2023, un año de grandes retos y oportunidades para el sector

Avanzados los primeros meses del año es, quizá, un buen momento para analizar los principales retos del sector del agua urbana desde la perspectiva de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios del Agua Urbana (AGA).

AGA ha tenido, tradicionalmente, cuatro líneas de actuación prioritarias: la laboral, la legal, salud y bienestar y la formación.

Sin embargo, en este análisis de los principales retos del agua debemos abordar, sin duda alguna, cuestiones de actualidad como la primera convocatoria del PERTE del agua, de gran relevancia para el sector; la desmedida subida del coste de las materias primas, especialmente la energía eléctrica, la nueva legislación en materia de agua de consumo humano, las diversas leyes autonómicas del agua y la formación profesional de los trabajadores del sector.

Gracias a los esfuerzos del sector, el MITERD ha aprobado la primera convocatoria de subvenciones para proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua, en el marco del PRTR (PERTE digitalización del ciclo del agua), cuya fecha límite de presentación de solicitudes fue el 10 de febrero.

En esta primera convocatoria, en la que se financiarán proyectos de 3 a 10 millones de euros hasta un total de 200 millones de euros de presupuesto, está destinada a municipios y agrupaciones de municipios que den servicio a más de 20.000 habitantes. El periodo de ejecución de las actuaciones subvencionadas estará comprendido entre 1 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2025, con una intensidad máxima de la ayuda entre el 60% y el 90%.

Como se ha mencionado, esta primera convocatoria se enmarca dentro del PERTE de digitalización del ciclo del agua que, en el ámbito del ciclo urbano del agua, contará con diversas convocatorias y reparto de fondos en Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de las CCAA, alcanzando un importe total de ayudas de más de 1.200 millones de euros.

El proyecto se articula alrededor de cuatro líneas de actuación básicas:

• GOBERNANZA. Implica la revisión del marco normativo y, en concreto, modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, del RDPH y RDACH, entro otros.
• Impulso a la DIGITALIZACIÓN. Mejorando el desarrollo tecnológico a través, entre otros, de la elaboración del Libro Digital del Agua o la mejora de las redes SAIH.
• Programas de ayuda a la DIGITALIZACIÓN del ciclo urbano del agua. Fundamentalmente para la financiación de programas demostrativos relativos a la digitalización.
• FORMACIÓN e INNOVACIÓN. Imprescindibles para la eficiencia y productividad del sector.

En cuanto a la inflación en los costes de las materias primas necesarias en la operación de las infraestructuras hídricas, estamos ante una coyuntura nada favorable que se ve reforzada, además, por la falta de un marco legislativo adecuado. Una vez más, tanto el agua como la energía eléctrica, se han dejado fuera en los últimos decretos legislativos del Gobierno. Esto impide la revisión de los contratos de servicios en vigor, teniendo en cuenta, adicionalmente, que las empresas gestoras no pueden repercutir el aumento de costes directamente en las tarifas al tratarse de un servicio público de competencia municipal.

Es conveniente poner de manifiesto la unidad del sector, tanto en el ámbito de gestión directa como en el de gestión indirecta, lo que debería propiciar la solicitud y redacción de un marco jurídico que ampare la revisión de precios en los contratos de servicios.

Es conveniente poner de manifiesto la unidad del sector, tanto en el ámbito de gestión directa como en el de gestión indirecta, lo que debería propiciar la solicitud y redacción de un marco jurídico que ampare la revisión de precios en los contratos de servicios por causas imprevisibles y sobrevenidas, derivada de la crisis económica que produjo la pandemia del COVID-19 y la actual guerra de Ucrania.

El escenario descrito hasta el momento se ve completado e influenciado por la nueva legislación en materia de calidad de las aguas de consumo humano, que recientemente ha entrado en vigor, lo que supone una importante necesidad de inversión para cumplir con los requisitos de aumento de la calidad del agua de consumo, de los nuevos requerimientos técnicos asociados (laboratorios, gestión de redes, etc.) de necesidad de reportar mayor información que la que se estaba suministrando hasta el momento, de mayor transparencia y, en suma, de una mayor exigencia que deberá ser asumida por los municipios, titulares del servicio, independientemente de la fórmula de gestión que tenga cada uno.

Otro frente importante que tenemos en el año que acaba de comenzar, es afrontar la diarrea legislativa autonómica en materia de agua (Extremadura, Galicia, Baleares, Canarias, etc.). Aquí AGA realiza fundamentalmente una labor de análisis de la legislación y presentación de alegaciones, todas ellas tendentes a la defensa de la autonomía local, de la gobernanza, la eficiencia y la calidad en la gestión y la transparencia en la información, como no podría ser de otra manera, tratando además de que no se legisle en el ámbito autonómico lo ya legislado a nivel nacional.

Por todos estos motivos, nos parece que es básico ocuparnos, desde la Asociación, de la formación adecuada de los trabajadores del sector, haciendo especial hincapié en una formación profesional de calidad, que contemple las familias profesionales adecuadas a las labores que se realizan en la gestión cotidiana de las empresas del sector. Para ello, esta asociación mantiene reuniones periódicas con todos los actores involucrados: ministerios, consejerías, y organismos especializados.

Sería bueno recordar, para finalizar, que el servicio de agua urbana es un servicio esencial, de competencia municipal, que crea empleo fijo local (un 85% frente al 74% de media de la industria), que fomenta la sostenibilidad (2º país del mundo en reutilización de aguas regeneradas), que practica el autoconsumo (28% frente al 6% de la industria), que tiene capacidad de atracción de inversión (se necesita invertir 2.500 M€/año en los próximos 10 años para renovar las infraestructuras), que es el sector que más invierte en la España despoblada (un 36% más por habitante que en las regiones más favorecidas), que es usuario habitual de energías renovables y que tiene en su ADN la eficiencia energética como bandera para el aumento de su productividad.

Por todos estos aspectos, consideramos que el agua debe estar más presente en la agenda de los políticos y en la consideración de la sociedad, siendo necesaria una armonización del sector, que supere el actual contexto de dispersión competencial en los 3 niveles administrativos del país: estatal, autonómico y local.