Los operadores del agua urbana reclaman inversión y estabilidad regulatoria

La necesidad de reforzar la inversión, mejorar la planificación a largo plazo y garantizar un marco regulatorio estable centró el debate de los principales operadores del ciclo urbano del agua durante la segunda jornada del 38º Congreso DAQUAS, celebrado en el Palacio Municipal IFEMA Madrid.

Representantes de Veolia España, Aqualia y Canal de Isabel II coincidieron en señalar que el sector afronta una etapa decisiva marcada por la transformación normativa, las exigencias de sostenibilidad, la digitalización y la adaptación al cambio climático. Asimismo, defendieron una mayor coordinación entre administraciones, empresas y ciudadanía para asegurar la calidad, continuidad y sostenibilidad del servicio.

La mesa redonda, bajo el título “La perspectiva del sector: Retos, riesgos y oportunidades”, contó con la participación de Daniel Tugues, director país de Veolia España; Santiago Lafuente, CEO de Aqualia; y Mariano González, consejero delegado de Canal de Isabel II, entidad anfitriona del Congreso. El encuentro estuvo moderado por la politóloga Cristina Monge.

La financiación y la planificación, claves para afrontar los retos del agua urbana

Durante el debate, los responsables de los tres operadores coincidieron en que la sostenibilidad futura del sector requiere reforzar la capacidad inversora y establecer mecanismos que permitan planificar con una visión de largo plazo.

Daniel Tugues, director país de Veolia España, señaló que “el principal reto del agua urbana sigue siendo alinear de forma efectiva el principio de recuperación de costes. Las tarifas en España continúan muy por debajo de la media europea y eso acaba traduciéndose en déficits de inversión, mantenimiento insuficiente y dificultades para responder a las nuevas exigencias normativas. Somos eficientes, pero la eficiencia por sí sola no explica esta brecha: necesitamos un marco que garantice inversiones sostenidas y una planificación a largo plazo”.

En la misma línea, Santiago Lafuente, CEO de Aqualia, destacó la importancia de generar certidumbre para facilitar nuevas inversiones: “la financiación requiere estabilidad. El binomio entre regulación tarifaria y seguridad jurídica es imprescindible para desarrollar planes de inversión ambiciosos y sostenibles. No podemos seguir con un modelo en el que más de 8.000 ayuntamientos actúan como reguladores de facto. Necesitamos mecanismos que aporten previsibilidad, favorezcan la consolidación del sector y permitan pasar de los diagnósticos a la ejecución”.

Seguridad regulatoria y coordinación institucional

La estabilidad normativa fue otro de los aspectos destacados durante la sesión. Mariano González, consejero delegado de Canal de Isabel II, defendió que la seguridad regulatoria debe considerarse un elemento estratégico para el desarrollo del sector.

En este sentido, afirmó: “la seguridad regulatoria es tan importante como la financiación. Interpretaciones excesivamente restrictivas de la normativa pueden generar incertidumbre y dificultar la ejecución de proyectos imprescindibles para alcanzar los objetivos ambientales y de servicio”.

Los participantes coincidieron en que garantizar la calidad y continuidad del servicio en los próximos años requerirá estabilidad regulatoria, capacidad inversora y una colaboración más estrecha entre administraciones, operadores y empresas.

La Directiva TARU, uno de los grandes desafíos del sector

La jornada también abordó el impacto de la futura transposición de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (TARU), considerada uno de los principales retos para los operadores del agua urbana.

La sesión “Transposición de la Directiva TARU: encaje jurídico, retos y necesidades para el sector del agua urbana” reunió a Antonio Lastra, de Canal de Isabel II; Enrique Baquerizo, de Emasesa; Pere Aguiló, del Consorcio Besòs Tordera; Guillermo González de Olano, de Veolia; y José Manuel García, de Apemsa, bajo la moderación de Carmen Hernández, de DAQUAS.

Durante el encuentro se puso de manifiesto que la nueva directiva representa mucho más que una actualización legislativa. Los participantes señalaron que supondrá una transformación profunda en la forma de planificar, financiar y gestionar el saneamiento urbano.

Retos técnicos, jurídicos y económicos para la gestión del saneamiento

Los expertos coincidieron en que la adaptación a la nueva normativa implicará afrontar desafíos técnicos, jurídicos, económicos y de gobernanza. Entre las cuestiones analizadas destacaron la necesidad de clarificar competencias, definir responsabilidades, asegurar mecanismos de financiación e impulsar nuevas inversiones.

Asimismo, se debatió sobre la gestión de desbordamientos, la adaptación de los sistemas de drenaje, la posible implantación de una tarifa asociada al agua de lluvia, el incremento del consumo energético derivado de las nuevas instalaciones y la necesidad de fortalecer la cooperación entre administraciones, operadores y empresas para garantizar una transición eficaz y ordenada.

Otro de los aspectos abordados fue la conveniencia de avanzar hacia modelos basados en el principio de “quien contamina paga”, de manera que las nuevas exigencias ambientales estén respaldadas por mecanismos de financiación y compensación sostenibles, transparentes y bien definidos.

Digitalización, innovación y resiliencia para la nueva etapa del sector

Las comunicaciones técnicas celebradas durante la mañana profundizaron en áreas especialmente relevantes para los operadores del ciclo urbano del agua.

Entre los temas analizados destacaron la gestión del drenaje urbano, los Planes Integrales de Gestión del Sistema de Saneamiento, la digitalización de redes, la detección de fugas, la actualización normativa de contadores, los gemelos digitales, la sensorización, la metodología BIM, la recuperación de recursos procedentes de los fangos de EDAR y los tratamientos avanzados frente a contaminantes emergentes.

La principal conclusión de la jornada fue compartida por todos los participantes: el sector del agua urbana se encuentra inmerso en una profunda transformación impulsada por las nuevas obligaciones regulatorias, la presión climática, las expectativas sociales y la evolución tecnológica.

En este escenario, los expertos coincidieron en que será necesario impulsar más inversión, más innovación, una comunicación más eficaz y una gobernanza más coordinada entre administraciones, operadores, empresas y ciudadanía.