El esfuerzo de las familias españolas para pagar el agua es el segundo menor de Europa

Más allá de los efectos económicos, sociales y políticos, la recesión ha tenido un impacto espacial importante. La España metropolitana, en especial las grandes ciudades, se ha recuperado antes y más rápido, con aumentos de población, actividad económica y precios de la vivienda, según argumentan Vicente Royuela, David Castells-Quintana y Celia Melguizo en el último número de Papeles de Economía Española, editado por Funcas y presentado en Sevilla. Bajo el título de ‘Economía de las ciudades’, la revista aborda los retos a los que se enfrentan las ciudades y los aspectos que influyen en su desarrollo en un contexto de creciente urbanización  del mundo.

La gestión de los servicios públicos básicos es una de las cuestiones que más debate genera. Fernando Arbués, Jaime Sanaú y José María Serrano apuntan que el esfuerzo que las familias españolas tienen que hacer para pagar la factura del agua es el segundo menor de Europa, mientras que tanto en el caso de la electricidad como en el del gas es el tercero mayor. Los autores estudian si determinados servicios públicos gestionados en régimen concesional por empresas privadas o mixtas deben pasar a ser gestionados directamente por los ayuntamientos o por empresas municipales y si una u otra opción son determinantes para los precios. Y concluyen que el precio que las familias pagan por el agua no guarda relación con el sistema de gestión del suministro sino que depende del acceso y disponibilidad de recursos hídricos (precipitaciones y altitud) y de la estructura urbana (número de viviendas y población).

El informe apunta que el actual sistema de provisión del suministro de agua en España es muy barato comparado con el resto de Europa y en relación con los suministros de energía. Concretamente, el precio unitario de un metro cúbico de agua es un 35,3% más barato que la media europea, según datos de la International Water Association. Y eso a pesar de que España es un país seco y, por consiguiente, el punto de partida para la captación de agua para consumo doméstico es más desfavorable que para otros países europeos.