La Comisión Europea abre un procedimiento contra España por la revisión de los permisos de uso del agua

La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por considerar que la normativa nacional no transpone correctamente la obligación de revisar periódicamente los permisos relacionados con el uso del agua, tal y como exige la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE).

Bruselas ha remitido una carta de emplazamiento al Gobierno español, primer paso del procedimiento de infracción, al entender que la legislación vigente no garantiza la revisión sistemática de las autorizaciones para comprobar si continúan siendo adecuadas para alcanzar los objetivos de protección de las masas de agua.

La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España al considerar que la normativa nacional no garantiza la revisión periódica de los permisos de uso del agua exigida por la Directiva Marco del Agua.

España dispone ahora de dos meses para responder y corregir las deficiencias señaladas. En ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comisión podrá emitir un dictamen motivado, paso previo a una eventual remisión del caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Directiva exige revisar periódicamente los permisos

La Directiva Marco del Agua obliga a los Estados miembros a elaborar programas de medidas para cada demarcación hidrográfica con el fin de garantizar el buen estado ecológico y químico de ríos, lagos y demás masas de agua.

Estos programas incluyen medidas para controlar las principales presiones que afectan a los recursos hídricos, como las captaciones de agua, los vertidos puntuales o las fuentes difusas de contaminación.

La normativa europea establece además que dichos controles y los permisos concedidos deben revisarse y actualizarse periódicamente para verificar que siguen siendo eficaces y, cuando sea necesario, adaptarlos a las nuevas circunstancias.

Bruselas sostiene que la legislación española solo prevé revisar las autorizaciones en determinadas circunstancias y deja esa decisión a criterio de la administración competente.

Bruselas cuestiona la normativa española

Según la Comisión Europea, la legislación española únicamente contempla la revisión de las autorizaciones cuando concurren determinadas circunstancias, como la aparición de nuevos datos, la aprobación de nuevos planes o estrategias, la existencia de nuevos requisitos legales o modificaciones relacionadas con el titular del permiso.

Además, la decisión de realizar esa revisión queda a criterio de la administración competente, lo que, a juicio de Bruselas, no garantiza el cumplimiento de la obligación de revisión periódica establecida por la Directiva Marco del Agua.

España dispone de dos meses para responder al requerimiento de la Comisión; de no corregir las deficiencias detectadas, el procedimiento podría avanzar hacia un dictamen motivado y, posteriormente, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Garantizar la protección de los recursos hídricos

La Comisión recuerda que la correcta aplicación de la normativa europea sobre aguas resulta esencial para proteger la salud pública y el medio ambiente.

El control periódico de las autorizaciones de uso del agua permite verificar que las condiciones inicialmente establecidas siguen siendo adecuadas para preservar el buen estado de las masas de agua y adaptar las medidas cuando las circunstancias cambian.

El procedimiento contra España forma parte de las actuaciones emprendidas por la Comisión para reforzar la correcta aplicación de la legislación ambiental europea y garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua.