El próximo gobierno de Perú decidirá sobre la participación privada en Sedapal


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17/03/2016
Archivado en: Agua , Entidades , Perú

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno de Perú, Francisco Dumler Cuya, precisó que será el próximo gobierno el que decida si permite la participación del sector privado en la etapa de distribución y comercialización del agua potable en Lima.

Indicó que se han presentado tres iniciativas por parte del sector privado a Proinversión para participar en la concesión de este servicio en Lima Norte, Lima Centro y Lima Sur, y lo que va hacer el gobierno es contratar una empresa altamente especializada para que estudie el proyecto y diga en qué beneficia al servicio y qué ajustes debe hacer el Estado.

Anotó que esta empresa se va a contratar en agosto y el estudio debería estar listo en noviembre o diciembre. Agregó que si en agosto el nuevo gobierno decide no ir con esto, se podrá desechar.

Remarcó además que en este caso no hay nada oculto y que las reglas de juego del país permiten que un privado proponga iniciativas al Estado peruano a través de Proinversión.

El ministro señaló también que la participación del sector privado en Sedapal no es ninguna novedad y está presente en las tres fases del proceso: producción de agua, distribución y comercialización, y tratamiento de aguas residuales.

En producción, el 29% de todas las inversiones son asociaciones público privadas (APP); y en distribución, si bien no hay concesiones, el 64% está en manos de contratos con operadores privados.

Explicó que en lugar de hacer contratos anuales y bianuales, se daría una concesión de plazos más largos a cambio de eficiencia y la inversión de utilidades producto de esa mayor eficiencia.

Descartó que la concesión implique un aumento en las tarifas, pues de lo que se trata es de mejorar la eficiencia en la facturación de 75% a 100%, parte de lo cual sería ganancia para la empresa y el resto se invertirá en mejorar el servicio.

Dumler informó que las tarifas de agua potable tienen un retraso de 30% a 40%, lo cual obliga al Estado a transferir a Sedapal de 300 millones a 400 millones anuales para impulsar nuevos proyectos.



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