Hace apenas unos años, el biogás ocupaba un espacio relativamente discreto dentro del debate energético español. Hoy, sin embargo, el biometano se ha convertido en una de las grandes apuestas europeas para reducir la dependencia del gas fósil, reforzar la autonomía energética y avanzar en la descarbonización de sectores difíciles de electrificar. El impulso comunitario ha sido especialmente visible desde la aprobación del plan REPowerEU, con el que Bruselas busca acelerar la producción de gases renovables en el actual contexto de transición energética y volatilidad geopolítica.
La Unión Europea se ha marcado el objetivo de alcanzar los 35.000 millones de metros cúbicos de biometano en 2030. Países como Alemania, Francia o Dinamarca llevan años consolidando una industria ligada tanto a la valorización energética como a la gestión de residuos orgánicos y agroganaderos.
España, por su parte, aparece en numerosos estudios como uno de los países europeos con mayor potencial de producción gracias a la disponibilidad de residuos agrícolas, ganaderos, industriales y urbanos. Este escenario ha desencadenado una rápida proliferación de proyectos en distintos territorios y un creciente interés inversor alrededor del biometano. Pero también ha abierto un intenso debate sobre sus beneficios, sus límites y los impactos asociados a determinados modelos de implantación.
El biogás ha pasado de ocupar un papel marginal en el debate energético a convertirse en una de las grandes apuestas europeas para reducir la dependencia del gas fósil
Porque el biogás no solo se ha convertido en una cuestión energética. La gestión de purines, el tratamiento de residuos orgánicos, las emisiones de metano, la contaminación de aguas subterráneas o el encaje territorial de las nuevas instalaciones forman parte de una discusión mucho más amplia, en la que conviven expectativas industriales, objetivos climáticos y una creciente contestación social en algunas zonas rurales.
En medio de este escenario, Xavier Flotats, profesor emérito de Ingeniería Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), plantea una visión alejada tanto del entusiasmo simplista como del rechazo indiscriminado. Para el experto, el verdadero debate no debería centrarse en si el biogás es bueno o malo, sino en cómo se desarrolla, con qué objetivos y bajo qué condiciones ambientales, sociales y económicas.
Porque, aunque esta tecnología puede desempeñar un papel relevante en la descarbonización y en la valorización de residuos, Flotats insiste en que existen también límites físicos, territoriales y regulatorios que obligan a rebajar determinadas expectativas. “Tenemos potencial, pero hay incertidumbres”, resume. Y añade una idea clave: cualquier estrategia energética basada en gases renovables “debe ir acompañada de una reducción de la demanda y de una mayor electrificación de aquellos usos donde sea posible”.
Uno de los principales errores que, según Flotats, se cometen habitualmente en el debate público es reducir el biogás exclusivamente a su dimensión energética. Aunque la producción de biometano puede contribuir a sustituir parte del gas natural fósil y reducir importaciones energéticas, insiste en que su verdadero valor va mucho más allá de la generación de energía.
La digestión anaerobia, explica, constituye también una herramienta clave para mejorar la gestión de residuos orgánicos y recuperar nutrientes como nitrógeno y fósforo, dos elementos estratégicos para la agricultura y especialmente relevantes en el actual panorama europeo de reducción de pérdidas contaminantes. De hecho, la propia Unión Europea plantea objetivos cada vez más exigentes para limitar las emisiones y pérdidas de nutrientes asociadas a la actividad agroganadera.
En este sentido, Flotats considera que este gas renovable debe entenderse como una “puerta de entrada” a sistemas más avanzados de gestión ambiental y recuperación de recursos. El digestato resultante del proceso puede convertirse en un fertilizante útil, siempre que exista una adecuada separación de impropios y una correcta gestión posterior. Por ello, insiste en que “la calidad de los residuos en origen resulta determinante para garantizar un modelo verdaderamente circular”.
Esta visión permite desmontar otra de las falsas expectativas más extendidas: pensar que cualquier residuo orgánico sirve automáticamente para producir biogás de manera eficiente y sostenible. “No hay que hacer biogás de todo”, advierte el investigador, que defiende analizar cada flujo residual y seleccionar las tecnologías más adecuadas en función de las características del entorno, las necesidades energéticas y los problemas ambientales existentes.
Además, el potencial real de este gas tampoco debe interpretarse como una solución ilimitada. Aunque distintos estudios sitúan a España entre los países europeos con mayor capacidad de producción de biometano, Flotats recuerda que muchas previsiones dependen de variables todavía inciertas, como la disponibilidad futura de cultivos intermedios, la modernización de las granjas o la propia transformación del sistema alimentario.
“Tenemos potencial para producir biometano, pero hay incertidumbres y no todo puede basarse en grandes cifras teóricas”
Por ello, considera más útil trabajar con escenarios progresivos y realistas a corto y medio plazo que “construir discursos basados únicamente en grandes cifras teóricas de potencial energético”.
Otra de las grandes ideas que atraviesan el debate sobre el biogás es su capacidad para contribuir a la descarbonización. Sin embargo, Xavier Flotats insiste en que esta reducción de emisiones no se produce automáticamente por el simple hecho de generar biometano. El balance ambiental depende, en gran medida, de cómo se gestionen los residuos desde el origen y de las condiciones concretas en las que se desarrolla cada proyecto.
El investigador recuerda que sustituir gas natural fósil por biometano ya implica, por sí mismo, una reducción de emisiones de CO₂ de origen fósil. Pero el verdadero potencial climático aparece especialmente cuando el biogás permite evitar emisiones difusas de metano procedentes de vertederos o deyecciones ganaderas almacenadas durante largos periodos de tiempo.
En el caso de la fracción orgánica proveniente de los residuos municipales, por ejemplo, la digestión anaerobia puede “evitar parte de las emisiones que antes se producían en vertedero”. Y en el ámbito ganadero, añade, “el impacto puede ser todavía más relevante”. La Directiva Europea de Energías Renovables reconoce incluso que el biometano generado a partir de deyecciones ganaderas puede alcanzar balances de emisiones negativas, precisamente por el metano que se evita liberar a la atmósfera durante el almacenamiento de estos residuos.
No obstante, Flotats advierte de que este beneficio ambiental solo se produce bajo determinadas condiciones. “No puedes querer hacer biogás una vez las deyecciones han estado almacenadas cuatro meses”, explica. Durante ese tiempo, buena parte del metano ya se ha liberado y el potencial energético del residuo disminuye considerablemente.
Por ello, considera imprescindible que las plantas de este recurso, especialmente las vinculadas al sector ganadero, impulsen también cambios en el modelo de gestión dentro de las propias explotaciones. La utilización de deyecciones frescas, la reducción de emisiones fugitivas o la modernización de determinadas infraestructuras son aspectos fundamentales para que el sistema tenga un impacto ambiental realmente positivo.
El problema, reconoce, es que buena parte de las explotaciones actuales siguen respondiendo a diseños antiguos, concebidos principalmente para reducir costes productivos y no para minimizar emisiones. “Hay granjas que ambientalmente nos están saliendo muy caras”, señala, por lo que considera inevitable avanzar hacia modelos donde la reducción de metano y amoníaco forme parte de la propia viabilidad futura de las explotaciones.
“Una planta de biogás ha de mejorar los indicadores ambientales del territorio o no sirve para nada”
Así, también pone el foco en la necesidad de crear incentivos económicos y regulatorios que acompañen esta transformación. Mientras otros países europeos ya aplican tasas o mecanismos asociados a las emisiones del sector primario, en España todavía existe una escasa traslación económica de las mejoras ambientales. A su juicio, “el mercado sigue sin reconocer suficientemente el valor añadido de aquellas explotaciones capaces de reducir emisiones o mejorar sus indicadores ambientales”.
La cuestión resulta especialmente relevante porque, según explica, el futuro desarrollo del biometano estará cada vez más ligado a sistemas de certificación ambiental y huella de carbono. Cuanto mayores sean las emisiones evitadas y mejor documentados estén esos resultados, mayor será también el valor económico asociado al gas renovable producido.
Por eso, Flotats insiste en una idea que considera fundamental para entender el papel real del biogás en la transición energética: una planta no debería medirse únicamente por la energía que genera, sino también por su capacidad para mejorar el entorno donde se implanta. “Si una planta de biogás solamente enseña que va a producir tantos gigavatios al año, no está diciendo nada que pueda afectar positivamente a las personas que viven allí”, advierte.
Por otro lado, el rápido crecimiento de proyectos vinculados al biometano ha intensificado también la contestación social en distintos territorios. En muchas zonas rurales, especialmente aquellas ligadas a una elevada concentración ganadera, las nuevas plantas generan preocupación entre vecinos y plataformas ciudadanas por posibles impactos asociados al tráfico de residuos, los olores, la contaminación o el modelo productivo al que se vinculan estas instalaciones.
Lejos de descalificar estas posiciones, Xavier Flotats introduce un matiz poco habitual en el debate público: no todo rechazo social es irracional y no todos los proyectos merecen ser defendidos. De hecho, considera que parte de la oposición surge precisamente por experiencias previas de instalaciones mal diseñadas o deficientemente operadas.
“Hay proyectos que merecen rechazo social y proyectos que merecen ser defendidos”
El experto recuerda haber visitado plantas donde los malos olores evidenciaban una gestión inadecuada del proceso. “Cuando hay referencias de mal diseño o instalaciones hechas sin tener en cuenta mínimos de seguridad y control ambiental, eso tiene consecuencias”, señala. A su juicio, muchos de los conflictos actuales responden también a la aparición de proyectos impulsados desde fuera del territorio, promovidos por grandes grupos inversores sin una integración real con las necesidades locales.
De este modo, defiende que las iniciativas con mayor viabilidad social son aquellas en las que los propios productores de residuos —ganaderos, agricultores o industrias agroalimentarias— participan desde el inicio en el desarrollo del proyecto. Es decir, modelos donde la planta responde a problemas existentes en la zona y no únicamente a oportunidades de negocio vinculadas al mercado energético.
El debate sobre el biogás ya no se limita a la energía: emisiones, gestión de residuos, purines, territorio y aceptación social forman parte de una discusión cada vez más compleja
Insiste además en que cualquier proyecto debería comenzar con un análisis detallado de la zona en cuestión: emisiones existentes, situación de las aguas subterráneas, excedentes de nutrientes, impacto de las explotaciones ganaderas o necesidades reales de gestión de residuos. Solo a partir de ese diagnóstico, sostiene, tiene sentido plantear una instalación capaz de aportar mejoras ambientales medibles.
Esta cuestión conecta directamente con otra de las críticas más recurrentes alrededor del sector: el tamaño creciente de determinadas plantas. Aunque el investigador evita utilizar términos como “macrogranjas” de forma indiscriminada, sí reconoce que el aumento de dimensión en sistemas intensivos solo puede justificarse si se acompaña de inversiones capaces de reducir emisiones y mejorar el comportamiento ambiental de las explotaciones.
“El problema no es la dimensión en sí misma, sino aumentar tamaño sin aprovechar esa capacidad económica para mejorar el medio ambiente”, resume. De lo contrario, advierte, la percepción ciudadana seguirá asociando este tipo de proyectos a un modelo extractivo y altamente impactante para el territorio.
También cuestiona aquellas iniciativas que priorizan exclusivamente la rentabilidad energética o la proximidad a infraestructuras gasistas sin tener en cuenta la lógica territorial de los residuos. “No tiene sentido transportar purines decenas de kilómetros simplemente porque allí existe conexión a la red de gas”, apunta. Desde su punto de vista, minimizar el transporte de residuos con alta carga de agua y baja densidad energética debería ser un criterio básico de planificación.
A esta falta de ordenación se suma otro riesgo creciente: que parte del biometano producido termine destinado principalmente a mercados exteriores mientras los impactos ambientales y territoriales permanecen en las zonas de producción. Para Flotats, este escenario alimenta la percepción de que algunas instalaciones funcionan como una industria extractiva desligada de las necesidades locales.
Considera fundamental avanzar hacia marcos regulatorios más exigentes y mecanismos que garanticen estándares mínimos de calidad ambiental, integración territorial y aceptación social. Entre ellos, destaca el futuro sello de excelencia ambiental y territorial planteado por el Ministerio para la Transición Ecológica, orientado a fijar criterios relacionados con distancias mínimas, gestión de nutrientes o procedencia de residuos.
A su parecer, el futuro del biogás en España dependerá menos de la cantidad de proyectos anunciados y más de la capacidad para demostrar que estas instalaciones contribuyen realmente a mejorar los indicadores ambientales, reducir emisiones y generar valor en los territorios donde se implantan.
Pese al creciente protagonismo del biometano en la agenda energética europea, Flotats insiste en evitar discursos excesivamente simplificados sobre su capacidad para sustituir al gas fósil. Aunque España dispone de un elevado potencial asociado a residuos agroganaderos, lodos de depuradora o fracción orgánica municipal, el experto recuerda que existen numerosas incertidumbres ligadas a la evolución del sistema alimentario, la disponibilidad futura de determinados recursos o la propia reducción de la demanda energética.
En este sentido, defiende que el despliegue de este recurso debe formar parte de una estrategia más amplia basada también en la electrificación, la eficiencia y la reducción del consumo energético. “Cualquier plan para reducir la dependencia del gas tiene que contemplar también una reducción de la demanda”, resume. Flotats considera que el biometano puede tener también un papel relevante en sectores difíciles de electrificar, especialmente en determinados ámbitos del transporte pesado o marítimo, donde la sustitución directa mediante electricidad resulta más compleja. Sin embargo, insiste en que este desarrollo debe formar parte de una planificación global de la demanda energética y no de una expansión indiscriminada del consumo de gas renovable.
Además, considera un error centrar todo el debate únicamente en la producción de energía. El verdadero potencial del biogás, sostiene, aparece cuando se integra dentro de una visión más amplia de economía circular, donde residuos, nutrientes, emisiones y territorio formen parte de un mismo sistema de gestión.
“No hay que hacer biogás de todo ni pensar que existe una solución única para todos los territorios”
Por ello, Flotats insiste en que no existe una solución única aplicable a todos los contextos. Habrá territorios donde la digestión anaerobia sea la mejor alternativa y otros donde tecnologías como la combustión, la gasificación o determinados sistemas de valorización de nutrientes puedan resultar más adecuados. “No hay que encerrarse en una tecnología concreta”, señala.
A su juicio, el futuro del sector dependerá de la capacidad para abandonar tanto el rechazo indiscriminado como las expectativas sobredimensionadas. Porque el biogás, concluye, puede desempeñar un papel importante en la transición energética y en la gestión sostenible de residuos, pero solo si su desarrollo responde a criterios técnicos rigurosos, planificación territorial y mejoras ambientales verificables.
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