INTERPOL y la Unión Europea preparan una hoja de ruta para luchar contra el tráfico ilegal de residuos electrónicos

INTERPOL y la Unión Europea preparan una hoja de ruta para luchar contra el tráfico ilegal de residuos electrónicos
INTERPOL y la Unión Europea preparan una hoja de ruta para luchar contra el tráfico ilegal de residuos electrónicos
02-09-2015

Una exhaustiva investigación de dos años de duración sobre el mercado europeo de aparatos electrónicos de segunda mano y de desecho ha permitido llegar a la conclusión de que la cantidad de residuos electrónicos no regulados o que son objeto de tráfico dentro de la región es unas diez veces superior a la de los desechos de este tipo que se exportan sin documentos desde el continente.

El proyecto en cuyo marco se llevó a cabo dicha investigación, denominado CWIT –siglas en inglés de Countering WEEE (Electric and Electronic Waste) Illegal Trade (lucha contra el tráfico ilícito de desechos eléctricos y electrónicos)–, fue financiado por la Unión Europea y coordinado por INTERPOL en colaboración con la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para la Investigación sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI), el foro WEEE, la Cross-Border Research Association (Asociación de Investigación Transfronteriza) y las empresas Zanasi & Partners y Compliance and Risks.

El estudio reveló que una cantidad de desechos electrónicos más de diez veces superior a las 400 000 toneladas que se exportan (unas 4 700 000 toneladas) se gestiona incorrectamente o es objeto de tráfico ilícito dentro de la propia Europa.

Además, el robo ampliamente extendido de componentes de valor, como placas de circuitos y metales preciosos, presentes en los aparatos electrónicos desechados, ocasiona una gran pérdida de materiales y recursos a las plantas europeas de tratamiento de residuos que cumplen la normativa. Se calcula que esta pérdida oscila anualmente entre los 800 000 000 y los 1 700 000 000 EUR (entre 887 000 000 y 1 860 000 000 USD).

“Dentro del flujo de residuos a escala mundial, los desechos de equipos electrónicos y eléctricos son los que aumentan más rápidamente. Solamente los desechos electrónicos mal gestionados en Europa equivalen, por su peso, a un muro de ladrillo de diez metros de altura que se extendiera desde Oslo hasta la punta de la bota de Italia. Los metales valiosos y los componentes, incluidas las materias primas importantes, deben ser recogidos en condiciones seguras y reciclados en la medida de lo posible”, afirmó Pascal Leroy, Secretario General del foro WEEE.

 
Las encuestas que INTERPOL ha realizado por países revelan que cada año, en las operaciones que conducen a algún tipo de condena o a sanciones administrativas o civiles, solo se detiene una media de 2 000 toneladas de desechos electrónicos destinados a la exportación desde la Unión Europea (el 0,5% del total exportado). Asimismo, el informe señala que el 30% de los países miembros de la Unión Europea no ha aplicado la normativa estricta que se exige en la última versión de la directiva de la Unión Europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y que las sanciones impuestas en los Estados por estas infracciones no son lo suficientemente elevadas como para tener un efecto disuasorio.

“Lo que confiere un valor único al proyecto es la aportación simultánea de hechos y de análisis de mercado, así como el examen detallado del marco jurídico y de la distintas etapas del proceso de aplicación de la ley. La hoja de ruta elaborada específicamente para mejorar la recogida y el tratamiento de residuos electrónicos en Europa redundará en la obtención de valiosos resultados para todas las partes interesadas”, declaró Jaco Huisman, de la Universidad de las Naciones Unidas y coordinador científico del proyecto CWIT.

 
El citado proyecto pone de manifiesto casos de fraude, evasión fiscal y blanqueo de capitales, a la vez que propone una armonización de las sanciones con miras a simplificar la aplicación de la ley en los casos transfronterizos e impedir que los delincuentes trasladen sus actividades a países de la Unión Europea donde corran menos riesgo, habida cuenta de que en esta las sanciones jurídicas y económicas por el tráfico ilícito de residuos electrónicos varían ampliamente de un Estado a otro.

“El estudio muestra que el tráfico ilícito de desechos electrónicos, al tratarse de un actividad lucrativa que conlleva un riesgo escaso de detección, es susceptible de ser explotado, lo que los Estados pueden prevenir en mayor medida si aplican una combinación equilibrada de sanciones administrativas y penales, acordes con el valor de los beneficios obtenidos ilícitamente, así como en función del importante daño que se puede provocar al medio ambiente y a la sociedad. Las investigaciones de la comunidad de las fuerzas del orden en relación con los residuos electrónicos ilícitos deben tener un carácter más preventivo, y venir acompañadas de acciones penales y condenas más enérgicas”, afirmó David Higgins, Subdirector de Seguridad Medioambiental de INTERPOL. 

 
Markus Müller, funcionario del programa de investigación de la Agencia Ejecutiva de Investigación (REA) de la Comisión Europea, indicó: “los delitos contra el medio ambiente constituyen una amenaza cada vez más grave para el mundo en que vivimos, ya que afectan tanto a nuestros recursos naturales como a nuestras sociedades. Gracias a un conocimiento profundo de los flujos, tanto legales como ilegales, de residuos electrónicos, el proyecto CWIT ha logrado formular recomendaciones concretas encaminadas a mejorar el cumplimiento de las directrices actuales en materia de reciclaje e impedir que se lleven a cabo actividades delictivas basadas en el tratamiento inadecuado o el tráfico de desechos electrónicos”.

En este sentido, el proyecto recomienda adoptar un planteamiento multilateral y esboza una hoja de ruta con miras a reducir el tráfico ilícito de desechos electrónicos, lo que incluye la creación de un sistema de gestión de información policial operativa que permita promover y apoyar la aplicación de la ley a partir de datos policiales, así como el establecimiento de un Grupo Nacional Especializado en Seguridad Medioambiental, compuesto por distintas autoridades y entidades asociadas –de modo que la respuesta de las fuerzas del orden sea fruto de la cooperación, el trabajo conjunto y la coordinación a escala nacional, regional e internacional– y dirigido por un equipo de especialistas.

Puedes acceder al sumario completo de la investigación aquí.

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