Una vuelta de tuerca exigente para acelerar la circularidad de los recursos

Empezamos el periodo estival con la sensación de que las exigencias en materia de sostenibilidad iban a reducirse sustancialmente. La llamada urgente del informe Draghi: El futuro de la competitividad de Europa, sobre la necesidad de revisar los fundamentos de las políticas europeas en el nuevo contexto mundial, abría la Caja de Pandora de la simplificación administrativa en todos los ámbitos, muy especialmente en el de la sostenibilidad.

En la primera mitad de 2025, los motivos de inquietud no han dejado de confirmarse: desde las duras negociaciones arancelarias impuestas a Europa hasta la amenaza bélica que sobrevuela el continente, todo parece alinearse con una reordenación de prioridades destinada a revisar las políticas aplicables en los Estados miembros, asegurando lo esencial y revisando lo accesorio. El paquete Ómnibus de la UE sigue su tramitación con ese propósito.

Sin embargo, la realidad es tan tozuda como compleja. Ha sido precisamente el verano el que ha puesto en primera plana escenas de incendios devastadores, tensiones energéticas sin precedentes, oscilaciones entre escasez y exceso en la disponibilidad de agua, así como los habituales conflictos por la sobrecarga turística de las infraestructuras naturales y urbanas. A ello se suma la congestión en aeropuertos, líneas ferroviarias y carreteras, problemas que, por desgracia, han pasado a ser estructurales.

Los límites existen, los costes deben cubrirse y los inconvenientes de la falta de previsión se agravan cuanto más tiempo tardamos en afrontarlos

Nada queda exento de la necesidad de administrar y gestionar de forma sostenible los recursos que nuestra sociedad da por supuestos, manteniendo unas condiciones de servicio y consumo que tienen la apariencia de ilimitadas. La realidad es otra; los límites existen, los costes deben cubrirse y los inconvenientes de la falta de previsión se agravan cuanto más tiempo tardamos en afrontarlos.

En el caso concreto de la Economía Circular, reconocida en el propio informe Draghi como una estrategia clave para mejorar la competitividad europea, las noticias no han dejado de sucederse, especialmente en el ámbito de los residuos. La aplicación de la Directiva 2008/98/CE (Directiva Marco de Residuos) y su propuesta de modificación —todavía pendiente de publicación en el momento de redactar este artículo— está generando confusión y expectativas.

Los efectos repercuten directamente en numerosos sectores económicos, en especial en los nuevos sujetos obligados, como el sector textil y del calzado, a los que se les aplicará por primera vez el principio de “quien contamina paga”. Estas industrias deberán adherirse a Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) de nueva creación, para garantizar que se cubren los costes de recogida de los residuos generados por sus productos tras su uso, entre otras obligaciones.

Por su parte, los envasadores de productos de consumo final, que antes canalizaban su responsabilidad a través de SCRAP existentes, están impulsando nuevos sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para determinados flujos de envases. Paralelamente, surgen nuevos SCRAP específicos para envases domésticos e incluso para envases industriales, que antes estaban exentos. A ello se suman novedades en la gestión del desperdicio alimentario, reforzando las disposiciones vigentes y aplicando obligaciones a toda la cadena de valor del sector alimentario y de la distribución.

La Comisión Europea estima que el potencial circular del mercado de la remanufactura en Europa puede pasar de 31.000 M€, a 100.000 M€ en 2030, creando 500 mil empleos y convirtiendo la producción industrial en más sostenible

Todo ello representa una vuelta de tuerca más a las políticas destinadas a cerrar el círculo en el uso de los recursos, manteniéndolos en el ciclo económico (o biológico, cuando corresponda) el máximo tiempo posible y evitando soluciones finales de eliminación. El desafío es enorme, y existe el riesgo de que estas exigencias organizativas y de gestión se conviertan en sobrecostes, cuando el objetivo real debería ser la transformación efectiva de nuestros modelos de producción y consumo.

De hecho, deberíamos cuestionarnos periódicamente la eficacia de estas políticas si no se trasladan de forma significativa al mercado a través de oportunidades en la innovación de materiales, el ecodiseño de productos o la creación de nuevos modelos de negocio que incorporen la lógica circular desde su origen.

Existe el riesgo de que las exigencias organizativas y de gestión circular se conviertan en sobrecostes, cuando el objetivo real debería ser la transformación efectiva de nuestros modelos de producción y consumo

Las expectativas no son menores, según la Ellen MacArthur Foundation se estima que la economía circular podría generar hasta 1.8 billones de euros en beneficios anuales para Europa en 2030 y añadir 7 puntos porcentuales de crecimiento al PIB. La misma institución, afirma que la adopción global de la economía circular podría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 25% para 2040 y alcanzar una reducción de más de 10 millones de toneladas de CO2 equivalente en España.

Sin embargo, las barreras para que las actividades económicas puedan avanzar en la dirección correcta son conocidas y siguen vigentes:

• En primer lugar, los nuevos esquemas obligan a integrar de forma más estricta la cadena de valor de los sectores afectados, lo que aumenta notablemente la complejidad en las negociaciones y ligado a ello, los costes de transacción.

• En segundo lugar, las limitaciones tecnológicas actuales impiden dar plena respuesta, por ejemplo y entre otras muchas, a las exigencias de trazabilidad de los recursos y de composición de materiales, especialmente en el mercado global.

• En tercer lugar, subsisten barreras regulatorias y administrativas entre territorios, tanto dentro como fuera de Europa, que dificultan la escalabilidad de las iniciativas.

• A ello se suma la inestabilidad de los mercados secundarios de materias primas, que ni emiten señales económicas adecuadas para competir con materiales vírgenes, ni ofrecen una estabilidad suficiente para sostener sistemas productivos basados en ellos.

• Finalmente, el papel del consumidor-ciudadano sigue siendo decisivo: sus elecciones de compra y su comportamiento postconsumo resultan tan determinantes como las obligaciones impuestas al resto de la cadena de valor.

En este contexto, la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública previa a la futura Ley Europea de Economía Circular, que finalizará el próximo 6 de noviembre de 2025. Esta puede ser la oportunidad para resolver algunas de las dificultades mencionadas: avanzar hacia un verdadero mercado único de materias primas secundarias, estimular la demanda de contenido reciclado de alta calidad, reforzar la resiliencia de los recursos y, sin perder de vista la descarbonización, convertir la circularidad en un verdadero motor de competitividad para Europa, como nos recordaba este agosto, a través de las redes sociales, la Directora de Calidad y Evaluación Ambiental del MITERD, la Sra. Marta Gómez Palenque.

El inicio de curso se presenta intenso para las empresas afectadas y añade una incertidumbre adicional que ralentiza más de lo deseable la toma de decisiones y, en consecuencia, las inversiones asociadas

Hasta que se logre ese objetivo, las empresas deberán afrontar un escenario de cambios constantes en las reglas de juego, marcado por el solapamiento de nuevas reformas legislativas sin que se haya completado aún la implementación de las anteriores. Lo que no facilita en absoluto el avance en la toma de decisiones empresariales.

Entre la aplicación del Reglamento (UE) 2025/40 sobre envases y residuos de envases, estando aún vigente el RD 1055/2022, que deberá adaptarse, la negociación de los convenios con los nuevos SCRAP de envases comerciales e industriales, bajo el principio de neutralidad competitiva según el criterio hecho público por la CNMC del pasado 6 de agosto, el arranque de los nuevos SDDR y la consulta abierta sobre la futura Ley Europea de Economía Circular, el inicio de curso se presenta intenso para las empresas afectadas, y añade una incertidumbre adicional que ralentiza más de lo deseable la toma de decisiones y, en consecuencia, las inversiones asociadas.