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11-12-2025
Han pasado veinticinco años desde que la Comisión Europea impulsó un cambio de paradigma en la gestión del agua con la aprobación de la Directiva Marco del Agua (DMA) (2000/60/CE), que introdujo los principios esenciales de sostenibilidad ambiental, económica y social en el uso del recurso. La DMA incorporó el concepto de recuperación de costes bajo el principio de “quien contamina paga” y estableció la participación pública como elemento central para la integración social de las políticas hídricas. Esta visión transformadora marcó un antes y un después, abriendo la puerta a un conjunto de directivas complementarias sobre aguas subterráneas, sustancias prioritarias o gestión de inundaciones que consolidaron un marco común de planificación y gestión.
Sin embargo, pese a los avances, persisten retos estructurales: la recuperación de costes sigue por debajo del 70-80%, la valoración de los servicios ecosistémicos en los análisis coste-beneficio es aún limitada, y alrededor del 60% de las masas de agua europeas no alcanzan el buen estado ecológico.
Pese a los avances, persisten retos estructurales: la recuperación de costes sigue por debajo del 70- 80%, la valoración de los servicios ecosistémicos en los análisis costebeneficio es aún limitada, y alrededor del 60% de las masas de agua europeas no alcanzan el buen estado ecológico.
En España, tras tres ciclos de planificación hidrológica y una inversión prevista superior a 180.000 millones de euros, la ejecución real de las medidas no ha superado el 50% y el porcentaje de masas de agua en buen estado apenas ha pasado del 40% al 55% en casi dos décadas. Tampoco la garantía de abastecimiento ha mejorado de manera significativa en las cuencas más tensionadas, especialmente en el sureste peninsular, donde los índices de explotación se mantienen elevados. El camino es correcto, pero los resultados no alcanzan las expectativas deseadas, lo que obliga a replantearse los retos que debemos afrontar en la aplicación práctica de las políticas de agua y la aplicación de las nuevas directivas europeas.
En este contexto, la Unión Europea ha iniciado en los últimos años un proceso de revisión y actualización de las principales normas relacionadas con la calidad del agua, enmarcado en la estrategia “Zero Pollution” (COM(2021) 400 final). Entre ellas destacan la Directiva de Aguas para Consumo Humano (UE/2020/2184), la nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (UE/2024/3019), conocida como TARU, y la revisión de la Directiva de Sustancias Prioritarias, pendiente de publicación.
La Unión Europea ha iniciado en los últimos años un proceso de revisión y actualización de las principales normas relacionadas con la calidad del agua, enmarcado en la estrategia “Zero Pollution”.
Todas comparten el objetivo de reducir la presencia de contaminantes químicos en el medio, pero difieren en los criterios de regulación, las sustancias objeto de control y los umbrales de calidad. El caso de los compuestos perfluoroalquilados (PFAS) es un buen ejemplo: se regulan de forma distinta según se trate de agua para consumo humano, o la calidad ambiental. Lo mismo ocurre con los fármacos utilizados como indicadores en la TARU, que no coinciden con los contemplados en la revisión de sustancias prioritarias. Esta fragmentación normativa agrava la consecución de los objetivos de calidad en el medio y para los diversos usos, especialmente en los países mediterráneos y zonas áridas, donde la escasez hídrica y la poca dilución de los vertidos obliga a concebir el ciclo completo del agua y su calidad como una única realidad.
La respuesta pasa por adoptar una visión integrada del ciclo, el concepto “One Water”, que contemple saneamiento, medio receptor, reutilización y potabilización como fases de un sistema circular común.
A ello se suma el impacto del cambio climático, que actúa en dirección contraria a los objetivos de calidad y disponibilidad. En Cataluña, series históricas de los últimos cien años muestran descensos medios del 7% por década en los caudales fluviales. En los planes hidrológicos españoles actualmente en revisión, las aportaciones naturales de los ríos se han revisado a la baja entre un 6% y un 18%. En este escenario, el agua vertida por los sistemas urbanos de saneamiento llega a representar una fracción significativa, cuando no dominante, del caudal circulante en determinados tramos de ríos especialmente en períodos secos, cada vez más frecuentes.
Diseñar tratamientos basados solo en un conjunto limitado de contaminantes guía puede resultar insuficiente en situaciones de escasez extrema, cuando el agua depurada o regenerada representa una proporción significativa del caudal total.
Por ello, los estándares de vertido, los objetivos de calidad ambiental y los requisitos de potabilización deben entenderse como piezas de un mismo engranaje. Carece de sentido imponer tratamientos cuaternarios de alto coste, como los previstos en la TARU, si aguas abajo los ecosistemas continúan expuestos a contaminantes no regulados que impiden cumplir los objetivos de calidad o comprometen la captación para consumo. La respuesta pasa por adoptar una visión integrada del ciclo, el concepto “One Water”, que contemple saneamiento, medio receptor, reutilización y potabilización como fases de un sistema circular común.
La reciente Water Resilience Strategy (COM(2025) 280 final) aprobada por la Comisión y el Parlamento europeos, refuerza precisamente esta visión. Propone estrategias coordinadas de mejora de la calidad del agua para aumentar la resiliencia frente a la sequía, con especial atención a las regiones con estrés hídrico estructural.
La experiencia de Cataluña durante la sequía de 2022-2024 ofrece un ejemplo revelador. La Estación de Aguas Regeneradas del Prat permitió mantener el abastecimiento de Barcelona vertiendo agua tratada en el río Llobregat pocos kilómetros aguas arriba de la captación de potabilización, con una dilución cercana a 1:1. Este sistema de reutilización potable indirecta (IPR) fue posible gracias a un riguroso control de la calidad del agua. En este sentido, los análisis previos a su puesta en marcha detectaron compuestos de preocupación que no figuran entre los regulados, ni siquiera en la nueva TARU. Ello demuestra que diseñar tratamientos basados solo en un conjunto limitado de contaminantes guía puede resultar insuficiente en situaciones de escasez extrema, cuando el agua depurada o regenerada representa una proporción significativa del caudal total.
La gestión sectorial del ciclo urbano del agua, disociada de los estándares de calidad en el medio receptor y los requerimientos para determinados usos del agua, se traduce en ineficiencias para la correcta gestión del agua.
La nueva TARU supone una actualización profunda del marco europeo de depuración. Amplía las obligaciones de tratamiento a aglomeraciones urbanas desde 1.000 habitantes equivalentes, e introduce requisitos más exigentes en la eliminación de nutrientes (nitrógeno y fósforo) y microcontaminantes de origen farmacéutico o cosmético mediante tratamientos terciarios más rigurosos y cuaternarios.
En los países mediterráneos, esta norma abre una oportunidad para consolidar la reutilización del agua depurada, incluso con fines potables, en un contexto de creciente escasez. La TARU también refuerza el control de los desbordamientos en episodios de tormentas, cuya frecuencia aumenta por el cambio climático, y establece la figura de la responsabilidad ampliada del productor (RAP) para financiar parte de los costes de los tratamientos cuaternarios.
En España, la aplicación plena de la TARU podría requerir una inversión inicial cercana a los 1.000 millones de euros y un coste anual de operación adicional de entre 200 y 400 millones. Pero estas cifras podrían ser mayores en cuencas con baja capacidad de dilución, donde el agua vertida constituye prácticamente todo el caudal circulante.
Este aspecto remite a una de las limitaciones históricas del modelo de saneamiento europeo: la aplicación de estándares de emisión uniformes, sin considerar la sensibilidad del medio receptor. En numerosas cuencas españolas, los estudios de presiones e impactos publicados en base a la DMA muestran que el cumplimiento normativo de la antigua Directiva de Saneamiento Urbano (91/271/CEE) no garantiza una calidad ambiental adecuada en determinadas masas de agua. Ríos que reciben efluentes depurados conforme a los estándares establecidos pueden presentar concentraciones excesivas de nutrientes, sales o algunos contaminantes prioritarios, lo que impide su reutilización agrícola o dificulta su potabilización.
La gestión sectorial del ciclo urbano del agua, disociada de los estándares de calidad en el medio receptor y los requerimientos para determinados usos del agua, se traduce en ineficiencias para la correcta gestión del agua tanto desde el punto de vista de integridad ambiental como para la preservación de los usos del agua. Superar esta fragmentación exige un cambio de enfoque. Los ecosistemas acuáticos, ríos, humedales, zonas ribereñas, actúan como parte funcional de los sistemas de depuración y recarga de aguas subterráneas. Su deterioro reduce la capacidad natural de autodepuración y aumenta la vulnerabilidad frente a las sequías.
Lejos de considerarse un complemento, las Soluciones Basadas en la Naturaleza deben integrarse como una extensión de los sistemas de tratamiento y reutilización.
El Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza (UE/2024/1991), alineado con el Pacto Verde Europeo, impulsa la restauración de los ecosistemas acuáticos como herramienta para mejorar la calidad del agua y reforzar la resiliencia hídrica. En este sentido, las Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS) ofrecen una alternativa técnica y económicamente viable. La rehabilitación de humedales, filtros verdes o bosques de ribera ha demostrado una notable eficacia en la eliminación de nutrientes, fármacos, microplásticos y genes de resistencia bacteriana, facilitando la integración del agua en el entorno con garantías de calidad. Además, su mantenimiento es mucho menos costoso que el de las infraestructuras convencionales, y aportan beneficios adicionales en biodiversidad, paisaje y adaptación climática. Lejos de considerarse un complemento, las NBS deben integrarse como una extensión de los sistemas de tratamiento y reutilización.
En definitiva, la política del agua en Europa entra en una etapa decisiva. Las nuevas directivas, el cambio climático y la creciente presión sobre los recursos hacen imprescindible abandonar la visión sectorial que ha predominado durante décadas. En regiones con escasez estructural, la integración debe materializarse en la armonización de los estándares de vertido, los objetivos de calidad del medio y los requisitos de potabilización; en la planificación conjunta de las inversiones en saneamiento, reutilización y restauración ecológica; y en la incorporación de los servicios ambientales en los análisis de costes y beneficios.
La participación pública y la transparencia, pilares de la DMA, deben reforzarse para garantizar la legitimidad y eficacia de las decisiones. En última instancia, la resiliencia hídrica no dependerá solo de nuevas tecnologías ni de marcos normativos más exigentes, sino de la comprensión colectiva de que el agua constituye un recurso único y continuo. Cada decisión, desde el saneamiento urbano hasta la gestión agrícola o la restauración ambiental, repercute sobre el conjunto del sistema. Asumir plenamente el concepto de “una sola agua” (One Water) no es solo una aspiración, sino una necesidad estratégica para asegurar una correcta resiliencia hídrica.
