El saneamiento urbano afronta una de las transformaciones normativas más profundas de las últimas décadas con la nueva Directiva (UE) 2024/3019 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (Directiva TARU). Su transposición obligará a replantear cómo se planifican, gestionan y financian los servicios de alcantarillado y depuración en España, incorporando exigencias más estrictas en materia ambiental, energética y de gobernanza.
Más allá del cumplimiento formal, la TARU vincula el saneamiento con la salud pública, la protección de las masas de agua y la resiliencia frente al cambio climático. DAQUAS, que representa a más del 85 % de los operadores públicos y privados del sector, ha elaborado un posicionamiento técnico que identifica los principales riesgos de aplicación y plantea condiciones clave para evitar repetir los incumplimientos del pasado. La Directiva, advierte el sector, solo será viable con una gobernanza más coordinada, una planificación realista y una financiación suficiente.
La nueva Directiva (UE) 2024/3019 sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas —conocida como Directiva TARU— marca un punto de inflexión para el saneamiento en Europa y, en particular, en España
La ambición de la TARU choca con una realidad estructural en España marcada por la fragmentación competencial, la ausencia de un marco regulador homogéneo y un déficit crónico de inversión. La falta de una regulación estatal común para el abastecimiento y el saneamiento genera fuertes desigualdades territoriales y dificulta una aplicación coherente de la normativa europea.
DAQUAS subraya la necesidad de reforzar la gobernanza mediante un sistema regulador o de supervisión que clarifique responsabilidades, armonice criterios técnicos y tarifarios y refuerce la planificación estratégica. Sin este marco común, la transposición corre el riesgo de reproducir desequilibrios y generar inseguridad jurídica en la ejecución de infraestructuras.
En paralelo, la financiación constituye uno de los principales cuellos de botella. El sector arrastra un déficit inversor cercano a los 5.700 millones de euros anuales, agravado por un sistema tarifario deficitario que no permite recuperar costes ni garantizar la sostenibilidad del servicio. La revisión progresiva de tarifas, con criterios técnicos y mecanismos de protección social, se perfila como una condición imprescindible para cumplir los principios europeos y asegurar la viabilidad del saneamiento.
La ambición técnica y ambiental de la nueva Directiva TARU contrasta con una realidad estructural que en España continúa marcada por la fragmentación competencial, la falta de planificación a largo plazo y un preocupante déficit de inversión
El desafío se intensifica en el ámbito rural y disperso. Más del 60 % de los municipios españoles se sitúan por debajo de los 1.000 habitantes equivalentes (h-e), umbral a partir del cual la TARU establece la obligatoriedad de tratamiento. En estos entornos, replicar modelos de grandes EDAR resulta técnica y económicamente inviable.
Muchas instalaciones rurales han sido diseñadas sin adaptación a la escala local, con costes de operación inasumibles y falta de personal especializado. A ello se suman criterios dispares entre organismos de cuenca y situaciones de inseguridad jurídica derivadas de infraestructuras construidas sin un marco homogéneo.
DAQUAS defiende que la aplicación de la Directiva en pequeños sistemas debe basarse en proporcionalidad, enfoque de riesgo y seguridad jurídica. Propone armonizar criterios, definir metodologías realistas para calcular cargas contaminantes —evitando sobredimensionamientos por picos estacionales— y revisar el inventario de aglomeraciones desde una visión territorial integral. La respuesta pasa también por soluciones adaptadas a escala, financiación específica y refuerzo de estructuras supramunicipales que permitan compartir recursos y garantizar la sostenibilidad.
Si el déficit estructural del saneamiento en España ya plantea importantes desafíos en los grandes núcleos urbanos, estos se multiplican en el ámbito rural y disperso, donde más del 60 % de las aglomeraciones urbanas se sitúan por debajo del umbral de los 1.000 habitantes equivalentes
La TARU impulsa un cambio de paradigma hacia una planificación integrada del saneamiento urbano, especialmente relevante ante el aumento de episodios de lluvias intensas asociados al cambio climático. La introducción de los PGIARU refuerza una visión sistémica que incorpora diagnóstico, prevención y control de desbordamientos.
España parte con ventaja gracias a los Planes Integrales de Gestión del Sistema de Saneamiento (PIGSS) recogidos en el RD 665/2023. DAQUAS considera esencial alinear ambos instrumentos durante la transposición para evitar duplicidades y aprovechar el trabajo técnico ya desarrollado.
Uno de los retos clave será definir con precisión conceptos como aguas pluviales contaminadas o lluvias intensas, así como los indicadores de control. El sector propone priorizar el indicador de Rendimiento Hidráulico del Sistema, ya validado en España, por su adecuación a los patrones de lluvia y a la realidad urbana. La planificación integrada debe incluir diagnóstico de infraestructuras, medidas operativas, mantenimiento y preparación ante eventos extremos, apoyándose en el marco normativo existente.
La articulación entre PGIARU y PIGSS no solo es deseable, sino necesaria para construir una planificación realista, eficiente y alineada con la capacidad técnica de los operadores
La mejora cualitativa del tratamiento constituye otro eje central de la TARU. La incorporación de tratamientos terciarios más exigentes para la eliminación de nutrientes plantea dificultades técnicas y espaciales en muchas EDAR, especialmente aquellas con fuerte estacionalidad.
La Directiva permite evaluar el cumplimiento por concentración o por rendimiento. DAQUAS defiende aplicar el criterio menos restrictivo cuando sea técnicamente viable y armonizar su aplicación para evitar decisiones desproporcionadas. En clave de economía circular, propone que los nutrientes presentes en el agua depurada destinada a riego no computen como carga vertida, al no existir vertido real al medio receptor.
La reutilización de aguas depuradas se consolida como herramienta estructural frente a la escasez hídrica, pero exige reforzar el control de vertidos industriales, principal fuente de contaminantes complejos. Asimismo, se reclama clarificar cuándo deben exigirse tratamientos cuaternarios en reutilización, basando las decisiones en evaluaciones de riesgo y evitando incrementos injustificados de costes. En cuanto a los lodos, se defiende el uso agronómico como vía prioritaria, complementada con valorización energética o codigestión cuando sea necesario.
Uno de los retos más exigentes de la nueva Directiva es la incorporación de tratamientos terciarios para la eliminación adicional de nutrientes. No se trata solo de una cuestión tecnológica, sino también de adecuación territorial
El tratamiento cuaternario para la eliminación de microcontaminantes representa uno de los mayores retos tecnológicos y económicos de la TARU. Su implantación progresiva exigirá criterios homogéneos para asignar cargas, evaluar riesgos y priorizar actuaciones, evitando distorsiones por estacionalidad.
DAQUAS subraya la necesidad de anticipar mediciones en el medio receptor y evitar duplicidades en instalaciones que ya cuenten con evaluaciones de riesgo comparables. El pilar clave será la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), que introduce el principio de “quien contamina paga” en el saneamiento.
El sector propone la creación de un organismo nacional independiente y un SCRAP estatal que garantice una financiación transparente y equitativa. La RAP debería cubrir la totalidad de los costes asociados al tratamiento cuaternario, desde la inversión hasta la operación y el seguimiento, con metodologías flexibles que permitan adaptarse a nuevas sustancias y tecnologías.
La transición hacia tratamientos más exigentes no se detiene en los terciarios. El salto al tratamiento cuaternario marca un nuevo umbral tecnológico para el sector
La TARU culmina su enfoque con el objetivo de alcanzar la neutralidad energética en EDAR de más de 10.000 h-e. Más allá de una meta climática, se trata de una condición estructural para sostener un sistema de saneamiento cada vez más exigente.
DAQUAS propone un registro nacional de instalaciones afectadas y auditorías energéticas comparables, con criterios homogéneos. El cálculo debería centrarse en el proceso de tratamiento en sentido estricto y no penalizar decisiones de economía circular en la gestión de lodos. El balance energético debe incluir todas las formas de energía renovable, incluida la generada por terceros en nombre del operador, permitiendo fórmulas como los PPAs y el uso de la red como “batería virtual”.
Dado su elevado consumo, el sobrecoste energético del tratamiento cuaternario debería cubrirse mediante la RAP. En conjunto, la TARU abre un nuevo ciclo del agua urbana en España, cuyo éxito dependerá de la capacidad de convertir la ambición normativa en planificación realista, financiación suficiente y una gobernanza eficaz y coordinada.
El camino hacia un modelo de saneamiento más exigente y tecnificado culmina en un objetivo estratégico y transversal: lograr la neutralidad energética
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