Circularidad urbana: de obligación normativa a beneficio compartido

La gestión circular de los recursos es un pilar fundamental de la sostenibilidad del mundo que heredarán las futuras generaciones. El Global Circularity Protocol estima que una adopción generalizada de estrategias circulares podría lograr, entre 2026 y 2050, una reducción global del 7% de las emisiones de CO₂ y un ahorro de 120.000 millones de toneladas de materiales.

El énfasis de administraciones, empresas, inversores y sociedad civil en la sostenibilidad como eje de competitividad y bienestar está configurando un entorno regulatorio, financiero y operativo muy favorable para la gestión circular de los residuos. La inversión milmillonaria de fondos internacionales en operadores medioambientales españoles en los últimos años ilustra muy bien el atractivo del sector.

Las ciudades son un vector clave para avanzar en la inaplazable transición circular. Según el World Economic Forum, las actividades desarrolladas en las ciudades concentran el 75% del consumo de recursos materiales a escala global. La gestión de los residuos urbanos es una actividad esencial, con gran dimensión económica en las economías avanzadas. Según el Observatorio Sectorial DBK, en España este mercado superó los 4.500 millones de euros en 2024.

El enorme desafío de la excelencia en la circularidad urbana

La circularidad urbana tiene un “elefante en la habitación”: el cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión Europea.

El tamaño del paquidermo es especialmente significativo en el caso de España. El porcentaje de preparación para la reutilización y el reciclado de residuos de los municipios españoles apenas superó el 25% en 2022 una vez descontadas las categorías de residuos que dejarán de computar a partir de 2027. Este dato está muy por debajo de los objetivos recogidos en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, fijados en el 60% y el 65% para 2030 y 2035 respectivamente. La tendencia futura derivada de la evolución histórica no invita al optimismo.

El coste de este incumplimiento va mucho más allá de posibles sanciones o de “salir mal en la foto” en informes y estadísticas. Un desempeño estructuralmente pobre en la recirculación de los residuos municipales puede ralentizar o incluso cancelar inversiones en infraestructuras de reciclado y valorización, con el consiguiente perjuicio económico y ambiental para municipios y ciudadanía. Un círculo también, pero vicioso en este caso.

La piedra angular para alcanzar la excelencia en la circularidad urbana somos los propios ciudadanos, mediante el acto cotidiano de separar adecuadamente los residuos en el hogar. Esto exige adaptar hábitos, espacio y equipamiento

Para que este esfuerzo se lleve a cabo de forma sostenida, resulta necesario ofrecer una respuesta convincente a la legítima Gran Pregunta del ciudadano: “¿Qué gano yo con esto?”. La ciudadanía precisa información completa y rigurosa sobre el impacto de su comportamiento cívico y constatar que este se traduce en una mejora tangible de su calidad de vida. Cuanto mayor es el esfuerzo requerido, mayor debería ser la recompensa.

El reto, por tanto, consiste en reconfigurar el modelo de recogida de residuos para potenciar la implicación ciudadana, de forma que responda de forma eficaz la Gran Pregunta.

El Pago por Generación: ingrediente fundamental del nuevo modelo

El Pago por Generación (PxG), contemplado en la Ley 7/2022 y ya consolidado en otros países europeos con elevadas tasas de reciclado municipal como Austria y Bélgica, permite establecer incentivos económicos a los ciudadanos que minimizan sus residuos y los separan y depositan adecuadamente.

Con este modelo, los ciudadanos cívicos pagan menos por la gestión de sus residuos que el resto, ya que su comportamiento genera un beneficio económico y ambiental para la ciudad; por ejemplo, evitando el coste del depósito en vertedero o incrementando los ingresos por la valorización de los residuos bien separados.

Existen múltiples variaciones e interpretaciones del modelo PxG, una temática que por sí sola justificaría un artículo específico. A efectos de simplificación y con fines ilustrativos, un sistema PxG “de máximos” integraría las siguientes actividades básicas:

1. Aportación de información y herramientas al ciudadano.

2. Separación y depósito de residuos por el ciudadano.

3. Recogida de los residuos.

4. Captura y procesamiento de datos operativos.

5. Control de calidad de la separación.

6. Facturación al ciudadano.

7. Pago por parte del ciudadano.

8. Retroalimentación a partir de la información operativa y financiera.

Integrar con éxito un sistema de este tipo en un servicio tradicional supone un reto considerable: hace necesario incorporar nuevas actividades, procesos operativos e infraestructuras, así como desarrollar un nuevo modelo relacional con el ciudadano.

Cada entidad local debe decidir en qué medida quiere acometer este reto, poniendo en un lado de la balanza la complejidad y el riesgo de ejecución del nuevo modelo y, en el otro, los beneficios económicos, ambientales y sociales de ponerlo en práctica. Creer en él y considerarlo una prioridad estratégica para la ciudad resulta imprescindible para dar el paso. Las ciudades con visión y fibra innovadora liderarán el cambio.

Innovación colaborativa para una implantación sólida

En cualquier proceso de desarrollo y despliegue de nuevos modelos, el “cómo” es tan importante como el “qué”. El carácter de servicio público esencial y la necesidad de trabajar espacios aún poco explorados, como la motivación emocional del ciudadano, hace aconsejable impulsar proyectos de experimentación en entorno urbano para calibrar los parámetros del sistema y maximizar el acierto del marco que se plasmará en los pliegos de licitación.

Surge así una nueva generación de programas de innovación urbana colaborativa, liderados por las entidades locales con la participación de ciudadanía, empresas y otros agentes, como el ámbito académico y el social.

Existen factores específicos que pueden facilitar las iniciativas de diseño y puesta en práctica de sistemas PxG en las ciudades españolas:

1. Hay numerosas referencias de ciudades europeas con sistemas PxG consolidados, así como proyectos de investigación sobre la materia. No es necesario, ni aconsejable, empezar de cero.
2. Las entidades locales y los operadores medioambientales españoles conocen bien la dinámica operativa urbana y la sensibilidad ciudadana.
3. Una tasa de residuos (o, en este contexto, una “tarifa”) que refleje con precisión la parte del coste de la gestión de residuos imputable a cada unidad ciudadana, constituye el punto de partida para desplegar un sistema de incentivos que tome la tarifa como referencia.
4. Hay soluciones disponibles y probadas para gestionar los requerimientos operativos, de información y transaccionales de un modelo PxG.
5. Los fundamentos del PxG ya se aplican con normalidad en otros servicios esenciales, como el suministro de agua, electricidad o gas.

¿Evolución o transformación?

La evolución del modelo actual de recogida de residuos para implicar eficazmente al ciudadano puede tener el efecto colateral de activar nuevas dinámicas de contratación y competitivas con perfil transformador. Por ejemplo:

1. Alianzas de los operadores tradicionales del servicio con compañías expertas en nuevas capacidades como inteligencia basada en datos, procesos B2C (empresa a consumidor) o análisis sociodemográfico.

2. Mayor integración de la contratación y operación de los servicios de recogida, gestión de puntos limpios y tratamiento para capturar sinergias operativas y de conocimiento habilitadas por una visión integral de la gestión de las distintas fracciones de residuos.

3. Interés por la gestión del servicio por parte de empresas de sectores distintos del medioambiental, como el energético o el tecnológico.

Todos ganamos

Parece difícil pensar que en 2035 el modelo de recogida de residuos urbanos mantendrá su configuración actual. Tanto en un escenario de evolución gradual como en otro más transformador, el camino hacia la circularidad requerirá ampliar el alcance del servicio y aumentar la inversión en él, respaldada por su atractivo retorno financiero e impacto positivo.

En definitiva, la transición circular reforzará el protagonismo de la sociedad civil como agente de cambio, acelerará la contribución de las ciudades como motores de riqueza y sostenibilidad y abrirá oportunidades únicas a aquellas organizaciones que mejor sepan anticiparse y dar respuesta al nuevo escenario.

La circularidad urbana debe ser, ante todo, mucho más que una mera obligación normativa: un proyecto compartido e ilusionante para todas las partes.