El Ayuntamiento de Madrid inicia la tramitación del contrato de gestión de residuos hasta 2020

En la adjudicación del servicio se contemplarán las cláusulas sociales, siendo el primer contrato de estas características y alto nivel presupuestario en incorporarlo


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El Ayuntamiento de Madrid ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el anuncio indicativo del contrato de gestión de residuos para finales de 2016, fecha en la que terminan las concesiones vigentes. Dicho anuncio se puede consultar aquí.

Esta actuación es previa al anuncio de licitación que es de obligado cumplimiento para contrataciones públicas de servicios y suministros superiores a 209.000 euros, y que sirve para garantizar la libre concurrencia de empresas de ámbito europeo.

De esta forma, el consistorio inicia los trámites para licitar el servicio de gestión de residuos. Los siguientes pasos, que ya se están trabajando en el Área de gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, serán la elaboración de los expedientes de contratación, que deberán ser autorizados por la asesoría jurídica y la intervención del Ayuntamiento, antes de elevar los cálculos presupuestarios a Junta de Gobierno para su aprobación previa, y la posterior licitación de los pliegos correspondientes.

La delegada Inés Sabanés se ha reunido esta semana para informar a los tres principales sindicatos, CCOO, UGT y CGT de la situación, manteniendo el compromiso de diálogo continuado con los trabajadores y sus representantes.

Tipo de contrato

Se ha planificado un contrato de servicios de 4 años, prorrogable por otros dos. El Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid estableció en 2014 que la recogida de residuos no corresponde a la definición de contrato de gestión de servicio público, que permite una duración mayor.

El Ayuntamiento, además de seguir esta directriz autonómica, considera correcto este periodo de cuatro años, ya que permitirá una mejor adaptación al Plan Marco de Gestión de Residuos, teniendo en cuenta el horizonte 2020 y los próximos 20-25 años de la ciudad. La experiencia de la rigidez de los contratos integrales como los de limpieza y zonas verdes hacen desaconsejable firmar contratos de tan larga vigencia, que no permitirían implementar los cambios que previsiblemente haya que introducir en las prestaciones de recogida de residuos a medida que el plan se vaya desarrollando.

Ese Plan Marco, que también se elaborará este año, definirá el modelo de recogida a partir de noviembre de 2016. El contrato de gestión de residuos que se tramitará en las próximas semanas incorporará de forma gradual la recogida separada de la fracción orgánica, con miras a cumplir las directrices de la UE en el horizonte 2020.

Mejora de flota

El anuncio indicativo publicado en el DOUE establece una horquilla de entre 900 y 1.100 millones de euros por un máximo de 6 años como se ha explicado anteriormente. Esto se traduce en anualidades de entre 150 y 180 millones anuales. Aunque la duración del contrato suponga un incremento de las cuotas de amortización, el Ayuntamiento recibirá al finalizar el mismo una flota de camiones con una vida útil de varios años por delante, por lo que el servicio de recogida a partir de 2020 contará con vehículos en buen estado de uso, lo que unido a los 109 que comprará el Ayuntamiento directamente entre 2016 y 2017, actualmente en licitación, ofrecerá unas condiciones indudables de mejora, tanto para los trabajadores como para el servicio de recogida.

Primera aplicación de cláusulas sociales en contratos públicos de grandes dimensiones

En el redactado del pliego de condiciones se primarán los principios de igualdad, accesibilidad, seguridad y salud laboral, empleo, estabilidad del mismo y formación en el lugar de trabajo, tal y como quedó reflejado en la instrucción de contratación pública rubricada mediante decreto del Área de gobierno de Economía y Hacienda el pasado 19 de enero (disponible online en http://bit.ly/21iXbqy).

Será la primera vez que se apliquen estas premisas en un contrato público de estas dimensiones, que rozará los 1.000 millones de euros, por lo que la tramitación de esta licitación supondrá un punto de inflexión en el régimen de contrataciones municipales.

La estabilidad del empleo y la subrogación obligatoria serán estudiados con especial atención, y serán condiciones fundamentales a la hora de valorar y adjudicar esta contratación, en la que la mano de obra es el componente fundamental, tal y como se decidió en el citado decreto.

De acuerdo con ello, la oferta económica cede parte de su protagonismo en favor de otros criterios de adjudicación de componente social e innovador, lo que no ocurría en los gobiernos anteriores.

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