ASAGUA reclama una planificación a largo plazo y financiación estable para afrontar el déficit de inversión en el agua

La Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (ASAGUA) ha reclamado un cambio en la planificación y financiación del ciclo urbano del agua en España para afrontar los problemas estructurales que, según advierte, arrastra el sector. Durante su asamblea anual, celebrada esta semana, la entidad ha alertado de la falta de inversión sostenida y la insuficiente ejecución de los proyectos presupuestados, una situación que considera necesario abordar mediante compromisos financieros estables y una reforma de los procedimientos de contratación pública.

Según las estimaciones recogidas por la asociación, el déficit de inversión acumulado en el ciclo urbano del agua supera los 35.000 millones de euros, mientras que las necesidades de financiación para la próxima década se sitúan en torno a los 100.000 millones de euros.

Ante este escenario, ASAGUA considera prioritario transformar los planes de inversión en compromisos plurianuales y finalistas, acompañados de proyectos suficientemente desarrollados y procedimientos administrativos que permitan ejecutar las actuaciones previstas.

La entidad advierte de que los problemas del sector han dejado de ser coyunturales y requieren una respuesta estructural que garantice tanto la renovación de las infraestructuras como su adecuada operación y mantenimiento.

ASAGUA cifra en más de 35.000 millones de euros el déficit de inversión acumulado en el ciclo urbano del agua y estima unas necesidades de 100.000 millones para los próximos diez años.

Ocho medidas para transformar la gestión del ciclo urbano del agua

En este contexto, ASAGUA ha presentado una hoja de ruta articulada en ocho medidas prioritarias, centradas en la financiación, la gobernanza, la contratación y la adaptación de las infraestructuras a los nuevos desafíos.

En materia de inversión, la asociación propone establecer compromisos plurianuales vinculantes, con especial atención a la renovación de redes, el saneamiento y la depuración. También considera necesario garantizar presupuestos estables para la operación y el mantenimiento de las instalaciones.

Respecto a la gobernanza, plantea la creación de un regulador único que establezca estándares comunes, criterios tarifarios y mecanismos de transparencia, facilitando al mismo tiempo la solidaridad territorial y la protección social.

En el ámbito económico, defiende la necesidad de alinear las tarifas del agua con el principio de recuperación de costes, incluida la primera instalación, de acuerdo con su interpretación de las exigencias de la Directiva Marco del Agua. El objetivo, según la entidad, es avanzar hacia un modelo tarifario que refleje los costes reales del servicio.

La contratación pública constituye otro de los principales ámbitos de actuación. ASAGUA reclama una mayor ponderación de las memorias técnicas en las adjudicaciones, la aplicación rigurosa de los criterios para identificar ofertas anormalmente bajas y la introducción de fórmulas que desincentiven las reducciones económicas extremas.

Asimismo, solicita mecanismos eficaces de revisión de precios en los contratos públicos, incluidos los de servicios, que permitan restablecer el equilibrio económico y tengan en cuenta la evolución de los costes energéticos.

La hoja de ruta también contempla el desarrollo de modelos viables de colaboración público-privada para facilitar inversiones cuando los recursos presupuestarios resulten insuficientes, mediante la adaptación del marco regulatorio vigente.

Por último, la asociación destaca la necesidad de planificar la resiliencia frente a sequías e inundaciones mediante criterios técnicos que integren recursos hídricos convencionales y no convencionales, así como de avanzar en digitalización e I+D+i para mejorar la eficiencia operativa, el control de pérdidas, la calidad del servicio y la capacidad de anticipación.

La ejecución presupuestaria y la contratación, entre las principales preocupaciones

Más allá de la disponibilidad de recursos económicos, ASAGUA sitúa la capacidad de ejecución de las inversiones entre los principales problemas del sector.

La asociación denuncia que más de un tercio del presupuesto queda sin ejecutar en determinados capítulos clave, lo que contribuye a prolongar los plazos de actuación y agravar el deterioro de las infraestructuras hidráulicas.

«Invertir en agua no es una cuestión sectorial: es invertir en salud pública, es cumplimiento ambiental y es seguridad ante sequías e inundaciones», señala la entidad.

En este sentido, insiste en que la planificación debe acompañarse de mecanismos que garanticen la materialización de las inversiones, desde la disponibilidad de financiación hasta la adecuación de los procedimientos de licitación.

La asociación advierte de que más de un tercio del presupuesto queda sin ejecutar en capítulos clave y reclama procedimientos de contratación que permitan materializar las inversiones previstas.

Una planificación nacional con compromisos de financiación

ASAGUA considera que el reconocimiento del agua como infraestructura estratégica debe traducirse en un modelo de planificación nacional con financiación estable, reglas claras y una gobernanza que facilite la ejecución de los proyectos.

«La solución pasa por reconocer el agua como una infraestructura estratégica esencial y financiarla como tal: con reglas estables, tarifas coherentes con costes, gobernanza ordenada y una planificación nacional que se ejecute de verdad», sostiene la asociación.

La entidad recuerda que la gestión del agua tiene implicaciones directas sobre la salud pública, la competitividad económica, la sostenibilidad ambiental y la cohesión territorial.

Por ello, insiste en que las empresas del sector no pueden asumir con sus propios recursos las responsabilidades correspondientes a la planificación pública y la financiación de las infraestructuras.

En su llamamiento a las administraciones, ASAGUA reclama que los diagnósticos existentes se traduzcan en decisiones concretas y, especialmente, en inversiones efectivamente ejecutadas, con el objetivo de superar la situación de estancamiento que, a su juicio, afecta al ciclo urbano del agua desde hace años.