Descarbonizar sin reforzar el vertedero

Europa ha dado un paso importante al reconocer que la valorización energética de residuos no puede incorporarse al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (EU ETS) con las mismas reglas que cualquier otra actividad industrial. La propuesta presentada por la Comisión Europea, que plantea una integración gradual del sector a partir de 2031, con posibilidad adicional de exclusión temporal, supone un avance respecto al planteamiento inicial y reconoce que la descarbonización de la gestión de residuos requiere un enfoque específico y claramente diferenciado.

El debate ya no está en si la valorización energética debe contribuir a los objetivos europeos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Debe hacerlo, y el sector lleva años trabajando para reducir su huella mediante mejoras de eficiencia, recuperación energética y preparándose para incorporar tecnologías como la captura de carbono. La verdadera cuestión es otra: cómo integrar la valorización energética en el EU ETS sin generar incentivos perversos que hagan del vertido una opción más competitiva y alejen a Europa de sus propios objetivos climáticos y de economía circular.

Durante demasiado tiempo, buena parte de las políticas europeas en materia ambiental se han diseñado pensando en la realidad del norte de Europa. Países donde el vertido es prácticamente marginal y donde la valorización energética está plenamente implantada desde hace décadas. Pero no todas las Europas parten del mismo punto. España, según datos del MITERD, continúa enviando a vertedero cerca del 50% de sus residuos municipales, muy lejos del objetivo europeo del 10% para 2035. Esa realidad no puede quedar al margen cuando se diseñan instrumentos económicos que condicionarán el futuro de la gestión de residuos.

La verdadera cuestión es cómo integrar la valorización energética en el EU ETS sin generar incentivos perversos que hagan del vertido una opción más competitiva y alejen a Europa de sus propios objetivos climáticos y de economía circular

No podemos perder de vista que el vertedero continúa siendo, con diferencia, el principal problema climático del sector. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, la gestión de residuos representa apenas el 3% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, pero alrededor del 80% de esas emisiones proceden del metano generado en los vertederos. Y en España, como campeones europeos que somos de la cantidad de residuos enviados a vertedero –esta estrella mejor esconderla–, somos el ejemplo paradigmático en la UE de este impacto. Sin embargo, no solo el vertido permanecerá fuera del EU ETS, sino que buena parte del debate político instado por determinados lobbies económicos y ambientalistas, sigue equiparando el vertido y la valorización energética, ignorando tanto sus impactos ambientales como la propia jerarquía europea de residuos.

Como sector, estamos acostumbrados a que algunas tecnologías emergentes construyan su discurso comercial demonizando por igual el vertido y la incineración –término al que seguimos anclados en España por sus connotaciones negativas–, sin distinguir entre ambas opciones. Pero una cosa es el debate ideológico y otra muy distinta la realidad ambiental. Equiparar ambas tecnologías no solo es técnica y legalmente incorrecto; supone ignorar que, allí donde no existe capacidad suficiente de valorización, el destino inevitable del residuo no reciclable es el vertedero. Una incorporación al EU ETS que no tenga en cuenta esta realidad estará obviando que será económicamente más atractivo seguir vertiendo que invertir en nuevas infraestructuras de valorización energética. Así, en lugar de acelerar la transición hacia un modelo alineado con la jerarquía europea de residuos, estaremos utilizando un instrumento climático para empeorar el clima. Es decir, si la incorporación al EU ETS encarece la valorización energética sin corregir simultáneamente esa dependencia del depósito, el resultado puede ser exactamente el contrario del perseguido: más residuos vertidos, más emisiones de metano y más dificultades para cumplir tanto los objetivos climáticos como los de economía circular.

Pero el problema no termina allí. Existe además otra cuestión de fondo que explica por qué la valorización energética no puede equipararse sin más al resto de sectores incluidos en el EU ETS. La gestión pública de los residuos municipales no decide ni el volumen ni la composición del residuo que recibe. Una industria puede actuar sobre sus materias primas, modificar procesos productivos, o sustituir los combustibles con los que trabaja. Una planta de valorización energética no tiene esa capacidad de decisión: está obligada a gestionar el residuo que la sociedad genera después de haber agotado las opciones de prevención, reutilización y reciclaje.

El carbono fósil presente en ese rechazo no lo incorpora el gestor; procede de decisiones tomadas mucho antes por quienes diseñan, fabrican, comercializan y consumen los productos que finalmente se convierten en residuos. Por eso resulta difícil aceptar algunos discursos que reclaman un “café para todos” en nombre de una supuesta justicia transversal del carbono, igualando actividades productivas privadas con capacidad de decidir cómo se descarbonizan con un servicio público esencial cuya obligación es gestionar aquello que otros han puesto en el mercado.

La incorporación gradual de la valorización energética al mercado europeo de derechos de emisión solo tendrá sentido si se diseña teniendo en cuenta la jerarquía de gestión y las diferentes realidades de los Estados miembros

Precisamente por ello, es una buena señal que la Comisión Europea haya recapacitado y haya optado por una incorporación gradual de la valorización energética al EU ETS, reconociendo que la descarbonización de este servicio público requiere un tratamiento específico. Ahora bien, ese periodo transitorio no debería convertirse únicamente en un calendario para asumir nuevos costes, sino en una auténtica hoja de ruta para transformar el sistema de gestión de residuos. Debe servir para orientar las políticas públicas, la inversión y la regulación hacia la reducción del vertido en aquellos Estados miembros donde sigue siendo la principal vía de gestión de residuos, impulsando las infraestructuras de valorización energética necesarias para avanzar en la jerarquía europea de residuos.

Esto exigirá también que los gobiernos desarrollen instrumentos fiscales y regulatorios que eviten que el vertido, al quedar fuera del EU ETS, siga siendo la opción económicamente más ventajosa. Al mismo tiempo, deberán favorecer el despliegue de tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de carbono. En este ámbito, Europa vuelve a mostrar profundas diferencias territoriales.

La gestión pública de los residuos municipales no decide ni el volumen ni la composición del residuo que recibe

Mientras los países del norte cuentan con antiguos yacimientos de gas y petróleo que pueden reutilizarse para almacenar CO₂ y llevan años desarrollando estas infraestructuras, buena parte del sur de Europa parte con una clara desventaja. La descarbonización del sector no dependerá únicamente de la tecnología, sino también de que Europa acompañe sus exigencias regulatorias con una planificación e inversiones adaptadas a las distintas realidades nacionales.

En definitiva, la incorporación gradual de la valorización energética al mercado europeo de derechos de emisión puede ser una buena decisión si sirve para acelerar la descarbonización del sector, pero solo tendrá sentido si se diseña teniendo en cuenta la jerarquía de gestión y las diferentes realidades de los Estados miembros, empezando por una realidad tan rezagada como la española.