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A finales del año pasado la Unión Europea hizo pública (Diario Oficial de la UE) la nueva Directiva sobre la Información Corporativa de Sostenibilidad, esto es, la norma que viene a sustituir a la Directiva sobre el Estado de Información No Financiera (EINF) vigente desde 2014.
El nuevo marco legislativo resultante conllevará la emisión de un informe (heredero del actual) con la denominación de Información de Sostenibilidad Corporativa, obligará a que profesionales independientes verifiquen las informaciones publicadas y, a su vez, extiende la exigencia del informe sobre sostenibilidad para empresas de más de 250 trabajadores (un deber que ya se aplica a nivel español a partir de 2022). Aunque el periodo para transponer la nueva directiva es de 18 meses, se espera que en nuestro país no se agote dicho plazo.
Cabe precisar que en España las empresas de más de 500 trabajadores deben publicar desde 2018 un EINF centrado en los aspectos medioambientales (pero también sociales y de personal, de respeto de los derechos humanos, de lucha contra la corrupción y el soborno y el impacto en la sociedad), de acuerdo con lo que establece la Directiva Europea 2014/95. Es en este contexto que el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) y la cátedra Mango de ESCI-UPF han elaborado un estudio sobre las características de los EINF emitidos por firmas cotizadas (en el mercado continuo y en el Ibex 35) de la Bolsa de valores, que puede ser de gran interés para las empresas españolas de más de 250 empleados que tengan que realizar el informe de ahora en adelante.
El estudio indica que, a partir de una muestra de 129 empresas, 91 presentaron el informe en 2020, 31 no estaban sometidas a tal obligación por contar con menos de 500 trabajadores y tres compañías del Ibex lo publican a pesar de no estar obligadas a ello. Por otra parte, un 60% de las empresas exhibe el documento de forma separada del Informe de Gestión o como documento anexo (el 40% lo integra en el propio informe) y el 95% contrata firmas de auditoría financiera con el propósito de que lleven a cabo la verificación externa del EINF, toda vez que la legislación estatal exige la comprobación externa a cargo de un experto independiente.
El EINF contribuye al progreso en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por la ONU para el año 2030 (un botón de muestra: el 78% de las empresas analizadas hace referencia a alguno de los citados objetivos, concluye el estudio).
Se darán progresos relevantes en este ámbito ante los fuertes desafíos de nuestra sociedad en lo concerniente a la sostenibilidad ambiental y social. En este sentido, es reseñable que el sector financiero ya apueste por canalizar sus inversiones hacia proyectos sostenibles, al tiempo que se prevé que más del 50% de las inversiones financieras en la UE sean sostenibles en 2025. La Unión contempla la introducción de estímulos al objeto de favorecer la inversión sostenible, con el establecimiento de una taxonomía financiera que facilite y premie las inversiones de esta tipología.
Desde el colectivo profesional de la auditoría de cuentas somos conscientes de que además de la verificación de los EINF o del apoyo en su realización, los trabajos voluntarios sobre tales materias, la nueva directiva de la Unión Europea para que las empresas industriales de más de 250 trabajadores informen del impacto en la sostenibilidad por parte de su cadena de valor o las actuaciones relativas a inversiones sostenibles que hemos referido aquí, generarán demandas a las que será necesario ofrecer una respuesta idónea.