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21-01-2026
En el año que acabamos de despedir se cumplieron 10 años del Plan de Acción para la Economía Circular de la Comisión Europea para respaldar la transición de Europa hacia una economía circular, que vino para impulsar la competitividad mundial, fomentar el crecimiento económico sostenible y crear nuevos puestos de trabajo. Se preveía que las acciones propuestas contribuirían a “cerrar el círculo” de los ciclos de vida de los productos gracias a un mayor reciclado y reutilización, y que reportarían beneficios tanto para el medio ambiente como para la economía.
Los planes desarrollados, a continuación, contribuirían a extraer el máximo valor y uso de todas las materias primas, productos y residuos, fomentando el ahorro energético y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.
Este plan fue respaldado en 2019 con el Pacto Verde Europeo, una estrategia de crecimiento de la Unión Europea (UE) consistente en un paquete de iniciativas políticas para avanzar hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática para 2050.
Sin embargo, 10 años después, las medidas adoptadas desde Bruselas e incorporadas a las legislaciones de sus Estados miembros, no solo no han conseguido los efectos deseados en términos de competitividad empresarial, sino que están provocando el efecto contrario: un aluvión normativo que ha derivado en innumerables trabas burocráticas, una industria abandonada a su suerte para combatir la competencia desleal y unos desorbitados costes energéticos y laborales.
Esa supuesta reindustrialización, respaldada por el Pacto Industrial Limpio y, más recientemente, por el Plan de Acción de la Comisión para el Acero y los Metales, concebida para evitar la dependencia de materiales estratégicos de EE. UU. y China, no solo parece hoy una quimera, sino que por el camino ha dejado a Europa enarbolando en solitario esa bandera de economía circular que pretendía liderar, mientras se enfrenta a las políticas arancelarias emanadas de Washington y el dominio estratégico de Pekín sobre las materias primas críticas necesarias para avanzar hacia la descarbonización.
La nueva Ley de Economía Circular
La nueva Ley de Economía Circular, cuyo primer borrador debería ver la luz a lo largo de 2026, es la última esperanza a la que se agarra la industria para que Europa haga una apuesta decidida y real para garantizar la competitividad de sus empresas. Más allá de lo acertado o desacertado de esta batería interminable de medidas políticas y legislativas iniciada en aras de un cambio de modelo económico, lo que parece que ya todos deberíamos tener claro es que sin competitividad jamás habrá economía circular.
La nueva Ley de Economía Circular, cuyo primer borrador debería ver la luz a lo largo de 2026, es la última esperanza a la que se agarra la industria para que Europa haga una apuesta decidida y real para garantizar la competitividad de sus empresas
Por eso mismo, ha llegado el momento de salir de la zona de confort de los despachos de Bruselas y empezar a escuchar de verdad las peticiones y demandas de la industria recicladora europea, para romper ese círculo vicioso de ensayo y error normativo que está provocando esta pérdida de competitividad industrial.
La industria del reciclaje, pilar angular de una economía verdaderamente circular –dado que gracias a su actividad reduce la dependencia de la UE de las materias primas vírgenes, así como el consumo energético y las emisiones de carbono, además de suministrar a las industrias materiales reciclados de origen local–, opera hoy en un entorno político fragmentado, sometido a una presión creciente de las restricciones a la exportación y la competencia internacional desleal. Por ello, la futura Ley de Economía Circular se perfila como una oportunidad estratégica para afrontar estos retos y traducir las ambiciones de Europa en mercados que funcionen, eliminando los obstáculos a la libre circulación de materiales reciclados y creando una fuerte demanda de productos circulares.
La futura Ley de Economía Circular se perfila como una oportunidad estratégica para afrontar los retos y traducir las ambiciones de Europa en mercados que funcionen
Las medidas de la industria del reciclaje
En este contexto, resulta urgente adoptar las recomendaciones y demandas políticas específicas presentadas por la industria del reciclaje para desbloquear la demanda, establecer condiciones de competencia equitativas para los materiales reciclados y apoyar el desarrollo de una industria del reciclaje competitiva a nivel mundial, en consonancia con los objetivos medioambientales y estratégicos de la UE.
Para ello, es imprescindible garantizar el acceso a los mercados internacionales de los materiales reciclados; consolidar un mercado interior europeo fuerte, capaz de absorber el suministro de materiales reciclados; impulsar de forma decidida la demanda de materiales reciclados y promover la recuperación de materias primas críticas; introducir objetivos obligatorios de contenido reciclado; aplicar criterios obligatorios de contratación pública verde, así como incentivos fiscales y financieros para los productos circulares; adoptar un enfoque basado en el riesgo, con métodos de ensayo armonizados a escala industrial; crear un mercado único fuerte para los materiales reciclados y eliminar las barreras comerciales entre los Estados miembros, mediante el desarrollo de criterios de fin de la condición de residuo a escala de la UE; abordar las deficiencias de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor; mejorar la coherencia en la aplicación y el cumplimiento de normativa europea en todos los Estados miembros; acelerar la transición hacia una economía limpia y circular, proporcionando apoyo financiero para ampliar y desarrollar tecnologías de reciclaje innovadoras, al tiempo que se abordan los elevados costes energéticos, la baja demanda y la volatilidad de los precios de los materiales reciclados; garantizar procedimientos de autorización más ágiles y simplificados, con menor carga burocracia, y abordar con urgencia los riesgos y las consecuencias de los incendios de baterías de litio en las plantas de tratamiento.
Todas estas medidas deberían incorporarse no solo en la futura Ley de Economía Circular, sino también en el conjunto de normativas sobre flujos de residuos que verán la luz a lo largo de 2026.
Entre ellas, el desarrollo del Plan de Acción para el Acero y los Metales de la UE, donde la industria del reciclaje ya ha expresado su preocupación sobre las restricciones recíprocas a la exportación y la posible introducción de “tasas o derechos de exportación” para los metales reciclados. Estas iniciativas podrían generar nuevas barreras comerciales que perjudicarían el funcionamiento de los mercados mundiales de reciclaje y, en especial, a los recicladores de metales europeos.
Actualmente, el 80% de los materiales reciclados que se procesan en Europa se destinan al mercado interior, mientras que el resto se exporta debido a la falta de demanda interna. Por esta razón, resulta esencial activar medidas que fomenten la aceptación y el uso de los materiales reciclados en Europa, en lugar de contemplar nuevas iniciativas que podrían socavar el comercio abierto y competitivo de metales reciclados.
Resulta esencial activar medidas que fomenten la aceptación y el uso de los materiales reciclados en Europa
Más normativas que preocupan
Otras normativas que preocupan especialmente a la industria del reciclaje, por ser susceptibles de incrementar las ya considerables desventajas competitivas, son el Reglamento (UE) 2024/1157, relativo a los traslados de residuos, que desde mayo de 2026 exigirá la notificación y autorización previa para las exportaciones de plástico B3011 fuera de la UE y, desde noviembre, prohibirá estas exportaciones a países fuera de la Decisión OCDE. O la aplicación de la RAP para textiles y el desarrollo del nuevo Real Decreto para la gestión de los residuos textiles y de calzado. O la modificación del Real Decreto de envases para adaptarse al Reglamento (UE) 2025/40. O la finalización del proceso de negociación del nuevo Reglamento de vehículos al final de su vida útil (VFU). O el comienzo de la modificación de la Directiva RAEE. O la publicación de la propuesta por parte del Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS) de los criterios fin de la condición de residuo para los residuos de construcción y demolición (RCD). O la tramitación del proyecto de Real Decreto de muebles y enseres, para dar forma a la obligación incluida en la Ley 7/2022 de residuos para que las entidades locales establezcan la recogida separada de residuos voluminosos (muebles y enseres) desde 2025, facilitando la preparación para la reutilización y el reciclado de alta calidad, así como el desarrollo de los regímenes de responsabilidad ampliada en un plazo de tres años desde su entrada en vigor.
En definitiva, mientras la industria europea del reciclaje enfrenta un proceso de adaptación normativa sin precedentes a lo largo de su historia, es urgente que las medidas legislativas incorporen las demandas de los recicladores para evitar que se vea más afectada la competitividad de sus empresas. Si no se tienen en cuenta sus propuestas, en los próximos meses asistiremos al cierre de numerosas plantas de tratamiento, con la consiguiente y considerable pérdida de empleos, y un posible estancamiento, o incluso retroceso, en la ya iniciada transición hacia una economía circular.
