El Gobierno de Cataluña aprueba la memoria preliminar del anteproyecto de Ley de la transición energética

El documento fijará los principios necesarios para cumplir los objetivos establecidos en la Ley del cambio climático y en las bases del Pacto Nacional para la Transición Energética de Cataluña
El Gobierno de Cataluña aprueba la memoria preliminar del anteproyecto de Ley de la transición energética
El Gobierno de Cataluña aprueba la memoria preliminar del anteproyecto de Ley de la transición energética
20-11-2019
El Consejo Ejecutivo ha aprobado la memoria preliminar del anteproyecto de Ley de la transición energética de Cataluña y de transformación del Instituto Catalán de Energía (ICAEN) en la Agencia Catalana de Energía. El texto debe fijar los principios legislativos de la política energética catalana necesarios para cumplir los objetivos establecidos en la Ley del cambio climático y en las bases del Pacto Nacional para la Transición Energética de Cataluña, que fijan la voluntad de alcanzar un modelo energético totalmente basado en las energías renovables en el año 2050.
 
La nueva normativa tendrá la voluntad de impulsar e incentivar el paso hacia una economía y una sociedad de baja intensidad energética, de baja intensidad en el consumo de recursos materiales y neutra en las emisiones de carbono. Por ello, se trabajará en ámbitos como el acompañamiento de los sectores de actividad económica en la adaptación a las nuevas condiciones derivadas del cambio climático, el logro de un nuevo modelo de movilidad urbana, la eliminación de las barreras normativas o administrativas que dificulten la lucha contra el cambio climático o el incremento de los incentivos y la priorización de las políticas y recursos destinados a la transformación del modelo energético, entre otros. De hecho, y con el objetivo de avanzar en este sentido a la mayor velocidad posible, el Gobierno ultima la modificación de la normativa que regula la implantación de energía eólica y fotovoltaica en Cataluña.
 
La normativa también incluye la transformación del ICAEN en la Agencia Catalana de Energía. Esta medida, que da cumplimiento al mandato fijado por la Ley del cambio climático, tiene como objetivo que el ente sea el instrumento impulsor de la transición energética de Cataluña, y se dote de capacidad para ejercer la gobernanza y la coordinación sobre el pacto Nacional para la Transición Energética.
 
Esta iniciativa legislativa forma parte del paquete de medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para hacer frente a la emergencia climática que vive Cataluña. Desde el momento de la declaración de emergencia climática, el departamento de Empresa y Conocimiento ha destinado 7,3 millones de euros en ayudas para la sustitución de vehículos viejos por otros de eléctricos o más eficientes ya la instalación de puntos de recarga vinculados, que se añaden a la inversión ya realizada de 2,9 millones en la red de puntos de recarga rápida a las principales vías de Cataluña. También ha habilitado 8,3 millones para la financiación empresarial de proyectos de innovación para el impulso de la transición energética, y se ha reorientado y ampliado la estrategia Solarca. Además, en breve se destinarán 50 millones de euros a líneas para mejorar el ahorro y la eficiencia energética en el ámbito de la industria.
 
Además, el Departamento también trabaja para la Planificación de la red de transporte de energía eléctrica 2021-2026 de España incluya un paquete de infraestructuras necesarias para la evacuación de energía eólica y fotovoltaica generada en Cataluña, que incluye 12 subestaciones. También se han llevado a cabo diferentes proyectos de difusión y participación ciudadana para introducir la transición energética en el día a día de personas y empresas.
 
La Generalitat ha sido pionera en orientar sus políticas energéticas en la transición hacia un nuevo modelo más limpio y sostenible, ya que el año 2016 se empezó a negociar con los agentes sociales, civiles y económicos las bases del Pacto Nacional para la Transición Energética, y su actuación ha hecho posible un marco normativo estatal más favorable en aspectos tales como el autoconsumo compartido.

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