Retos en la gestión de residuos en 2026: seguridad, armonización y economía circular

El año 2026 se presenta lleno de desafíos para un sector que vive en constante evolución tecnológica y regulatoria. La gestión de residuos industriales y peligrosos deberá afrontar retos estructurales que afectan directamente a la seguridad de las instalaciones, la armonización legislativa nacional y la credibilidad del modelo de economía circular a nivel europeo.

Incendios y baterías de litio

Entre todos ellos, hay uno que destaca con especial intensidad por el auge de los dispositivos inalámbricos y de la movilidad eléctrica, lo que ha potenciado el auge de baterías de litio, un suceso que está incrementando los incendios en las instalaciones de los gestores. Este problema ya no puede considerarse un efecto colateral del proceso de electrificación, sino un riesgo para la cadena de valor de la gestión de residuos en Europa y España no es una excepción.

Desafortunadamente, este aumento de incendios asociados a baterías de ion-litio incorrectamente separadas está generando riesgos graves para la seguridad de los trabajadores, impactos ambientales relevantes y pérdidas económicas significativas para los operadores. Además, en algunos casos, estos incidentes comprometen la continuidad operativa de instalaciones que son esenciales para la gestión de residuos industriales y municipales. Y es que la experiencia demuestra que los sistemas actuales de recogida no están logrando tasas suficientes de captación segura, sobre todo por el impacto que supone el crecimiento acelerado de productos con baterías integradas, especialmente en pequeños aparatos, dispositivos desechables y de bajo coste.

Por ello, la Comisión Europea anunció en el mes de diciembre que, en 2026, dará prioridad a la evaluación de un posible sistema europeo de devolución de depósitos (DRS) para las baterías, adelantando el análisis previsto en el Reglamento europeo de baterías. Asimismo, está estudiando medidas para reforzar la protección frente a incendios y garantizar que los operadores queden adecuadamente asegurados, previsiblemente en el marco de la futura Ley Europea de Economía Circular.

Mientras tanto, la Comisión ha instado a los Estados miembros a adoptar medidas nacionales inmediatas, incluidas contribuciones financieras para la prevención de incendios y campañas de sensibilización dirigidas a los consumidores. Desde la perspectiva del sector, 2026 debe ser el año en el que estas orientaciones se traduzcan en instrumentos concretos y financiados, evitando que los costes derivados de este problema recaigan de forma desproporcionada sobre los gestores.

Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2025-2035 (PEMAR)

A nivel nacional, la aprobación en diciembre del nuevo Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2025-2035 (PEMAR) constituye un hito relevante al sentar las bases de la planificación estatal en un contexto de mayor exigencia ambiental y regulatoria. No obstante, su verdadero alcance dependerá de su capacidad para abordar uno de los principales problemas estructurales del sector: la falta de armonización en los criterios de traslado de residuos y la inseguridad jurídica asociada.

Desgraciadamente, en 2025 se ha intensificado el conflicto derivado de la oposición de algunas comunidades autónomas a los traslados hacia su territorio, mediante regulaciones que hacen prevalecer un mal entendido principio de autosuficiencia frente al de proximidad, pese a que este último cuenta con el respaldo de todos los eslabones de la cadena de gestión y de la mayoría de las comunidades autónomas. Además, se han impuesto limitaciones generales a los traslados, cuando la legislación básica únicamente contempla restricciones bajo supuestos concretos y tras un análisis caso a caso.

Una vez más, conviene recordar que la gestión de residuos industriales y peligrosos exige instalaciones altamente especializadas, diseñadas para operar con elevados estándares técnicos y aprovechar las economías de escala. Sin una movilidad adecuada de los residuos entre territorios, se compromete la competitividad de la industria española, se incrementan los riesgos operativos y se desincentiva la inversión.

El PEMAR debería servir para generar una concepción verdaderamente nacional de la gestión de residuos, planificando y desarrollando la red integrada de instalaciones de tratamiento y eliminación que prevé la ley

En este contexto, el PEMAR debería servir para generar una concepción verdaderamente nacional de la gestión de residuos, planificando y desarrollando la red integrada de instalaciones de tratamiento y eliminación que prevé la ley. Así se evitaría que la suma de planes autonómicos derive en duplicidades en tecnologías y en la escasez de otras igualmente necesarias. Para ello, será clave que en 2026 la Comisión de Coordinación en materia de residuos garantice la aplicación homogénea de la normativa y refuerce la seguridad jurídica del sector.

Descontaminación de suelos

Una buena noticia para parte de nuestro sector ha sido la aprobación de la Directiva (UE) 2025/2360 sobre la vigilancia y la resiliencia del suelo, que marca un punto de inflexión en la política ambiental europea. Por primera vez, la Unión Europea establece un marco jurídico común para proteger un recurso del que dependen la biodiversidad, el agua, el clima y la salud humana, reconociendo que hasta el 70 % de los suelos europeos están degradados.

La Directiva introduce un sistema armonizado de vigilancia, nuevos indicadores científicos para definir un suelo sano y la identificación sistemática de terrenos potencialmente contaminados, desplazando el enfoque reactivo que ha caracterizado históricamente a la remediación. Para el sector de la recuperación de suelos contaminados, este cambio supone una transformación relevante: la descontaminación deja de ser una actuación puntual para integrarse en una política preventiva y estructural, vinculada a la resiliencia y a la planificación territorial.

Es esencial que la Ley Europea de Economía Circular estimule la demanda de materiales reciclados europeos, armonice criterios de fin de condición de residuo y reconozca el papel de la valorización energética para los residuos no reciclables

La futura Ley Europea de Economía Circular

Finalmente, no podemos olvidar que, a lo largo de 2026 se continuará trabajando en la Ley Europea de Economía Circular (Circular Economy Act), que puede ser clave para crear un mercado único de materias primas secundarias, reforzar la competitividad industrial y avanzar en la autonomía estratégica europea. Desde la perspectiva del sector de la gestión de residuos, será esencial que esta ley estimule la demanda de materiales reciclados europeos, mediante objetivos vinculantes de contenido reciclado e incentivos económicos; armonizar criterios de fin de condición de residuo para facilitar el comercio transfronterizo; reconocer el papel de la valorización energética para los residuos no reciclables; y abordar de forma realista la gestión de sustancias peligrosas, impulsando tecnologías de descontaminación que garanticen la seguridad y la calidad de los materiales recuperados.

Como se puede comprobar, 2026 no será un año más para el sector de la gestión de residuos. Será el ejercicio en el que habrá que demostrar que podemos avanzar para  ganar en competitividad con seguridad, armonización legislativa y mediante un marco europeo que apueste por una economía circular alineada con la realidad técnica e industrial del sector. 

Como se puede comprobar, 2026 no será un año más para el sector de la gestión de residuos. Será el ejercicio en el que habrá que demostrar que podemos avanzar para  ganar en competitividad

Ante la incertidumbre actual, estas decisiones determinarán significativamente los próximos años de España y la Unión Europea.