El nuevo marco europeo de residuos: qué deben saber ya los municipios

Un ayuntamiento que hoy saca a licitación su contrato de recogida de residuos está tomando decisiones para los próximos diez años. Pero el marco normativo europeo que va a regir esos diez años acaba de cambiar de forma sustancial. En los dos últimos años, la Unión Europea ha aprobado un paquete legislativo muy ambicioso en materia de residuos y economía circular.

Los ayuntamientos españoles no parten de cero. La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular ya incorporó buena parte de esa lógica, la recogida separada obligatoria, los objetivos de preparación para la reutilización y el reciclado, anticipando un marco europeo que ahora se consolida con obligaciones concretas para los productores, plazos, y exigencias de reporte de información.

¿Qué quiere realmente Europa? Cerrar el ciclo de los materiales: que lo que se produce se diseñe para durar, reutilizarse y reciclarse, y que los residuos recuperados con una alta calidad vuelvan a las cadenas de suministro, convirtiéndose así en un recurso fundamental. Y que quien pone el producto en el mercado asuma parte de los costes de la recogida separada. Todo ello enmarcado en una apuesta estratégica de la Unión Europea: la gestión de residuos como palanca de competitividad, de transición ecológica y de reducción de dependencias en un contexto geopolítico cada vez más incierto.

El nuevo marco europeo no introduce un modelo distinto, sino que aterriza con precisión quién paga, quién hace y qué se reporta

La distancia entre la visión europea y la realidad municipal no es solo operativa, sino de enfoque. Ambos describen el mismo proceso: que lo que el ciudadano tire acabe convertido en recurso. El municipio no es el último eslabón de la cadena europea: es el primero.

Bajo el Pacto Verde Europeo, la Comisión ha puesto en marcha desde 2020 más de treinta medidas enmarcadas dentro del Plan de Acción de Economía Circular. Estas medidas abarcan todo el ciclo de vida de los productos, desde el diseño hasta la reparación, la reutilización y la gestión de los residuos. Los reglamentos y directivas adoptados en este marco incluyen temas como las baterías, el ecodiseño, el textil o los envases. Todos ellos impactan en mayor o menor medida en la gestión de las entidades locales. Para este artículo nos centramos en las que tienen un efecto más directo sobre la gestión municipal de residuos: la revisión de la Directiva Marco de Residuos (DMR) y el Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR). Sin olvidar el impacto que el Reglamento de Ecodiseño para Productos Sosteniblesjunto con el Reglamento de Etiquetado Energético tendrán sobre la reparabilidad y prevención del textil y el pequeño electrodoméstico.

La DMR y el PPWR no suponen una ruptura con el modelo anterior. Lo consolidan y lo concretan. Tres puntos lo resumen.

La transición hacia los SCRAP de textiles obligará a reordenar operadores, contratos y responsabilidades en un periodo todavía incierto

Primera: entran nuevos actores. Los productores de textil y de alimentos asumen obligaciones específicas asignadas de reducción y responsabilidad ampliada del productor (RAP) sobre sus residuos.

Segunda: los productores se hacen cargo de más. La RAP que hasta ahora tenía un alcance, se amplía para financiar el nuevo etiquetado de los contenedores municipales y los estudios de caracterización de residuos, además de la recogida separada que ya formaba parte de sus obligaciones.

Tercera: el dato toma protagonismo. La obligación de reporte municipal no es nueva, la Ley 7/2022 ya la establecía. Lo que cambia con el PPWR es la concreción de los datos: qué información, con qué formato y con qué consecuencias. El dato municipal es el primer paso con el que España acredita ante la Comisión Europea el cumplimiento de sus objetivos en materia de residuos. Sin un dato fiable a nivel local, el cumplimiento estatal puede fallar.

Pero, ¿qué significa esto en la práctica para un ayuntamiento?

La DMR revisada obliga a los productores textiles a financiar la recogida separada de sus residuos a través de sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP). El Estado miembro debe asegurarse que ese sistema de recogida funcione para todo el territorio, también donde no sea rentable. La obligación de contar con recogida separada del residuo textil ya existía a partir de la Ley 7/2022, pero lo que cambia ahora es quién la financia y cómo se organiza el sistema. Los productores tendrán que constituir o adherirse a un SCRAP que financie esa recogida en todo el territorio. Los municipios y las entidades sociales, que son quienes la están gestionando hoy, podrán participar en estos SCRAPs. El reto para los ayuntamientos es gestionar la transición: qué pasa con los operadores de la economía socialque ya están en el terreno, cómo se articulan los nuevos sistemas RAP con los contratos o convenios municipales existentes, y quién cubre el coste mientras ese nuevo modelo termina de ponerse en marcha.

El desperdicio alimentario entra en la agenda local con objetivos vinculantes y efectos directos sobre la fracción orgánica

Además, los productores deberán cubrir los costes de los estudios de composición de los residuos municipales mezclados para determinar la proporción del residuo textil, así como los costes de comunicación de esos datos. Una obligación que vuelve a incidir en la importancia de los datos.

La otra gran pata de la DMR revisada es el desperdicio alimentario. La directiva fija un objetivo vinculante de reducción del 30% antes de 2030 en hostelería, restauración y hogares. Aunque las obligaciones recaen sobre el sector HORECA, los ayuntamientos no quedan al margen: como administración, deben fomentar el cumplimiento en su territorio; en el caso de ser gestores de colegios, residencias o servicios de cafetería públicos, están directamente sujetos a la ley; y como responsables de la recogida de la fracción orgánica, son quienes van a notar en sus sistemas de gestión si el sector HORECA reduce, o no, lo que tira.

Por su parte, el PPWR amplía los costes que deben asumir los productores. Además de financiar la recogida separada, tendrán que hacerse cargo del nuevo etiquetado armonizado europeo de los contenedores municipales, cuyo horizonte temporal máximo será a principios de 2029, y de los estudios de caracterización de los residuos municipales mezclados. Si bien la obligación de financiar el cambio del etiquetado de los contenedores municipales recae sobre los productores, en la práctica serán los ayuntamientos quienes coordinen la implantación. Este no es un cambio menor: el nuevo etiquetado será novedoso para la ciudadanía, y los ayuntamientos, por su cercanía, tendrán un papel clave en la sensibilización.

El PPWR amplía costes para los productores, pero sitúa a los ayuntamientos en el centro de la implantación y la sensibilización ciudadana

El PPWR consolida también la implantación del sistema de depósito, devolución y retorno de envases, ya exigido por la Ley 7/2022. Con su puesta en marcha se espera una reducción en los volúmenes que gestionen los ayuntamientos de residuos de envases, y surgen nuevas preguntas: cuántos puntos de depósito y dónde se localizan. Asimismo, la basura dispersa pasa a ser una obligación financiada por los productores, pero ejecutada por los municipios. Todo ello tiene implicaciones directas sobre los contratos de recogida, las rutas y la caracterización de los residuos.

Por último, el reglamento establece una cadena de comunicación de datos que arranca en el municipio. El ayuntamiento que gestiona y comunica bien sus datos no solo cumple, está en mejor posición para defender sus costes reales. En este sentido, la Asociación de Ciencias Ambientales ha publicado una Guía para ayudar a los municipios a comunicar información sobre sus residuos de forma accesible y eficiente para la ciudadanía, una herramienta práctica que apunta exactamente en esa dirección1.

El marco europeo llega con plazos y obligaciones, y los ayuntamientos no parten de una posición cómoda. Los costes del sistema llevan años al alza, los niveles de recogida separada necesitan seguir mejorando y los mecanismos de financiación del sistema están todavía ajustándose al marco legislativo. Es en este contexto donde aterrizan las nuevas obligaciones del PPWR y la DMR. Para los municipios, especialmente para los más pequeños, afrontarlas en solitario será una tarea ardua que requerirá recursos y apoyo de otros organismos.

La gestión de residuos se consolida como vector de competitividad, autonomía estratégica y transición ecológica en la UE

También hay cosas que los ayuntamientos pueden hacer ya. Revisar a la luz de las nuevas obligaciones las ordenanzas de gestión de residuos y los programas, obligatorios según la Ley 7/2022 para municipios de más de 5.000 habitantes, sería un primer paso. Los ayuntamientos que estén preparando nuevas licitaciones tienen una oportunidad clara para incorporar en los pliegos de la licitación las obligaciones del PPWR y la DMR, y prever cláusulas de adaptación que eviten tener que renegociar el contrato cada vez que cambie el marco normativo. Para los contratos en vigor, el margen es más restrictivo y dependerá de lo que se haya previsto en su momento. Junto a todo ello, disponer de herramientas eficaces de recogida de información es a la vez, una buena práctica, permite ahondar en la publicidad activa de los objetivos alcanzados y se alinea con el cumplimiento normativo.

La buena noticia para los ayuntamientos es que el mayor esfuerzo de adaptación no recae esta vez sobre ellos sino sobre los productores. Para los ayuntamientos, el nuevo marco es ante todo una oportunidad de revisar el modelo de gestión de residuos, apoyándose en una base financiera que se espera más sólida y en un reparto de responsabilidades más equilibrado. Los que aprovechen ese momento saldrán reforzados.