Traslados de residuos: una pieza clave para el reciclaje industrial

La economía circular suele asociarse, de forma casi automática, al reciclaje, la valorización o la recuperación de materiales. Para que todo este sistema funcione, debe existir una red integrada y eficiente de instalaciones capaces de gestionar correctamente los residuos industriales, incluidos aquellos residuos peligrosos o las fracciones de rechazo que inevitablemente generan los procesos de valorización.

Este debate ha adquirido especial relevancia en España tras las limitaciones introducidas por Andalucía a la entrada de residuos peligrosos procedentes de otras comunidades autónomas cuyo destino final sea la eliminación. Una medida que, más allá del debate jurídico generado, plantea una cuestión de fondo: ¿puede existir una verdadera economía circular sin una red nacional coordinada de gestión de residuos industriales? Creemos que la mayoría del sector piensa que no es posible.

¿Puede existir una verdadera economía circular sin una red nacional coordinada de gestión de residuos industriales? Creemos que la mayoría del sector piensa que no es posible.

Reciclaje y eliminación no son sistemas enfrentados

En ocasiones, el debate público se simplifica en exceso contraponiendo valorización y eliminación, como si fuesen modelos incompatibles. Pero la realidad industrial es mucho más compleja.

Buena parte de los residuos peligrosos que se gestionan en España ya pasan previamente por tratamientos avanzados de valorización, estabilización o modificación físico-química antes de llegar a eliminación final. Incluso las tecnologías más sofisticadas generan rechazos inevitables que deben ser tratados de forma segura en instalaciones especializadas.

La realidad es que, en una proporción elevada, no existe una gestión industrial de residuos 100% valorizable. Y tampoco existe economía circular sin capacidad para gestionar adecuadamente aquello que no puede reciclarse. Y este principio es especialmente relevante en sectores como la industria química, la farmacéutica, la metalúrgica, el tratamiento de aguas industriales o determinados procesos de recuperación y reciclaje de materiales.

Todos ellos generan residuos complejos que requieren infraestructuras altamente especializadas y fuertes inversiones tecnológicas. Por eso, la gestión de residuos peligrosos en España funciona sobre una red limitada de centros especializados, con un elevado grado de especialización técnica y necesidad de masa crítica suficiente para garantizar su viabilidad operativa y económica.

La gestión de residuos peligrosos en España funciona sobre una red limitada de centros especializados, con un elevado grado de especialización técnica y necesidad de masa crítica suficiente para garantizar su viabilidad

La importancia de una red integrada

Hay que recordar que La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular establece expresamente la necesidad de contar con una “red estatal integrada de instalaciones” que permita gestionar los residuos en las instalaciones adecuadas más próximas al lugar de generación.

Ese concepto resulta fundamental para entender cómo funciona realmente el sistema, ya que las instalaciones de tratamiento de residuos peligrosos no se distribuyen de forma homogénea por el territorio. Tampoco tendría sentido técnico y económico duplicar todas las capacidades en cada comunidad autónoma porque estas plantas requieren inversiones multimillonarias, tecnologías muy especializadas, autorizaciones complejas y un volumen mínimo de residuos para ser viables.

Por ello, históricamente se ha desarrollado un modelo basado en la especialización territorial y en la movilidad de residuos dentro del mercado nacional. De ahí que la proximidad geográfica no pueda interpretarse desde fronteras administrativas, sino desde la distancia real entre el lugar de generación del residuo y la instalación adecuada más cercana.

Y ahí es donde aparece uno de los grandes problemas del actual escenario. Mientras comunidades como Andalucía impulsan modelos más restrictivos para reservar capacidad de eliminación dentro de su territorio, el sector defiende que la proximidad debe aplicarse a escala nacional y no autonómica.

Sin embargo, hoy se dan situaciones paradójicas desde el punto de vista ambiental y logístico. Por ejemplo, un residuo generado en Almería puede recorrer cientos de kilómetros hasta Huelva dentro de Andalucía, pero no puede ser trasladado desde Badajoz a esa misma instalación pese a encontrarse significativamente más cerca.

Esto introduce barreras artificiales dentro del mercado nacional y rompe la lógica técnica sobre la que se ha construido durante décadas la gestión de residuos industriales en España.

Mientras comunidades como Andalucía impulsan modelos más restrictivos para reservar capacidad de eliminación dentro de su territorio, el sector defiende que la proximidad debe aplicarse a escala nacional y no autonómica

Impacto sobre la industria y la competitividad

Además, el problema no afecta únicamente a los gestores, ya que se trata de una cadena de valor industrial. Y, cuando se limita el acceso a determinadas instalaciones, aumentan los costes logísticos, se incrementan las distancias de transporte, se tensiona la capacidad disponible en otras regiones y se generan incertidumbres operativas para las industrias productoras de residuos.

Las restricciones alteran el equilibrio del mercado, generan presión sobre otras instalaciones, ya próximas a su capacidad máxima, y pueden desincentivar nuevas inversiones en infraestructuras de tratamiento. Por no hablar del riesgo que supone el más que probable aumento de vertidos ilegales ante estas restricciones y aumentos de costes para los productores.

Por eso existe actualmente un alto riesgo de fragmentación territorial del sistema y de la posibilidad de que otras comunidades autónomas adopten medidas similares a la andaluza, comprometiendo el funcionamiento global de la red nacional. Porque, además, hay un contexto de creciente exigencia regulatoria europea, electrificación industrial y expansión de nuevas tecnologías de reciclaje.

De ahí que la economía circular necesite estabilidad regulatoria, seguridad jurídica y una red eficiente de infraestructuras. Sin ello, resulta difícil sostener inversiones industriales intensivas en capital y tecnología.

Existe actualmente un alto riesgo de fragmentación territorial del sistema y de la posibilidad de que otras comunidades autónomas adopten medidas similares a la andaluza, comprometiendo el funcionamiento global de la red nacional

El papel estratégico de las instalaciones especializadas

Las instalaciones españolas son centros altamente tecnificados que partiendo del conocimiento de residuo que se acepta, integran recuperación de materiales, tratamientos físico-químicos y eliminación de lixiviados, siempre con el objeto de garantizar la seguridad del tratamiento y la reducción de impactos para el medio ambiente y la salud.

Y, en la mayoría de los casos, estas infraestructuras están vinculadas a polos industriales históricos que forman parte de ecosistemas productivos complejos, permitiendo optimizar la logística y mejorar la sostenibilidad global del sistema. Indudablemente, uno de estos polos es el suroeste andaluz.

Por eso, limitar artificialmente determinados flujos puede acabar afectando no solo a la eliminación final, sino también a actividades de valorización y reciclaje que dependen de esa infraestructura de respaldo.

Economía circular con realismo industrial

Es indudable que la Unión Europea está impulsando una profunda transformación del modelo productivo mediante nuevas regulaciones sobre residuos, baterías, materias primas críticas o contenido reciclado. Pero, para que estos objetivos sean viables, es necesario abordar la gestión de los residuos desde una perspectiva técnica e industrial realista porque reducir el vertido no puede significar eliminar la capacidad estratégica necesaria para gestionar rechazos inevitables o residuos no valorizables.

La economía circular no se construye únicamente reciclando más. También requiere garantizar una red integrada, especializada y eficiente capaz de gestionar todas las fases del residuo de forma segura.

Desde ASEGRE consideramos que la gestión de residuos industriales y peligrosos debe abordarse como una infraestructura estratégica para la economía circular y la competitividad industrial del país. España necesita una red integrada de instalaciones especializadas, basada en criterios técnicos, proximidad real y seguridad jurídica, que permita aprovechar economías de escala, impulsar la innovación y garantizar una gestión ambientalmente segura y eficiente. Fragmentar territorialmente el sistema mediante restricciones generales al traslado no solo dificulta la operativa industrial, sino que pone en riesgo inversiones, empleo y el propio desarrollo de una economía circular verdaderamente eficiente y sostenible.

La economía circular no se construye únicamente reciclando más. También requiere garantizar una red integrada, especializada y eficiente capaz de gestionar todas las fases del residuo de forma segura