Crónica de lo que fue 2025 en el mundo de las infraestructuras

Como continuación de los años anteriores más próximos a él, fue un año triste que pasó con pena y sin gloria.

Es verdad que aumentaron algo las inversiones, ya de por sí escasas, más las autonómicas, pero no en la cantidad suficiente como para pensar que se ha iniciado el camino franco de la recuperación de la inversión, tanto para construir las infraestructuras como para mantenerlas.

Las promesas de las administraciones públicas vertidas en los planes hidrológicos de cuenca, administración central y autonómicas, no se han cumplido; es lo normal. El actual 2022-2027 lleva, como fue habitual en los dos planes anteriores, un retraso importante. El grado de cumplimiento del plan anterior no alcanzó el 50 %.

Durante el año pasado estuvieron operativos los fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero su presencia poco se ha notado en materia de inversiones.

2025 heredó las consecuencias acaecidas por el paso de la DANA, un fenómeno atmosférico excepcional que se manifestó con todo su poder. Destrucción y, sobre todo, pérdidas de vidas de personas que confiaban en las instituciones públicas para su defensa; pérdidas irrecuperables que afectan a muchas otras personas. Los daños materiales se han ido solucionando o están en vías de solución a base, esencialmente, del sistema de contratación por emergencia, aquí bien empleado.

Ante esta situación es de razón que interroguemos a la ciencia y a la técnica y que estas hablen con libertad, para que nos digan si las consecuencias habidas a causa de estos sucesos hubieran sido más livianas en el caso de que hubieran estado construidas las infraestructuras planificadas y los cauces limpios, pues es cierto que la circulación del agua limpia es muy distinta a la del agua con muchos sólidos en suspensión. No es lícito utilizar el comodín del cambio climático; no puede ser la excusa para no cumplir los deberes. Es hora de que todas las personas al frente de las instituciones tengan conocimiento de la materia de la que son responsables.

Según un informe reciente, el agua necesita inversiones de más de cien mil millones de euros para ponerse al día, a ejecutar en los próximos diez años

Por si no está claro, estamos y continuaremos hablando de la problemática de las infraestructuras, de su ejecución y conservación y de las cosas que es necesario mejorar y cambiar para que el resultado sea óptimo en bien de la sociedad.

La necesidad de aumentar las inversiones en infraestructuras, que han venido decayendo desde el año 2008, no es ninguna novedad, es un hecho que venimos denunciando con asiduidad. Según un informe reciente, el agua necesita inversiones de más de cien mil millones de euros para ponerse al día, a ejecutar en los próximos diez años.

La situación actual enturbia la buena imagen del sector de la construcción español, cuyo prestigio internacional es patente. Por si fuera poco, la presunta corrupción de la que tanto se habla no aporta nada bueno a esa imagen. Conviene aclarar el panorama con urgencia y, en su caso, apartar a los corruptos, si los hubiera. No es justo mantener este estado de cosas en el que quedan en entredicho las administraciones públicas, las empresas y los trabajadores, cuando la historia nos habla del buen hacer en la construcción, lo que no significa que en un cesto de naranjas no pueda aparecer un limón. Y qué decir de los técnicos, bien formados y avezados en la materia, que son apreciados internacionalmente.

Los actuales acontecimientos con consecuencias luctuosas en el ámbito del ferrocarril y los antes referidos, desvelan con claridad la necesidad de aumentar el gasto productivo, o lo que es igual, el gasto en infraestructuras de nueva construcción y en la conservación de todas las que tenemos. Ello, en aras de la seguridad de las personas y de las cosas. Lo primero es atender el gasto productivo para incrementar el stock de capital público del que depende la actividad económica; el progreso. En el caso del agua ese capital permite que las personas vivan con dignidad; sin agua no hay vida.

A las dichas carencias hay que sumar los problemas que conllevan la ejecución de las infraestructuras y su mantenimiento desde que se concibe la idea hasta que se ejecuta. Aquí enunciaremos solo algunos.

La calidad de los proyectos ha de ser óptima, pero no lo es. El principal problema es que el presupuesto por el que salen a licitación no es suficiente

La calidad de los proyectos ha de ser óptima, pero no lo es. El principal problema es que el presupuesto por el que salen a licitación no es suficiente. Luego, en la fase de ejecución se presentan los problemas que se intentan achacar al contratista; así consta en los actuales pliegos y cláusulas de los contratos, pues a nadie le gusta asumir los errores propios.

Desde que se aprueba un proyecto hasta que se licita y adjudica pueden pasar muchos meses y hasta años, en consecuencia, el presupuesto pierde actualidad, deviene a ser escaso. Además, la revisión de precios, en el caso de que la contemple el pliego, no opera desde el inicio de las obras y no se aplica al presupuesto total. Los límites actuales que hacen operar la revisión de precios solo tienen sentido en sistemas sin o con poca inflación. Y además, por todos es sabido que, rara vez, los índices reflejan la realidad de las variaciones de los precios reales.

En el ámbito internacional, los pliegos incluyen anticipos al inicio de las obras, convenientemente avalados, que se irán descontando en las sucesivas certificaciones. En España nada de esto tiene lugar. La experiencia demuestra que la mayor parte del presupuesto se certifica en la etapa final. La generalizada ausencia de la revisión de precios y de anticipos da lugar a un trato injusto para el contratista, sobre el que los órganos de contratación hacen recaer cargas adicionales que van en contra del posible y lícito beneficio.

El estado de cosas actual está haciendo aflorar un estado de opinión que castiga a todo el ámbito de la construcción y eso es injusto.

En la vertiente práctica, algunos órganos de contratación responsables de las infraestructuras, han decidido que para que el proceso de contratación sea más trasparente, lo mejor es generalizar  las subastas, en claro olvido de los problemas que conllevan durante la construcción y contraviniendo la legislación europea que impone la búsqueda de la mejor relación calidad-precio; contravención nada extraña, teniendo en cuenta que la Ley de Contratos del Sector Público, en algunos casos, no sigue con fidelidad la regulación establecida por el derecho europeo.

Con unos presupuestos prorrogados, la finalización de los fondos Next Generation, un año con varias elecciones a la vista y una clase política que, hasta ahora, no ha asumido con plenitud la ineludible necesidad de potenciar las infraestructuras, el tema no pinta bien y, por tanto, si no cambian las cosas, 2026 no será el año del comienzo del cambio.

Con cierta frecuencia se publican informes sobre distintos aspectos de la problemática de las infraestructuras, todos ellos muy loables, pero, sin duda, lo más conveniente para saber su situación, la de todas, públicas y privadas, es que la administración pública, con las ayudas que necesite, haga un informe cuantificándolas, dictaminando su estado y estableciendo el coste de las nuevas, de la remodelación de las que existen y de la conservación de todas ellas. Y como colofón un plan de actuación a desarrollar por personas conocedoras de la materia, que sea vinculante. Conviene recordar que los Presupuestos Generales del Estado en esta materia no lo son.

En lo que al agua respecta, hay que reivindicar la buena gestión de los operadores que, muchas veces, haciendo esfuerzos extracontractuales evitan incidentes ¡Sale agua por el grifo y la sucia de la casa! No pasa nada, pero no es cierto.

Continuamos a la espera de que, en un futuro no muy lejano, se produzcan, con la debida frecuencia, los pertinentes debates parlamentarios que lleven a establecer el mejor plan de infraestructuras y lo sigan. Plan que debe de ser vinculante.