Antes del depósito, el censo

Hay una escena que todos hemos leído alguna vez, casi siempre en diciembre y casi siempre distraídos. Un edicto ordena que todo el mundo vaya a empadronarse, cada uno a su ciudad, y una pareja se pone en camino hacia Belén. Antes del relato viene el registro. Antes de la historia, la lista de nombres. Las administraciones llevan dos milenios sabiendo algo que a los sectores económicos nos cuesta aceptar: ninguna política pública funciona si no sabemos primero quién es quién.

Lo recordé la semana pasada, cuando la Subdirección General de Residuos publicó su nota interpretativa sobre la definición de productor y la obligación de inscripción en la sección de envases del Registro de Productores de Producto, de conformidad con el Reglamento (UE) 2025/40. Un documento de treinta y seis páginas, con árboles de decisión, ejemplos de bodegas y cooperativas ficticias, e infografías generadas, según reconoce con encomiable honestidad el pie de figura, mediante inteligencia artificial. Nada de esto parece épico. Y, sin embargo, para quienes seguimos de cerca el futuro Sistema de Depósito, Devolución y Reembolso, esta nota dice más sobre el calendario real del SDDR que muchas declaraciones institucionales.

Qué resuelve la nota

El Reglamento (UE) 2025/40 será aplicable con carácter general a partir del 12 de agosto de 2026, y trae consigo una definición de productor que, siendo compatible a grandes rasgos con la del Real Decreto 1055/2022, introduce particularidades que han desbordado los buzones del Ministerio. La nota nace explícitamente de esa avalancha de consultas, y su propósito es sencillo de enunciar y endiablado de aplicar: determinar quién debe inscribirse en el Registro y reportar anualmente los envases puestos en el mercado español.

La respuesta se organiza en dos grandes bloques. Están, por un lado, los productores de productos envasados, es decir, quienes comercializan por primera vez en España el producto ya envasado, sea el fabricante establecido aquí, sea el importador, adquirente intracomunitario o distribuidor que lo introduce, sea el vendedor a distancia extranjero cuando la entrega llega directamente al usuario final. Y están, por otro, los productores de envases de transporte, de servicio y de producción primaria, un bloque cuya inclusión constituye la verdadera novedad del Reglamento, y cuya identificación se hace sobre el envase vacío completo, con reglas propias que atienden a la marca, al ensamblaje y al Estado miembro donde el envase acabará convirtiéndose en residuo.

Se aclara también el supuesto de desembalar sin ser usuario final, ilustrado con un ejemplo que agradezco por su claridad doméstica: la empresa española que importa miel en envases de cien kilos, la reenvasa en formatos de 250 o 500 gramos y resulta ser, por ese acto, productora del envase grande.

Sin un censo preciso de productores y datos fiables sobre los envases puestos en el mercado, no hay sistema de depósito que pueda sostenerse.

La regla que va a cambiar conversaciones

De todo el documento, hay un párrafo que va a reordenar más reuniones que ningún otro. Para marcas blancas y marcas de distribución, tendrá consideración de productor la persona física o jurídica que encarga el diseño o la fabricación del envase o del producto envasado con su propio nombre o marca, con independencia de que en el envase figure de modo visible otra marca. La única excepción se activa cuando quien realiza el encargo es microempresa, esto es, menos de diez empleados o menos de dos millones de euros de facturación o balance según la Recomendación 2003/361/CE, en cuyo caso la condición se desplaza al proveedor del envase, siempre que esté situado en España.

Traduzcámoslo a la realidad de un país donde la marca de distribución ronda o supera la mitad de las ventas en alimentación envasada. Las grandes enseñas de distribución minorista, y también muchas medianas, y también las centrales de compra que agrupan a las regionales, no son sólo el escenario donde ocurre la responsabilidad ampliada del productor. Son productoras. Con nombre, con NIF y con número de inscripción en un registro público consultable.

Por qué esto es, en el fondo, una noticia sobre el SDDR

Quien haya trabajado en un sistema de depósito sabe que su columna vertebral no es la máquina, ni el logotipo, ni la campaña de lanzamiento. Es el censo. La obligación de repercutir el depósito, de marcar las referencias, de financiar el sistema con la cuota de productor y de declarar volúmenes recae sobre el productor del envase de bebida. Si no sabemos con precisión quién lo es, no hay sistema que se sostenga. El Registro de Productores de Producto, con su información pública de NIF, razón social y número de inscripción, es la base natural sobre la que un futuro administrador del SDDR dará de alta a los adheridos y validará referencias. Cada mes que ese registro tarde en depurarse es un mes que después no se recupera.

De ahí se derivan varias consecuencias que conviene decir en voz alta.

La primera afecta a la distribución, que queda situada simultáneamente a los dos lados del balance. Productora de sus propias referencias envasadas, y por tanto obligada al depósito y a su financiación. Y punto de retorno, y por tanto perceptora de la compensación por manipulación o “handling fee”. Esa doble condición explica, bastante mejor que cualquier análisis de intenciones, el interés creciente de las cadenas por la gobernanza del futuro sistema, por la fórmula de cálculo de esa compensación y por el calendario de despliegue de las máquinas de devolución y reembolso, las MDR. Lo he comprobado en el último año, sentado en muchas de esas mesas: el retailer ya no discute únicamente un coste operativo, discute su propia posición jurídica.

La segunda afecta al sector de bebidas, que queda segmentado por tamaño de un modo que interesa directamente a los asociados de las diferentes asociaciones de productores de bebidas. La regla de la microempresa desplaza la condición de productor hacia el proveedor del envase en el caso de pequeños embotelladores de agua, cerveceros artesanos y elaboradores de zumo, siempre que ese proveedor esté en España. Cualquier dimensionamiento serio del número de productores realmente adheribles al SDDR debe incorporar ese matiz, porque la cifra resultante será sensiblemente menor que el censo de empresas embotelladoras.

La tercera afecta al talón de Aquiles de todo el edificio, que es la venta a distancia. El Reglamento resuelve con elegancia la responsabilidad ampliada del productor mediante la figura del representante autorizado y mediante la obligación de las plataformas en línea de verificar, antes de admitir a un vendedor en su marketplace, que está inscrito y adherido. El Ministerio anuncia incluso un servicio web de consulta automatizada, todavía en desarrollo. Pero ninguna de esas piezas responde a la pregunta operativa que el SDDR plantea: cómo se cobra y cómo se reembolsa un depósito en una venta  de bebidas online, y dónde retorna físicamente ese envase. Añádase el “efecto frontera” con Portugal, mercado que opera Volta desde abril de 2026, y las particularidades de Canarias, Ceuta y Melilla, y tendremos el mapa completo de las costuras. La fricción administrativa que la propia nota describe con detalle, obtener un NIF que empieza por N, conseguir un certificado digital, apoderar en el REA, es además una invitación involuntaria al “free riding”, que en un sistema de depósito se traduce en envases sin marcado apareciendo en las máquinas y en depósitos que nadie ingresó.

Hay una cuarta consecuencia, más discreta y quizá más útil. La nota confirma que un SCRAP puede inscribir y reportar en nombre del productor mediante apoderamiento en el REA. Eso significa que la vía jurídica del cumplimiento delegado ya está transitada, y que el futuro administrador del SDDR encontrará el camino abierto para actuar como interlocutor único de sus adheridos ante la Administración. No es poco.

La distribución ocupará los dos lados del SDDR: será productora de sus marcas propias y, al mismo tiempo, punto de retorno de los envases.

Lo que el calendario dice sin decirlo

Y llegamos a la lectura que más me interesa, que es la del reloj.

A finales de julio de 2026 estamos aclarando quién es productor. El servicio web de consulta automatizada sigue en desarrollo. El Acto de Ejecución previsto en el artículo 44.14, que fijará la estructura de datos del reporte, no se ha publicado, de manera que el umbral de declaración simplificada sigue siendo el de quince toneladas del RD 1055/2022 y no el de diez que establece el Reglamento. Son tres piezas ausentes, y las tres son anteriores, lógicamente anteriores, a cualquier puesta en marcha de un sistema de depósito.

Vengo sosteniendo en público, y lo repito aquí sin ningún placer, que la fecha de noviembre de 2026 no se va a cumplir, y que el horizonte operativo realista se sitúa en el otoño de 2028. La nota interpretativa refuerza ese diagnóstico por una vía indirecta y por eso mismo más elocuente. Sin un censo cerrado de productores y sin datos fiables y homogéneos de envases puestos en el mercado, no hay manera incontestable de acreditar si se han alcanzado o no los umbrales de recogida separada que activan la obligación del sistema de depósito. La discusión se desplaza entonces del terreno político al probatorio, que es un terreno mucho menos amable para la improvisación.

Las piezas administrativas que aún faltan refuerzan la idea de que noviembre de 2026 no es un horizonte operativo realista para el SDDR.

Conviene recordar, por último, lo que la propia nota advierte en su aviso legal: refleja el punto de vista de la Subdirección General de Residuos, no tiene carácter vinculante, y la interpretación auténtica corresponde a los órganos jurisdiccionales. Criterio administrativo sólido, por tanto, pero revisable.

No es un documento brillante. Es algo mejor. Es el trabajo callado de empadronar antes de contar la historia, y quien lo esté leyendo con atención estos días sabrá, cuando llegue el SDDR, exactamente dónde está sentado.