Las comunidades autónomas demandan más diálogo para superar la emergencia climática en la COP25

En la Zona Azul de la COP25 están representados muchos países y es sus stands se llevan a cabo charlas y mesas redondas específicas. En el stand de España ha tenido lugar hoy una importante discucusión con el título «Acción subnacional en la lucha contra el cambio climático». 

Durante la hora y media que han compartido representantes de País Vasco, Galicia, Madrid, Valencia y Cataluña se han abordado temas como las diferentes legislaciones o las peculiaridades de cada región, en lo que todos han incidido. Pero sin duda en lo que todos han coincidido es en la necesidad de ponerse de acuerdo dado el imperante problema que enfrentamos. 

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, Mireia Mollá, ha explicado que desde su comunidad han promovido leyes de economía circular, residuos y tienen estrategias y marcos normativos claros, pero necesitan un empuje común para avanzar en un problema que excede el ámbito comunitario.

El vicepresidente del Gobern Balear y consejero de transición energética y sectores propductivos, Juan Pedro Yanes ha apoyado el discurso de Mireia Mollá, sin olvidar que en su caso sus peculiridades, dada la insularidad de su comunidad, son clave a tener en cuanta a la hora de hacer políticas e incluso a la hora de implementar una política de ámbito nacional. "De acuerdo a más de 11.000 científicos, Baleares es la zona cero del cambio climático, 1,5ºC podría supone un deterioro irreversible de nuestro patrimonio" ha contado Juan Pedro. Por ello, según él, están comprometidos firmemente contra el cambio climático creando leyes específicas, entre las que destacan, la prohibición de matriculaciones de vehículos diesel a partir de 2025 o la tasa turística para recaudar y hacer frente al cambio climático. 

Estas dos medidas "audaces", según Juan Pedro, no se lo han parecido tanto al consejero de economía, empleo y competitividad de Madrid, Manuel Gimenez, cuya apuesta se concentra más en la promoción del capital privado y concentrar los esfuerzos en cuidar a las empresas. Para ello solicitan una definición de industria sostenible.

María Cruz Ferreira, directora general de calidad ambiental y cambio climático del gobierno de Galicia, ha tenido claro en todo momento que la demanda gallega es dinero. Desde su comunidad ya cuentan con leyes, planes, estrategias y directivas, pero necesitan poder ejecutarlas. De hecho, se encuentran a la cabeza del país en cuanto a legislación ambiental y se comparan con Suecia en cuanto a implantación de energías renovables. 

Por su parte, Mercè Rius, directora general de calidad medioambiental y cambio climático de la Generalitat de Catalunya, al igual que sus acompañantes en la mesa, echa de menos más foros de debate en los que pueda haber colaboración previa, antes de la realización de las normativas, no reuniones informativas a posteriori. De ese modo el Estado podría fijar unos mínimos (teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada territorio) y cada comunidad autónoma aumentar hasta donde considere.

Mercè ha adelantado que Cataluña está preparando una cumbre en enero como la COP pero local. En ella estarán representados todos los sectores, patronales, estudiantes, sindicatos e industria para compartir y hacer políticas basadas en conocimiento y en mitigación y adaptación.

La moderadora de la sesión y consejera de medioambiente del Gobierno Vasco, Elena Moreno, reclama el protagonismo para País Vasco, que según ha relatado fue la primera comunidad en crear una ley relativa a cambio climático en 2011, pero nunca llegó a aprobarse, aunque desde entonces se ha avanzado mucho y es innegable que en España, País Vasco es un referente en cuanto a legislación y tratamiento ambiental. 

En conclusión, las comunidades autónomas reivindican su individualidad y necesidades específicas pero reclaman más atención del gobierno central como entes capaces de gestionar y de aportar soluciones globales, así como más colaboración entre ellas mismas. Hasta ahora, cada comunidad está llevando las políticas a sus territorios y adaptándolas a ellos, por ello se han converito en los motores de acción en la transición energética y ecológica.