El MAGRAMA construirá siete depuradoras en la provincia de Segovia con una inversión de casi 7 millones de euros

El MAGRAMA, a través de la Sociedad Estatal Acuaes, construirá en la provincia de Segovia siete Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), que permitirán tratar las aguas de una población de 9.000 habitantes equivalentes, dando un nuevo impulso al Plan Nacional de Calidad de las Aguas (2007-2015).

Estas nuevas depuradoras, con una inversión prevista de 6,9 millones de euros (cofinanciadas con fondos europeos), prestarán servicio a los municipios de Aguilafuente, Cabezuela, Ortigosa del Monte, Prádena, Nieva, Santa María la Real de Nieva, Villaverde de Íscar y Zarzuela del Monte.

El director de Proyectos y Contratación de la sociedad estatal Acuaes, Jerónimo Moreno, se ha reunido con los alcaldes de estos municipios segovianos para avanzar en el desarrollo de estos proyectos, un encuentro al que también ha asistido la subdelegada del Gobierno en Segovia, Pilar Sanz.

El objetivo es la construcción y explotación de los correspondientes emisarios y estaciones depuradoras de aguas residuales en cada uno de estos municipios, a fin de satisfacer las necesidades que presentan en materia de depuración de aguas residuales, en cumplimiento con los parámetros de calidad de vertido exigidos por la Unión Europea.

EDAR DE SEGOVIA

Además de estas siete actuaciones, la sociedad estatal Acuaes está ejecutando en la capital segoviana las obras de ampliación de la EDAR, con una inversión de 25,8 millones de euros.

El objetivo de los trabajos, que comenzaron a ejecutarse el pasado mes de marzo, es asegurar la correcta depuración de todos los vertidos de la ciudad de Segovia, los municipios limítrofes de La Lastrilla y de San Cristóbal de Segovia y los polígonos industriales de “El Cerro” y “Hontoria.

Diseñada para tratar un caudal medio de 41.280 m³/día, pudiendo alcanzar puntas en el sistema de hasta 4.400 m³/hora, la EDAR permitirá tratar las aguas residuales de una población de 147.920 habitantes equivalentes.

El protocolo del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, firmado en 2010, contempla para Castilla y León una cifra global de inversión que supera los 1.000 millones de euros.