Cataluña da luz verde a la creación de la nueva empresa ATLL pública

El nuevo ente, que gestionará la red de abastecimiento de agua para 4,5 millones de habitantes, reforzará el control público y la democratización a través de la participación ciudadana


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18/07/2018

El Gobierno ha aprobado el Decreto ley para la creación del nuevo ente público que gestionará la red de abastecimiento de agua del sistema Ter-Llobregat. Con este Decreto Ley se crea el Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat (ATL) como un operador que gestionará el servicio público consistente en la producción y suministro de agua potable para abastecer a una población de 4,5 millones de habitantes mediante las instalaciones titularidad de la Generalitat.

Se trata de un gestor directo que adopta la forma de entidad de derecho público y que estará controlado tanto por la Generalitat como por la ciudadanía. Este control del operador se detalla en los siguientes puntos:

Estará adscrito al Departamento de Territorio y Sostenibilidad, como órgano competente en materia de aguas.
• Estará sometido, al igual que el resto de operadores que proveen este servicio mediante otras instalaciones de la red Ter-Llobregat, el control y la supervisión de la Agencia Catalana del Agua (ACA) en su condición de administración hidráulica de Cataluña y de autoridad que ejerce las competencias de la Generalidad en materia de aguas.
• El consejo de administración estará integrado de forma exclusiva por representantes de los departamentos de la Generalidad con competencias en relación con el ciclo del agua. Así, estarán presentes los departamentos con competencias en materia de salud, de administración local, de economía y de agua.
• Se modificará la composición del Consejo de la Red de Abastecimiento Ter-Llobregat y se incluyen dos vocales en representación de la ciudadanía.

La nueva ATL pública comenzará a funcionar (una vez convalidado el Decreto Ley por el Parlamento de Cataluña) en cuanto esté constituido formalmente y nombrado su consejo de administración, si bien la plena operatividad no se producirá hasta el momento de la liquidación final del contrato anulado. En cualquier caso, se pretende que esto sea lo antes posible y como fecha límite antes del 1 de enero de 2019.

Uno de los objetivos prioritarios del nuevo consejo de administración, una vez inicie su tarea, será analizar y tomar las decisiones pertinentes para garantizar la viabilidad y la estabilidad financiera del nuevo ente púbico de abastecimiento.

Refuerzo del control público y más participación

La creación de la nueva empresa ATL reforzará el control público y la democratización social a través de la participación ciudadana, dado que amplía la composición de sus órganos (consejo de red) para incorporar una representación más amplia de los diferentes usuarios y usos del agua. Por ello, estas dos nuevas vocalías que se crean en representación de la ciudadanía serán designadas, la una por la organización social más representativa de entre las entidades de defensa de los consumidores y, por otro, de entre las entidades ecologistas más representativas dentro del ámbito territorial de la prestación del servicio de abastecimiento de ATL.

Freno al incremento de la tarifa

El Decreto Ley incluye también las medidas que permiten anular el incremento del 11,88% de la tarifa de ATLL que se tuvo que tramitar para el 2018 en aplicación del pliego de la concesión anulada. Así, el Decreto ley establece que desde el 1 de enero de 2018 y hasta que se apruebe la nueva tarifa aplicable por parte del nuevo ente público el incremento de la tarifa será exactamente el mismo que se aplicó en 2017, es decir, cero.

Finalmente, el Gobierno también ha aprobado la creación de la Comisión Asesora en el proceso de liquidación del antiguo ente de abastecimiento, que estará integrada por representantes de los departamentos de la Presidencia, de Economía, y de Territorio y Sostenibilidad, responsable de la liquidación final del contrato.

Servicio garantizado

Mientras se resuelve la liquidación, la hasta ahora empresa concesionaria está obligada a mantener la prestación del servicio con las mismas condiciones y estándares de calidad que establecía el pliego de adjudicación. La resolución del contrato ya fue comunicada a la empresa nada más entrar el nuevo Gobierno.

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