Fiscal: \"El principio de sostenibilidad es la base de la gestión del agua en Andalucía\"

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha asegurado en Comisión parlamentaria que Andalucía desarrolla su política de aguas de acuerdo a los principios de sostenibilidad, calidad, garantía de abastecimiento y respeto al medio ambiente, tal y como establece la Directiva Marco de la Unión Europea. No en vano, la comunidad andaluza se caracteriza por tener un marco de gobernanza en materia de agua "sensiblemente diferente" al de otras regiones españolas y una legislación propia al respecto.

Fiscal ha recordado que Andalucía tiene transferidas para su gestión las competencias de las tres demarcaciones hidrográficas intracomunitarias (Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas). En estas demarcaciones, con una superficie cercana a los 36.000 Kilómetros cuadrados, se integran 12 sistemas de explotación que abastecen a unas 125.000 hectáreas de regadío con un alto índice de productividad y a unos cuatro millones de habitantes. Para garantizar estos recursos y su protección, la Consejería destina un presupuesto aproximado de 276 millones de euros anuales.

Estas cuencas hidrográficas cuentan asimismo con unos planes hidrológicos con los que se pretende mejorar los recursos hídricos disponibles, racionalizar su consumo y ajustarlos a las futuras demandas. Según Fiscal, con esta planificación se quiere dar respuesta al cumplimiento de los objetivos medioambientales, especialmente en materia de depuración, tal y como establece la Directiva Marco de Agua de la Unión Europea y la Ley de Aguas de Andalucía. La nueva planificación prevé una inversión de 1.437 millones de euros.

Además de estos instrumentos de planificación hidrológica, dichas demarcaciones cuentan con planes de Gestión del Riesgo de Inundación, que se desarrollarán entre 2016 y 2021 con el fin de evaluar, prevenir y reducir los daños en esta materia. Sus medidas se aplicarán prioritariamente en las 259 áreas de riesgo potencial identificadas en los trabajos previos.

Optimización de recursos

En el transcurso de su intervención, el consejero ha destacado como uno de los grandes problemas de estas cuencas intracomunitarias el déficit hídrico estructural que sufren, lo que convierte la optimización de los recursos existentes en una de las prioridades de la política de aguas de la Junta. Por ello es necesario, según Fiscal, incentivar recursos alternativos como la desalación, la desalobración, la reutilización y la regeneración de las aguas depuradas o, en algunos casos, las transferencias o trasvases entre cuencas.

El objetivo prioritario de la consejería en estos momentos es la conservación y mejora de la calidad de las masas de agua. En este sentido, el consejero ha recordado que el Gobierno andaluz ha invertido en instalaciones de saneamiento y depuración más de 1.300 millones de euros que han permitido que el 88% de la población disponga de un infraestructura para el tratamiento de sus aguas residuales. No obstante, hay que continuar trabajando para poner en marcha nuevas actuaciones y cumplir con lo establecido en la Directiva Comunitaria, un esfuerzo que se traduce en la actualidad en más de 40 obras con un presupuesto comprometido de 200 millones de euros.

Todo esta labor se refleja en el acuerdo de Consejo de Gobierno de 2010 en el que se declararon de Interés de la Comunidad obras de depuración en aglomeraciones urbanas. Para financiar estas actuaciones, la Ley de Aguas creó el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas, una tasa de carácter finalista y solidaria que se invierte en proyectos de depuración, en cumplimiento de la normativa europea. Lo recaudado en cada uno de los núcleos urbanos se emplea en pagar todas las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos de depuración, con independencia de su lugar de ejecución. Desde su entrada en vigor, los ingresos recaudados hasta diciembre de 2015 han sido de 324 millones de euros.

Respecto al acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de diciembre de 2015, Fiscal ha explicado que de la inversión comprometida (399 millones de euros) se han invertido 271 millones de euros.

Por último, sobre las infraestructuras hidráulicas que no están incluidas en este acuerdo y que son de Interés General del Estado, el consejero ha vuelto a recordar que el Gobierno central tiene pendiente en la actualidad inversiones por valor de 300 millones de euros.