Desafíos de la adaptación al cambio climático en la gestión del agua

Por Alberto Garrido*, Director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín; Catedrático y Vicerrector de la Universidad Politécnica de Madrid


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Las aportaciones de los ríos españoles han sufrido importantes reducciones durante los últimos 50 años. Aunque el impacto del cambio climático, causante de menores precipitaciones y aumentos en la temperatura, explica en gran medida estas tendencias, otros factores como el uso intensivo de los recursos hídricos con fines productivos o el aumento de la superficie forestal también son responsables de este efecto. Las proyecciones sugieren que los caudales circulantes en los ríos disminuyan entre el 15 y el 25% en el horizonte 2040-2070. En estas condiciones, el mantenimiento de los requerimientos ambientales de los ríos españoles a través de la implementación de caudales ecológicos es vital para incrementar su resiliencia ante los impactos previstos.

La disminución de los recursos hídricos pone en riesgo todas las funciones ecosistémicas y amenaza los usos productivos. Además de su contribución al abastecimiento (agrícola, urbano e industrial), las aguas superficiales tienen un papel fundamental en la dilución y transporte de los vertidos producidos por los distintos usos, incluso cuando son tratados antes de ser devueltos al medio. Si una carga contaminante constante se vierte a ríos menos caudalosos, las aguas abajo tendrán una mayor concentración de contaminantes, afectando a usos humanos y ecosistemas. En muchas masas de agua solo se pueden mantener los indicadores de calidad aumentando la capacidad de depuración de las aguas residuales, lo que requiere fuertes inversiones solo financiables con subvenciones o elevaciones en las tarifas de uso.  Además, en el caso de las ciudades si la frecuencia y severidad de eventos extremos aumenta con el cambio climático, las redes de saneamiento urbanas se saturarán con más frecuencia provocando vertidos directos a los ríos con sustancias contaminantes acumuladas en el pavimento.

El estado de los ecosistemas fluviales sufre las reducciones de calidad y cantidad. El informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) afirma que el cambio climático está agravando la pérdida de hábitats. La temperatura del agua influye en el crecimiento y el desarrollo de los invertebrados y vertebrados acuáticos, mientras que el régimen hidrológico y la estructura y conectividad del hábitat influyen significativamente en la composición y abundancia taxonómica de la flora y la fauna.  La Directiva Marco del Agua establece como objetivo la consecución del buen estado en todas las masas de agua de la UE antes de 2027. Para diseñar intervenciones eficaces se requiere un profundo conocimiento de las relaciones entre el estado ecológico y las presiones que actúan sobre los ecosistemas. En los últimos años, los modelos de aprendizaje automático han ayudado a predecir los efectos de los escenarios climáticos y socioeconómicos sobre las comunidades biológicas. Esto permite integrar estas herramientas a la hora de priorizar las medidas que mejoren el estado de los ecosistemas.

La adaptación del uso y gestión del agua a los retos planteados por el cambio climático es corresponsabilidad del sector público, del mundo empresarial y de la sociedad en su conjunto. En España, las competencias en materia de agua en la administración pública son compartidas por las administraciones Estatal, Autonómica y Municipal.  Estos niveles, además, tienen competencias sobre políticas sectoriales que influyen de manera directa sobre los usos del agua y la conservación de la calidad del recurso (agricultura, ordenación del territorio, conservación de la naturaleza, etc.). El diseño, financiación e implementación de los Programas de Medidas que definen las acciones a tomar en cada ciclo de planificación hidrológica requiere la coordinación y participación de todos los niveles administrativos. Considerando las más de 11.000 medidas definidas en los planes de demarcación vigentes, la inversión pública prevista hasta 2033 corresponde en un 43% a la Administración Estatal, un 34% a las Comunidades Autónomas y un 8% a las Administraciones Locales (el 15% restante corresponde a otras administraciones o no está asignado). 

Creemos que coordinar todas estas actuaciones y planes orientados a la resolución de los problemas y a la satisfacción de las demandas ambientales actuales y futuras es un reto fundamental para España.

 

* Artículo elaborado con los investigadores del Observatorio del Agua de la Fundación Botín Antonio Bolinches, Gabriel Mezger, Lucia De Stefano y Carlotta Valerio


Artículo publicado en el número 223 Mayo/Junio 2020

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Agua, Entidades, España


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