Cataluña aprueba la primera ley autonómica para acelerar la erradicación del amianto
La nueva Ley 8/2026 establece la retirada obligatoria del amianto, crea un censo autonómico y refuerza la protección de las personas afectadas
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Cataluña ha dado un nuevo paso en la eliminación del amianto con la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de la Ley 8/2026, de erradicación del amianto en Cataluña, una norma pionera en España que establece un marco jurídico común para acelerar la retirada de este material y reforzar la protección de las personas afectadas.
La ley, aprobada por el Parlament el pasado 17 de junio, entrará en vigor tres meses después de su publicación en el DOGC.
Cataluña ha aprobado la primera ley autonómica para acelerar la erradicación del amianto, que entrará en vigor tres meses después de su publicación en el DOGC.
Un marco común para acelerar la retirada del amianto
La nueva normativa tiene como objetivo coordinar la actuación de todas las administraciones públicas catalanas para garantizar la gestión y eliminación del amianto y de los materiales que lo contienen dentro de los plazos legalmente establecidos.
El texto atribuye responsabilidades específicas a administraciones, empresas, profesionales, administradores de fincas y ciudadanía, al tiempo que reconoce y regula los derechos de las víctimas del amianto, de las empresas especializadas y del conjunto de la población.
Según la Generalitat, la aprobación de la ley ha sido posible en gran medida gracias al compromiso del movimiento asociativo y de las entidades implicadas en la lucha por la erradicación del amianto.
Certificado obligatorio antes de vender o alquilar un inmueble
Entre las principales novedades de la norma destaca el derecho de la ciudadanía a conocer si una vivienda o inmueble contiene amianto antes de su compra o alquiler.
Para ello, será necesario disponer de un certificado que acredite la presencia o ausencia de materiales con amianto, una medida destinada a incrementar la transparencia y la protección de la salud pública.
La ley también refuerza el apoyo que las administraciones públicas deberán prestar a las víctimas de la exposición al amianto.
La nueva normativa obligará a informar sobre la presencia de amianto mediante un certificado antes de la compraventa o alquiler de viviendas e inmuebles y prioriza su retirada en edificios públicos.
Prioridad para los edificios públicos
La normativa establece la obligación de que las administraciones identifiquen, gestionen y retiren el amianto presente en los bienes y edificios de titularidad pública.
Las actuaciones tendrán carácter prioritario en centros educativos, sanitarios, instalaciones deportivas, equipamientos comunitarios y otros espacios de uso público, con el objetivo de reducir la exposición de la población a este material.
Nuevos instrumentos para coordinar la erradicación
La Ley 8/2026 crea varios instrumentos específicos para planificar y coordinar el proceso de eliminación del amianto en Cataluña.
Entre ellos figura la Comisión Catalana de Erradicación del Amianto, encargada de liderar el proceso; el Censo Catalán de Materiales que Contienen Amianto, alimentado con la información procedente de los censos municipales; y el Fondo para la Erradicación del Amianto de Cataluña, destinado a financiar las actuaciones de detección, gestión y retirada.
La norma contempla además la creación de un registro de empresas y profesionales capacitados para trabajar con materiales que contienen amianto y refuerza la vigilancia sanitaria mediante el Registro de Mesoteliomas y de Enfermedades Relacionadas con el Amianto.
Asimismo, confirma el Plan Nacional para la Erradicación del Amianto como instrumento básico de planificación.
Régimen de inspección y sanciones
La ley atribuye al Govern y al departamento competente la potestad sancionadora en materia de gestión y retirada del amianto.
Además, establece un régimen específico de inspección y tipifica las infracciones relacionadas con la gestión de los materiales que contienen este mineral, con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones previstas en la nueva normativa.
