Comercio de Derechos de Emisión y que suponen un 55% de la contaminación vinculada al cambio climático en la región. Estos límites serán revisables por el Consejo de Gobierno en función de los compromisos que puedan adquirirse en el ámbito internacional, de las disminuciones logradas o de los impactos económicos y sociales de las medidas previstas.

La futura Ley contempla también un Plan Andaluz de Acción por el Clima en el que se abordarán los objetivos de mitigación y adaptación desde el ámbito local y autonómico, para incorporarlos a todas las planificaciones sectoriales. En este sentido, Fiscal ha avanzado que los objetivos de este plan serán los propuestos por la Unión Europea que para 2030 establece una reducción general de emisiones en régimen de comercio del 43%, sobre la referencia de 2005, y para las difusas del 30%.

En el transcurso de su intervención, el consejero ha afirmado que para combatir los efectos del cambio climático hay que desarrollar, por una parte, políticas de mitigación que permitan disminuir las emisiones de efecto invernadero y secuestrar dióxido de carbono de la atmósfera; y por otro, aplicar políticas de adaptación para minimizar las consecuencias negativas de este fenómeno global en todo el territorio andaluz, una de las zonas más vulnerables de Europa, como todo el Mediterráneo occidental.

En esta línea, el titular de Medio Ambiente ha destacado las iniciativas llevadas a cabo en los últimos años por el Gobierno andaluz para frenar la amenaza del calentamiento global. Así, tras convertirse en 2002 en la primera Comunidad de España en aprobar una estrategia ante el cambio climático, se han llevado a cabo los programas de mitigación (2007), adaptación (2010) y comunicación (2012), y en 2014 el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Cambio Climático, que actualmente se encuentra en una fase muy avanzada ya que está pendiente del informe del Consejo Consultivo de Andalucía. “Con todo ello se ratifica la voluntad de Andalucía de dar cumplimiento a los acuerdos internacionales asumidos, además de contribuir de manera efectiva a paliar los efectos de este grave problema”, ha añadido.

Un ejemplo de ello es que gracias al programa de mitigación se alcanzó con un año de adelanto el objetivo inicial planteado para 2012 de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en un 19% respecto a 2004. En concreto, según Fiscal, se ha logrado reducir un 21%.

En esta línea el consejero ha resaltado algunas de las medidas que ha desarrollado la Junta para lograr estos objetivos. En concreto, las relacionadas con la concesión de ayudas para la transformación de la energía en procesos industriales, unos incentivos que superaron en el periodo 2008-2012 los 200 millones de euros; el fomento de la sostenibilidad agraria y pesquera, mediante el impulso del ahorro energético y las energías renovables en la industria agroalimentaria; la mejora del transporte público o el impulso de la movilidad no motorizada.

Dentro de las competencias que tiene asignada la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Fiscal ha destacado los tratamientos de restauración en áreas con un grado muy alto de desertificación, los programas de seguimiento de la flora y fauna y el aprovechamiento de los recursos naturales. Respecto a las políticas hidráulicas sobresale también la elaboración de planes para la amortiguación de fenómenos extremos como la sequía o las avenidas e inundaciones, mientras que en tratamiento de los residuos destacan las acciones destinadas al aprovechamiento del biogás de vertedero, la recuperación de materiales o la valorización energética. A todo ello hay que sumar las campañas de educación ambiental dirigidas a todo tipo de público para concienciar sobre los efectos del cambio climático y promover conductas respetuosas con el medio ambiente.

A estas medidas se suman otras iniciativas como la asistencia técnica a los ayuntamientos adheridos al Pacto de los Gobiernos Locales ante el Cambio Climático, el programa ‘Huella de Carbono Municipal’ y los acuerdos voluntarios con empresas del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones.