EFFACE, un proyecto europeo que facilita la actuación frente a delitos ambientales

Pese a que existen posturas divergentes con respecto a la definición exacta de delito ambiental, el proyecto EFFACE, que celebró su congreso de clausura en Bruselas durante los días 17 y 18 de febrero de 2016, basó su labor en la premisa de que estos delitos son aquellos que provocan daños al medio ambiente y que, con frecuencia, también tienen un impacto negativo sobre los ciudadanos que residen en las zonas afectadas. Los delitos ambientales pueden además estar asociados a la delincuencia organizada o a la corrupción y, por ende, manifestarse como incidentes de muy diversa índole.

Los investigadores de EFFACE han realizado doce estudios de caso exhaustivos que se centran en diversos sectores afectados por los delitos ambientales tanto en la Unión Europea como en otros países. El foco de atención se situó en la minería, la pesca, la conservación de la flora y la fauna, los residuos, la contaminación y en el cultivo ilegal de sustancias estupefacientes, entre otros.  

A partir de los estudios de caso, el proyecto ofreció recomendaciones detalladas sobre las mejores fórmulas que se pueden adoptar en Europa para identificar, perseguir y sancionar a los individuos y las organizaciones que cometan delitos ambientales.

La importancia de la fiabilidad de los datos

La necesidad de perfeccionar los métodos de recopilación y análisis de datos, una cuestión en la que se hizo especial hincapié en repetidas ocasiones, representó una de las conclusiones clave del congreso.

El proyecto estudió dicha cuestión desde varias perspectivas, incluyendo el punto de vista de los Estados miembros de la UE, a escala europea e internacional, así como en relación a diferentes tipos de delito. El panorama general consistía en un panorama de datos fragmentados en el que algunos Estados miembros pueden poseer información valiosa en esta materia pero en el que esos datos no se comparan, cotejan o comparten con otros Estados miembros o a nivel europeo.

EFFACE ha sugerido que proporcionar información relevante relativa al número exacto de transgresiones, procesos judiciales y sanciones impuestas por incumplir la legislación medioambiental europea debería resultar obligatorio para los Estados miembros de la UE. 

Esto no sólo ayudaría a que dichos países fijen su atención en las infracciones reales, sino también a orientar las actuaciones y brindar apoyo donde más se necesita a escala europea. «De cara a combatir los delitos ambientales de manera inteligente, se requiere información que permita destinar los recursos a las cuestiones más acuciantes: qué infracciones se cometen, dónde y cuándo realizar inspecciones», explicó Andrew Farmer, perteneciente al Instituto para una política europea del medio ambiente (IEEP) y encargado de presentar los hallazgos del proyecto.

Asimismo, el proyecto recomendó el desarrollo de nuevas innovaciones tecnológicas con el fin de mejorar la recopilación de datos como puedan ser el uso de satélites para controlar la pesca ilegal y la contaminación relacionada con combustibles fósiles, o también el marcaje de ADN para combatir la caza y la pesca furtivas y evitar el deterioro de la flora y la fauna natural. 

Un marco legal y administrativo más eficaz

EFFACE también ofreció recomendaciones detalladas sobre el modo en que la UE puede reforzar sus marcos legales y reguladores para incrementar su efectividad a la hora de hacer frente a los delitos ambientales.

Entre las principales propuestas referentes a la UE, el proyecto sostiene que deberían adoptarse normativas en materia de incautación y decomiso de las ganancias derivadas de este tipo de delitos en toda la Unión —básicamente, se trata de impedir que quienes cometan delitos ambientales puedan beneficiarse de ello—. Además, todos los Estados miembros de la UE deberían ajustarse a unos criterios mínimos comunes en lo concerniente a las inspecciones y las labores de control.

A escala nacional, deberían imponerse sanciones civiles y administrativas, incluyendo multas. En los casos en que resulte pertinente, la sanción a los infractores debería incluir la obligación de reparar los daños causados.

Michael Faure, presidente del Consejo superior de Flandes sobre la protección del medio ambiente, explicó de manera sucinta la necesidad de contar con un conjunto de herramientas más variado y exhaustivo con el que combatir los delitos ambientales por la vía civil, administrativa y —cuando resulte necesario— penal: «las políticas destinadas a garantizar el cumplimiento de la ley tendrían que ser como una buena cafetería belga; debería haber una amplia gama de sanciones para escoger a la carta», afirmó.

Pasos a seguir en el futuro

A pesar de que la labor del proyecto EFFACE concluirá pronto, el equipo ha puesto de relieve una serie de cuestiones que convendría considerar e investigar.

Entre las mismas se cuenta decidir si debería incorporarse a la legislación europea una serie de sanciones armonizadas para quienes cometan delitos ambientales, así como analizar hasta qué punto pueden resultar eficaces.

Por último, también debería estudiarse más minuciosamente la dimensión externa de los esfuerzos de la UE frente a los delitos ambientales. EFFACE defiende que la UE intervenga más allá de sus fronteras cuando se produzcan delitos ambientales de gravedad, aunque el consorcio es consciente de que aún existe un importante debate sobre hasta qué punto se debería llegar a este respecto y sobre lo que esta postura supondría en la práctica para las prioridades de política exterior de Europa.