Cataluña apuesta por la energía solar como pilar central de su transición energética

El Consejo Ejecutivo ha aprobado elaborar la estrategia Solarcat para preparar Cataluña para la captación, aprovechamiento y almacenamiento eléctrico de la energía solar, la energía del siglo XXI. La estrategia Solarca se fundamenta en la capacidad de la Generalitat de actuar como consumidor activo y con capacidad de influencia en el mercado y al mismo tiempo un ejemplo de apuesta por un modelo energético más limpio, renovable, autóctono, participativo y distribuido.

En el marco de esta estrategia, el Consejo Ejecutivo también ha acordado licitar en el horizonte del año 2020 la compra garantizada a largo plazo de la totalidad de la energía eléctrica generada en un parque solar fotovoltaico de nueva construcción que se situará en los terrenos de una infraestructura en uso y de titularidad de la Generalidad de Cataluña.

Así, la comisión interdepartamental que se crea tendrá que desarrollar un nuevo modelo de contratación pública en el marco de la colaboración público y ciudadana que permita la compra de energía por parte de la Administración a los promotores privados del futuro parque solar por un periodo cercano a los 25 años. El objetivo es garantizar que en Cataluña se generen nuevos modelos de inversión en energías renovables, donde plataformas como el crowdfunding puedan facilitar la participación ciudadana y donde las entidades financieras y los promotores tengan garantizada la seguridad jurídica y el retorno de las inversiones. Asimismo, el Gobierno también se garantiza un precio estable de la energía en un entorno tan volátil e inseguro como el del mercado español.

De este modo, Cataluña apuesta por un modelo alternativo a las subastas de España que sólo han dado la opción a la participación en la generación y gestión energética en grandes empresas, replicando así el modelo energético del siglo XX, centralizado y en manos de pocas empresas y dejando fuera proyectos cooperativos y participativos que, en países como Alemania o Dinamarca suponen más del 50% de la capacidad instalada.

En los últimos 5 años las placas solares han reducido su coste en un 80% a la vez que su carácter modular las hace ideales para desarrollar un modelo distribuido y renovable que se pueda implementar en todo el territorio catalán.

Con la aprobación de este acuerdo, el Gobierno también reconoce que el modelo sociocultural, legal, territorial, económico, fiscal y financiero hoy vigente ha sido el óptimo para desarrollar la economía del siglo pasado, fundamentada en las tecnologías de las energías fósiles y el uranio. Estas tecnologías han requerido un modelo centralizado e integrado de grandes inversiones en transporte y generación. Pero las tecnologías del siglo XXI, tanto en cuanto a la energía solar, los sistemas de almacenamiento en baterías, las redes de distribución inteligentes, el vehículo eléctrico y la digitalización hacen innecesario repetir el modelo centralizado anterior vez que nos interpelan en la necesidad de trabajar por sistemas más flexibles y donde la gestión de la demanda se convierta clave haciendo del ciudadano el verdadero motor de la transición energética.

Por este motivo, la Comisión Interdepartamental también tendrá entre sus funciones analizar los marcos legales, económicos, territoriales, fiscales y culturales vigentes en Cataluña y que suponen claras barreras a la necesidad de avanzar en la transición energética hacia un modelo 100% renovable , distribuido y participativo. La Comisión también trabajará en la necesidad de definir el modelo catalán que permita un acuerdo entre los territorios productores de energía y los territorios fundamentalmente consumidores. El modelo PPA de compra de energía perseguirá ser un ejemplo para los municipios claramente demandantes de energía respecto de los municipios que la pueden generar, a menudo con pocos habitantes y con mucho terreno pero que quedan ausentes a los beneficios de la generación renovable.

El Gobierno también ha acordado destinar 5 millones de euros a desarrollar el programa de techos solares con almacenamiento distribuido, que debe garantizar la posibilidad de que los ciudadanos de Cataluña puedan generar, almacenar, compartir y vender (cuando la normativa española lo permita) el energía que generan aprovechando el principal recurso energético de que dispone Cataluña, el Sol.

Así aprueba la línea de incentivos económicos para la implantación de más de 1.000 equipos de almacenamiento eléctrico distribuido asociadas a aproximadamente un millar instalaciones solares fotovoltaicas residenciales con una potencia total aproximada de 3 MW, con el objetivo de incrementar la eficiencia de las instalaciones y favorecer la creación de comunidades solares de ciudadanos con participación activa en el mercado eléctrico.

El acuerdo de Gobierno se enmarca dentro del Pacto Nacional para la Transición Energética de Cataluña que el Gobierno aprobó el pasado mes de enero de 2017, con el objetivo de alcanzar un nuevo modelo energético para Cataluña y llegar al 100 % de energías renovables en 2050. Las prioridades que marca el documento de bases del Pacto son situar al ciudadano en el centro del modelo energético, garantizar la seguridad en el suministro y convertirse en un instrumento esencial en la lucha contra la contaminación ambiental.