Xunta y Fegamp clarificarán los criterios de inversiones y la participación en la ejecución de infraestructuras hidráulicas

La Xunta de Galicia apuesta por clarificar los criterios por los que se priorizarán las inversiones necesarias para la ejecución de infraestructuras hidráulicas, así como la participación de las distintas administraciones. Este fue uno de los acuerdos a los que llegaron la conselleira de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Beatriz Mato, y el presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, Alfredo García, durante la reunión celebrada esta mañana en Santiago.

Este reto es acorde al contenido del protocolo para el desarrollo del Pacto Local para la gestión del ciclo urbano del agua, así como clarificar el régimen tarifario adecuado y harmonizado en función del cueste del servicio, como se va a cumplir la Directiva Marco de la Aguas, que exige que este recurso llegue a la ciudadanía con unos estándares de calidad, así como el reparto de competencias para cada administración sobre la explotación de estas infraestructuras.

La conselleira señaló que se trata de dar un ánimo más allá de los trabajos técnicos, sino que debe contarse con una voluntad política, que desde la Consellería de Medio Ambiente se brinda. Ambos coincidieron que es una tarea de envergadura que pasa por la realización de un trabajo laborioso dado que implica analizar las redes hidráulicas de la totalidad de los ayuntamientos gallegos.

En el encuentro también se abordaron la necesidad de que los ayuntamientos próximos aprovechen las sinergias de los servicios, como son los puntos limpios. Así, ambos mandatarios coincidieron en la oportunidad que ofrece impulsar infraestructuras que den servicios a varios municipios y evitar los localismos. En este sentido, la conselleira indicó que para aquellos nuevos puntos limpios que se construyan en el futuro, se tendrá en cuenta a valoración de la Fegamp para determinar la localización del nuevo punto limpio.

La conselleira también le recordó que la Xunta mantiene en la actualidad la línea de ayudas para facilitar la adaptación de los puntos limpios municipales al Real Decreto 110/2015 de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; una línea de actuación puesta en marcha en 2016 con la firma de un convenio en marzo diera año para la gestión de este tipo de residuos.

Mato Otero destacó que la calidad ambiental también fue otro de los puntos que centraron la reunión y destacó el objetivo del Gobierno gallego para que Galicia sea un referente contra lo cambio climático. Indicó que en este compromiso también debe incorporarse la participación de todos los ayuntamientos gallegos, por lo que los invitó “de la mano de la Fegamp” a sumarse al Pacto de los alcaldes para el clima y la energía. Gracias a este pacto se asumirán los objetivos de la Unión Europea para 2030 y se adopta un enfoque integral de atenuación del cambio climático y de la adaptación a este fenómeno global centrado en los ayuntamientos que pueden adherirse voluntariamente la esta iniciativa participando en la asunción.

Por último, en el encuentro también le avanzó al presidente de la Fegamp que la Dirección General de Ordenación del Territorio está organizando unas jornadas para informar a los ayuntamientos del contenido del nuevo reglamento de la Ley del suelo. Indicó que Galicia cuenta por primera vez con un documento de este tipo, con 400 artículos que garantizan la planificación, gestión y disciplina de una materia que marca el futuro de la Comunidad, porque la ordenación del territorio incide en la economía, afirmó Mato.

En materia de urbanismo también destacó el papel de la APLU, que en la actualidad apoya y colabora con 64 ayuntamientos en materia de disciplina urbanística y animó a la Fegamp a invitar a los ayuntamientos a adherirse la esta entidad, delegando la competencia municipal en los ámbitos rústicos. Esta adhesión tiene una doble finalidad: proteger el urbanismo y cuidar el paisaje, indicó Mato. En ese sentido, se comprometió a evaluar la posibilidad de que la adhesión a APLU de cobertura a la exigencia que establece la Ley del suelo de finalizar las fachadas, como medidas de protección del paisaje y que en la actualidad, esa potestad es competencia de los ayuntamientos.