Aprobados 8,5 millones para financiar los costes de las plantas potabilizadoras en Canarias

El Gobierno aprueba un Real Decreto para abaratar el precio final del agua potable para consumo doméstico producida en las plantas desaladoras
Aprobados 8,5 millones para financiar los costes de las plantas potabilizadoras en Canarias
Aprobados 8,5 millones para financiar los costes de las plantas potabilizadoras en Canarias

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para la financiación del funcionamiento de plantas potabilizadoras de agua situadas en su territorio, por un importe previsto de 8.500.000 euros.

Este Real Decreto regula esta concesión a la Comunidad Autónoma de Canarias, con carácter excepcional y por razones de interés público, social y económico, para financiar los costes de funcionamiento de plantas potabilizadoras de agua situadas en su territorio,

La finalidad es poder abaratar el precio final del agua potable para consumo doméstico producida en las plantas desaladoras de Canarias y resulta proporcional para la consecución de esa finalidad, como permite constatar la experiencia resultante de la concesión de ayudas para la actuación pública de referencia desde que se vienen otorgando.

La entidad beneficiaria de esta subvención es la Comunidad Autónoma de Canarias que deberá elaborar el programa de las actuaciones concretas que van a ser objeto de financiación y los importes máximos de financiación para cada una de ellas.

El importe de la subvención se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria de nueva creación para subvencionar las plantas potabilizadoras de agua en Canarias del presupuesto del MITECO, que está consignada en la prórroga para 2020 de los Presupuestos Generales del Estado vigentes en 2019.

Esta aportación será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualquier Administración pública, de otros entes públicos o privados, de la Unión Europea o de organismos internacionales, que obtenga la entidad beneficiaria para la misma o similar finalidad.

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