Luces y sombras de la nueva Ley de Residuos



07/10/2021
Archivado en: Residuos , Nº 232 Julio/Agosto 2021

La nueva Ley de residuos y suelos contaminados está en la última fase de tramitación. Todo permite indicar que el sector se encontrará en el inicio del otoño con un nuevo marco normativo, que puede transformar toda la actividad industrial y comercial..

¿Cómo afronta el sector esta nueva realidad? Todo el mundo está de acuerdo en que este nuevo marco era necesario y la mayoría coinciden en que traerá numerosas oportunidades. Aunque también confirman, esta vez sí unánimemente, que la norma es mejorable. Se trata, como vemos, de ver el vaso medio lleno.

Lo explica Luis Palomino, Secretario General de ASEGRE, la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales: “Esperamos que en el medio plazo favorezca la innovación y el desarrollo de tratamientos de mayor valor añadido. La razón es que la ley fuerza la jerarquía de residuos hacia las opciones de preparación para la reutilización, reciclaje y valorización”.

Desde la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) también quieren ser ver el futuro positivo, y más aún cuando la ley todavía está pendiente de incluir las posibles aportaciones del sector. “Siempre somos partidarios de ver el vaso medio lleno, explica su directora general Alicia García Franco, por lo que esperamos que si se modifican aquellos artículos que consideramos perjudiciales para los gestores privados de residuos, la nueva ley deberá asentar las bases sobre las que impulsar la economía circular en España”.

Desde ASEGRE, así, consideran que uno de los puntos más destacados de la nueva norma consiste en la idea de hacer corresponsable al productor inicial del residuo de su gestión: “Consideramos que favorecerá que los productores faciliten información más precisa de los residuos que entregan a los gestores, lo que redundarán en una mayor seguridad en las instalaciones de gestión de residuos”. Se considera de esta manera que, como ha ocurrido en otros países con este sistema, se generará una sana competencia entre los propios gestores de residuos: “Competirán por dar servicios que garanticen la trazabilidad y mejores tratamientos de los residuos”.

El sector coincide en que este nuevo marco era necesario y la mayoría afirman que traerá numerosas oportunidades, aunque también confirman que la norma es mejorable.

Más allá de estas primeras optimistas valoraciones los industriales creen que, si la ley se aprueba tal y como está, estaremos ante un grave riesgo de desarmonización fiscal. El vaso, aquí, está medio vacio. O, para decirlo mejor, al borde de romperse.

Abre el fuego Luis Palomino: “La ley permite que las administraciones autonómicas puedan revisar los tipos impositivos al alza, por lo que se prevé que se mantendrá la actual falta de armonización y se continuarán trasladando los residuos entre Comunidades Autónomas, buscando los tipos impositivos más reducidos”. Para el responsable de ASEGRE las consecuencias serán dobles. Con ello, no se cumplirá la finalidad ambiental y encima ni siquiera se podrán recaudar las cantidades esperadas.

En ello coincide García-Franco: “La posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan incrementar los tipos impositivos respecto de los residuos depositados, incinerados o coincinerados en sus respetivos territorios puede generar desigualdades, crear un dumping ambiental o, peor aún, una especie de turismo de residuos”.

Manuel Domínguez, director general de Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón, REPACAR, coincide plenamente en esa idea. Tanto, que se considera podríamos estar ante la ruptura del mercado único nacional, al contar con diferentes tasas de vertido y distintas normativas para el fin de la condición de residuo y subproductos: “La disparidad de criterios entre Comunidades Autónomas puede generar desigualdades en función del territorio y un tráfico hacia las CCAA que tengan condiciones más favorables, creando un dumping ambiental, cuando el impuesto se ha creado para armonizar”.

Además, desde ASEGRE se considera que con la actual redacción del impuesto no se aplica el principio de "el que contamina paga", puesto que será el gestor que entrega el residuo el que pague el impuesto, y no el productor inicial. “El texto, explica Luis Palomino, dice que el contribuyente es el que entrega el residuo y normalmente el que entrega esto es el gestor. Entendemos que tendría que ser un principio el hecho de que tiene que recaer en el productor inicial y seguir la máxima de que el que contamina paga”.

Pero el texto legislativo tiene muchas más fallas. Así, en FER repasan numerosas partes del articulado en las que entienden hay muchísimo margen de mejora. Se refieren, por ejemplo, al principio de proximidad, que amplía los ámbitos de la Directiva Marco de residuos (domésticos mezclados y residuos cuyo destino es la eliminación) hacia todo el resto de residuos. Critican también la especificación de las infracciones (que puede convertir un error administrativo en una infracción muy grave que puede suponer una multa de 600.000 euros) o el restablecimiento de la legalidad ambiental (que decreta la suspensión temporal de la actividad en caso de accidente).

El sector denuncia una verdadera imposición de la gestión pública a entidades que están gestionando correctamente sus residuos con empresas privadas.

Pero en la federación observan, especialmente, un riesgo en la nueva ley: “Estamos ante una norma jurídica que tiene una peligrosa deriva para favorecer la gestión pública de los residuos colocando diversas trabas a la empresa privada, explica García-Franco. Esta grave discriminación supone un sinsentido porque si hoy estamos donde estamos en cuanto a tasas de recuperación y reciclaje en gran parte de los diferentes flujos de residuos, es gracias al trabajo desarrollado por la industria del reciclaje”.

Destaca la responsable de FER que los principales problemas actuales tienen que ver con diversos flujos de residuos sólidos urbanos (fracción orgánica y textil) de clara competencia pública, cuyas tasas de recuperación y reciclaje están muy lejos de los objetivos fijados por Europa: “Por tanto, es sumamente importante que las líneas de actuación que marca la normativa impulsen una notable mejora del tratamiento de estos flujos, pero no a costa del notable trabajo desarrollado por los gestores de residuos privados”.

En esta idea coinciden desde REPACAR. De hecho, en su comparecencia en la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, Manuel Domínguez denunció este hecho, que para la asociación representa un verdadera imposición de la gestión pública a entidades que estén gestionando correctamente sus residuos con empresas privadas.

Pero la crítica del sector a este empuje a la gestión pública no se queda ahí. Desde FER ponen diversas muestras de esta realidad en el articulado de la ley, tal y como se muestra en su actual borrador. Por ejemplo, el artículo 12-5-e que impone la gestión pública o el 64, que diferencia entre entidades locales y empresas privadas a la hora de la exigencia del archivo cronológico.

Uno de los objetivos más conocidos de este nueva ley pasa por la reducción de los plásticos de un solo uso. Ello ha puesto en pie de guerra a la industria del plástico. Lo explica Isabel Goyena, directora general de Cicloplast, que ha participado en la ponencia del Congreso como portavoz de EsPlásticos:: “Los objetivos de reducción de plásticos de un solo uso, estipulados en 50% en 2026 y 70% en 2030, y el impuesto a los envases de plástico no reutilizables son desproporcionadas e injustificados económica y ambientalmente, además de ser discriminatorias frente a otros envases de un solo uso y frente a otros países europeos”.

"La industria del plástico alerta de que el impuesto a los plásticos de un solo uso puede generar un efecto contrario al deseado"

Desde la industria del plástico van más allá, y creen que el impuesto a los plásticos de un solo uso puede generar precisamente un efecto contrario al deseado. “Provocará, analiza Isabel Goyena, un cambio hacia envases y productos de un solo uso de otros materiales más pesados generando un aumento del total de los residuos y de la huella de carbono”.

En este análisis de las partes más negativas, desde REPACAR se menciona un posible efecto colateral: la destrucción del tejido empresarial de PYMES. Ello sería debido al aumento de las cargas impositivas así como a las trabas burocráticas, que acabarían con las empresas más pequeñas. “Podemos prever un sector menos competitivo de cara al exterior en el que prime la concentración empresarial, que impactará de forma negativa en la pequeña y mediana empresa que no cuenta con los mismos recursos para competir y necesitará de aliados”.

Otro punto de la ley en la que se observa que el vaso está a medio llenar tiene que ver con los residuos sanitarios. Por un lado, parece positivo que la norma insista en el camino la homogeneización de la legislación: “En esto momentos, analiza Luis Palomino, tenemos doce normas autonómicas, que regulan a veces desde sanidad y a veces desde medio ambiente”. La ley menciona la necesidad de realizar un estudio para comparar la normativa de las diferentes comunidades autónomas. El fallo es que ese estudio va a tardar demasiado tiempo en estar completado: “Va a tardar cinco años. A lo mejor ese estudio tendría que hacerse en seis meses o un año y que existiera un compromiso de armonización, lo mismo que hay en el resto de flujos. Tenemos un real decreto de RAEEs, uno de aceites, otro de RCDs… ¿por qué no hay un real decreto de residuos sanitarios?”.

¿Hacia dónde ira el sector después de que esta nueva norma sea una realidad asentada? Palomino es claro, aunque asegura que se necesitará al menos un lustro para ver ese vaso medio lleno: “El análisis de esta ley es en general positivo. Desde el lado de los gestores la realidad no se cambia de un día para otro. Para que nosotros podamos desarrollar nuevas instalaciones necesitamos un tiempo de maduración largo. Hay que analizar la regulación, luego el mercado y luego tomar la decisión de desarrollar una planta. Y para todo eso no tardas menos de cinco años, porque todo esto lleva mucho tiempo”.

Desde FER Alicia García-Franco, sin embargo, es bastante menos optimista, aunque siempre pendiente de que se aprueben o no las peticiones efectuadas por el sector, ahora que todavía hay tiempo: “Si finalmente conseguimos una normativa basada en el consenso entre todos los agentes implicados en la gestión de residuos, es decir, toda la cadena de valor del reciclaje, sin duda tendremos un marco legal que hará posible culminar con éxito la transición hacia la economía circular”.

Las conclusiones, desde EsPlásticos, dejan poco espacio para la esperanza, al menos en su sector. Se quejan de que las empresas llevan años trabajando en mejorar la reciclabilidad de los envases plásticos. De esta forma, “los objetivos de reducción propuestos para plásticos en 50% en 2026 y 70% en 2030 son contradictorios con la economía circular, y pueden suponer una barrera la innovación y la inversión de un sector esencial en la distribución de alimentos”.

Desde REPACAR, en todo caso y tal como explica Manuel Domínguez quieren ver la parte más positiva de esta nueva realidad normativa: “No todo es negativo, por supuesto. Dentro de los aspectos positivos para el sector destacaría el establecimiento de un calendario de implantación de nuevas recogidas separadas de residuos para su valorización, además de la ya existente para el papel, los metales, el plástico y el vidrio. Por otro lado, la norma fija objetivos más ambiciosos de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales”.

Vaso medio lleno, vaso medio vacío, en unas semanas tendremos una nueva la Ley de residuos y suelos contaminados. Será el momento de confirmar si lo mejores augurios toman forma o, en caso contrario, el sector tendrá que afrontar una realidad un poco más negra.


 

ENTREVISTA

Eva Bueno, diputada socialista ponente de la Ley de residuos y suelos contaminados

 

“Hay que cambiar la gestión de los residuos y además generar un modelo económico más eficiente y competitivo”

 

¿Qué es lo que pretende el Gobierno con esta ley? ¿Cuáles le parecen los puntos principales de esta iniciativa?

Esta propuesta normativa lo que pretende es establecer medidas que protejan el medio ambiente y la salud humana, que permitan reducir el impacto global del uso de los recursos y que nos permitan alcanzar la neutralidad climática en 2050. Todo ello en línea con la Estrategia Española de Economía Circular (España Circular 2030). Por otro lado, también se trata de cumplir con los nuevos objetivos que establecen las directivas de la Unión Europea con respecto a residuos y a plásticos de un solo uso. En resumen, se protege la salud y el medio ambiente y, además, cumplimos con las normas europeas en materia ambiental y evitamos las sanciones a nuestro país. Destacaría los objetivos, muy ambiciosos, en la recogida separada de los distintos flujos o la jerarquía de residuos como base de la ley.

 

¿Se cumplen los criterios para dirigirnos a una economía circular?

Ese es el objetivo. Esta nueva norma junto a la Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030, trata de sentar las bases para impulsar un nuevo modelo productivo, una nueva forma de producir y consumir, de relacionarnos entre nosotros y con el medio.

 

¿El objetivo final sería incineración cero? ¿Cómo podemos reducir la incineración y conseguir que los residuos que entran en los vertederos sean los mínimos posibles?

Teniendo en cuenta que la incineración produce, entre otras cosas, GEIs que debemos y queremos reducir, está claro que la mejor opción no es. De hecho, es la propia jerarquía de residuos la que deja claro que no es lo deseable. Por tanto, las autoridades competentes deberán aplicar, para conseguir el mejor resultado medioambiental global, la jerarquía de residuos.

Para aprovechar al máximo los residuos se debe apostar por la recogida separada y por nuevas inversiones en la actualización de las plantas de tratamiento y la construcción de las que sean necesarias.

En este sentido, el Plan de Recuperación del Gobierno recoge 850 millones de euros para el componente dedicado a Economía Circular y gestión de residuos.

 

Alguna asociación ha alertado de que la ley no impone el hecho de que quien contamina paga y, que en el caso de los residuos, los impuestos caen sobre el gestor y no el productor de los propios residuos. ¿Qué podemos decir a ello?

Discrepo de esta afirmación. El principio de “quien contamina paga” ya se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico con la transposición de la Directiva  2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, dando como resultado en nuestro país la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental. Además, el Proyecto de Ley incluye por primera vez en nuestro país la fiscalidad ambiental, que se basa precisamente en este principio, incluyéndose dos impuestos con este fin, uno a envases de plástico de un solo uso y otro a la incineración, coincineración y depósito en vertedero. En cuanto al productor, el proyecto de ley revisa la regulación marco sobre responsabilidad ampliada del productor. Se abordan las posibles obligaciones que podrán imponerse a los productores, se precisa qué costes de gestión de los residuos deben financiarse por los productores y también se recoge, la posibilidad de que se puedan beneficiar aquellos y aquellas que apuesten por el ecodiseño. Además de desincentivar algunas cuestiones, también se recogen incentivos a las buenas prácticas.

Desde el Grupo Socialista estamos manteniendo muchas reuniones con el sector y nos trasladan, en general, muy buena disposición a los cambios necesarios y nos cuentan cómo están transicionando en sus modelos de negocio hacia una economía circular. Hay que tener en cuenta que la regulación de la responsabilidad ampliada del productor en la ley constituye un marco básico que se tendrá que desarrollar con posterioridad según los diferentes flujos.

 

Esta ley, ¿va a provocar que produzcamos menos residuos?

El principal objetivo de la ley es dar cumplimiento a la normativa europea. Porque lo cierto es que nuestro país no cumplía con ella, esa es la realidad. Además, de todos los residuos libres que hay en la naturaleza, la mayoría son plásticos, cuestión que aborda la ley.

Así que sí, con la ley vamos a reducir los residuos que no se puedan reciclar, hay que tratar que se aprovechen al máximo y que estén el mayor tiempo posible en el ciclo económico. No tenemos otra opción si queremos hacer frente a la crisis ambiental que padecemos. Cambiar el modo en que producimos y consumimos es crucial. Además cambiar estas dinámicas origina un modelo económico más eficiente y más competitivo que genera nuevas oportunidades.

 

Una de las principales reclamaciones se centra en la falta de armonización entre las autonomías, especialmente en el asunto de la fiscalidad. ¿Se podría haber hecho una ley más cohesionante? ¿Cree que habrá mucha disparidad fiscal entre una comunidad y otra?

Ante todo, decir que el Gobierno tiene que respetar las competencias territoriales y el proyecto de ley es claro en la delimitación de competencias y respetuoso, como no puede ser de otra manera, con lo que dice la Constitución. Por tanto, lo que es fundamental para la armonización, es la coordinación y el dialogo entre las administraciones competentes en la materia y eso se lleva a cabo, y de forma muy positiva durante la pandemia, en la Comisión de Coordinación en materia de Residuos, aquí es donde habrá que acordar. Por otro lado, decir que por primera vez nos subimos al tren de la fiscalidad ambiental, de la fiscalidad verde en materia de residuos, tan reclamada a España por diferentes organismos, la Comisión Europea entre otros, para conseguir objetivos ambientales.

 

¿Cómo se imagina el futuro de los residuos dentro de cinco o seis años? ¿En qué cree que habrá cambiado el sector, y la sociedad en general, gracias a esta ley?

Con respecto al sector, creo que está realizando un gran esfuerzo en una apuesta por la circularidad, en un contexto de escasez de materias primas, subida de precios y dependencia del exterior es fundamental. Veo un sector lleno de oportunidades y potencialidades que apuesta por el empleo verde, por la formación, la innovación y la investigación, para conseguir los objetivos que se recogen en el proyecto de ley y que va a responder, sin duda, a las demandas de la sociedad.

La recuperación de nuestro país ha de ser verde, sostenible, eficiente, innovadora y crear oportunidades, en este contexto el sector de los residuos es fundamental. Se trata pues de una reforma fundamental y es por ello por lo que el Gobierno la ha incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Hoy por hoy, la generación de residuos es un problema complejo al que nos enfrentamos como sociedad, sabemos que cada vez se generan más y que por tanto la prevención es fundamental pero también una gestión adecuada que nos permita proteger la salud y el medio ambiente de los impactos que produce la generación.

La futura norma pienso que va a marcar una nueva manera de relacionarnos entre nosotros y con el medio, una nueva manera que ya demanda y exige la ciudadanía, más sostenible y que mejorará nuestra calidad de vida.


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1978

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