La CE adopta las Directrices revisadas sobre las ayudas estatales del régimen de comercio de derechos de emisión

En consonancia con el Pacto Verde Europeo y con el objetivo de la UE de convertirse en la primera economía climáticamente neutra de aquí a 2050, la Comisión ha adoptado hoy las Directrices revisadas sobre las ayudas estatales vinculadas al régimen de comercio de derechos de emisión de la UE en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero posterior a 2021 («Directrices RCDE»).Entrarán en vigor el 1 de enero de 2021, con el inicio del nuevo período de comercio del RCDE, y sustituirán a las anteriores Directrices, adoptadas en 2012.

La vicepresidenta ejecutiva Margrethe Vestager, responsable de la política de competencia, ha declarado lo siguiente: «Para luchar de forma sostenible contra el cambio climático y alcanzar los objetivos del Pacto Verde, tenemos que poner un precio a las emisiones de carbono, evitando al mismo tiempo las fugas de carbono. Las Directrices revisadas sobre las ayudas estatales vinculadas al régimen de comercio de derechos de emisión de la UE que hoy se adoptan constituyen un elemento importante de este proyecto. Permiten a los Estados miembros apoyar a aquellos sectores que, debido a los costes indirectos de las emisiones, corren mayor riesgo de fugas de carbono. Al mismo tiempo, contribuyen a lograr una descarbonización rentable de la economía, evitando una compensación excesiva y falseamientos indebidos de la competencia en el mercado único.»

El control de las ayudas estatales de la UE contribuye de manera decisiva a que Europa cumpla los objetivos del Pacto Verde. A fin de aprovechar plenamente los limitados fondos públicos, es fundamental que las normas sobre ayudas estatales sigan desempeñando la función que les corresponde, a saber, garantizar que los fondos públicos no desincentiven el gasto privado y mantener la igualdad de condiciones en el mercado único al tiempo que se minimizan los costes con cargo a los contribuyentes.

Las Directrices RCDE tienen por objeto reducir el riesgo de que se produzcan «fugas de carbono» cuando las empresas trasladan la producción a terceros países con políticas climáticas menos ambiciosas, lo que reduce la actividad económica en la UE y no permite disminución alguna de las emisiones de gases de efecto invernadero a escala mundial. En particular, permiten a los Estados miembros compensar a las empresas de los sectores de riesgo por los precios de la electricidad más elevados resultantes de las señales de precios del carbono creadas por el RCDE UE (los denominados «costes indirectos de las emisiones»). Al mismo tiempo, una compensación excesiva a las empresas podría ir en contra de las señales de precios creadas por el RCDE UE para promover una descarbonización rentable de la economía y dar lugar a falseamientos indebidos de la competencia en el mercado único.

En este contexto, las Directrices RCDE revisadas:

a) centrarán las ayudas únicamente en los sectores que presentan riesgo de fugas de carbono debido a los elevados costes indirectos de las emisiones y a su fuerte exposición al comercio internacional; sobre la base de una metodología objetiva, son admisibles diez sectores y veinte subsectores (frente a los catorce sectores y siete subsectores contemplados en las anteriores Directrices);

b) establecerán un porcentaje de compensación estable del 75 % en el nuevo período (frente al 85 % al inicio del anterior período de comercio del RCDE) y excluirán la compensación por tecnologías no eficientes, a fin de mantener los incentivos de las empresas en pro de la eficiencia energética, y

c) condicionarán la compensación a esfuerzos adicionales de descarbonización por parte de las empresas en cuestión, como el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en sus auditorías de eficiencia energética.

Las Directrices también tienen en cuenta las características específicas de las pequeñas y medianas empresas (pymes), de acuerdo con la Estrategia para las pymes en pro de una Europa sostenible y digital, eximiéndolas del nuevo requisito de condicionalidad para limitar su carga administrativa.

La Comisión ha efectuado un análisis y una evaluación de impacto exhaustivas, en consonancia con las Directrices para la mejora de la legislación, con la asistencia de un consultor externo. En este contexto, la Comisión ha llevado a cabo numerosas consultas, entre ellas una consulta pública basada en un cuestionario y una consulta específica para recopilar las aportaciones de los sectores interesados. La Comisión también ha recabado la opinión de las partes interesadas pertinentes sobre una propuesta de Directrices revisadas en una consulta pública, que se desarrolló del 14 de enero al 10 de marzo de 2020. Todos los pormenores de dicha consulta están disponibles en línea.

Las nuevas Directrices, el informe de evaluación de impacto y todos los documentos complementarios están disponibles aquí.

La Comisión también está evaluando y revisando otras directrices sobre ayudas estatales, incluidas las Directrices sobre ayudas en materia de energía y medio ambiente, para asegurarse de que se ajustan plenamente a los objetivos ecológicos y digitales de la Comisión.