ASA-Andalucía participa en las VII Jornadas sobre el Ciclo Integral del Agua en la sede de la UNIA en Baeza

La colaboración público-privada facilita la realización de proyectos de interés público, sobre todo infraestructuras, condicionados por la crisis y el déficit de inversión. Esto garantiza la gestión


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La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía, ASA-Andalucía, ha participado en la séptima edición de la jornada dedicada al ciclo integral del agua, celebrada en el Campus Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía en Baeza (Jaén), con la colaboración de la Diputación de Jaén, el Ayuntamiento de esta localidad y la Sociedad Mixta del Agua de Jaén, S.A., Somajasa.

La presencia de ASA-Andalucía en el evento ha estado representada por el propio presidente de la Asociación, Pedro Rodríguez Delgado, quien realizó un exposición centrada en los Modelos de colaboración público-privada para la financiación y ejecución de obras de saneamiento y depuración.

Durante su intervención el presidente de ASA-Andalucía ha defendido la importancia del derecho humano al agua en conexión con "el beneficio ciudadano como fin último de las empresas del agua en Andalucía", apuntando no obstante a la necesidad de apostar, defender y propiciar un reconocimiento explícito en la legislación española que complemente y refrende ese pronunciamiento ya recogido por la ONU. "El agua es un derecho fundamental y requiere una legislación y regulación del servicio con todas las garantías ciudadanas", ha señalado. “El sector andaluz del agua muestra una postura consensuada, integradora y de adaptabilidad ante la concepción del agua como derecho vital”, pero aún así “sería necesario un reconocimiento expreso en el ordenamiento jurídico que refuerce en nuestro país esa manifestación y declaración internacional”, añade.

Junto a la garantía de suministro y la cobertura de las necesidades sociales, la situación y necesidades actuales del parque de infraestructuras en España es otro de los desafíos del sector abordado por Rodríguez durante su ponencia. Algunos datos en este sentido – el 41% de dichas infraestructuras tiene más de 30 años de vida y el porcentaje de renovación solo alcanza el 6% -, apuntan hacia el evidente envejecimiento de las redes e instalaciones, lo que conlleva al riesgo de pérdida de los estándares de calidad en abastecimiento y saneamiento.

El deterioro de las infraestructuras de agua y el déficit de inversión fruto de la crisis, la cual afecta negativamente a los fondos públicos y a proyectos de inversiones a largo plazo, dificultan sin duda el panorama en el mapa de los servicios de agua. La crisis económica repercute sin duda negativamente en los fondos públicos y los proyectos de inversión a largo plazo. En esta coyuntura, surge cada vez más la necesidad de búsqueda de fórmulas válidas de financiación y ejecución que permitan de algún modo mantener el parque de infraestructuras hidráulicas.

Los fondos europeos han jugado un papel importante en este sentido pero es necesario buscar nuevas fórmulas y alternativas para la financiación de actuaciones. Es en este contexto donde la colaboración público-privada (CPP), solución innovadora contemplada y promovida como tal por la Unión Europea, propicia un escenario de actuación que facilita la realización de proyectos de interés público, sobre todo infraestructuras, y favorece el desarrollo sostenible, la innovación, la investigación y la conservación de los estándares de calidad.

Las colaboraciones público-privadas, incorporadas como “contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado (Art. 11) de la Ley 30/2007 de 30 de Octubre, constituyen soluciones innovadoras que facilitan la realización de proyectos de interés público; favorecen el desarrollo sostenible, la innovación y la investigación mediante la competencia y los acuerdos con las empresas privadas; aporta experiencia y formación; facilita sinergias y permita ganar en eficacia;  permiten compartir riesgos financieros y reducir costes de infraestructura, normalmente soportados por el sector público; y, en definitiva, favorecen la prestación eficiente de los servicios de calidad en las mejores condiciones, lo cual repercute directamente en la sociedad y los ciudadanos como usuarios últimos del servicio, por lo que es momento de "articular fórmulas de colaboración bajo este formato con toda garantía jurídica", ha apuntado el presidente de ASA.

La CPP, que en todo caso debe ser compatible con las normas de la UE relativas al funcionamiento del mercado interior y el pacto de estabilidad y crecimiento, es una fórmula jurídica que permite cubrir esa insuficiencia de recursos públicos para la demanda de obras públicas y de prestación de servicio. “La colaboración público-privada puede ser por tanto ventajosa para el sector público en tanto que le permite seguir dando respuesta a las necesidades sociales, atendiendo al principio de la calidad del servicio y la garantía de suministro, y mantener así el Estado de Bienestar”. 

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