Por Naiara Ortiz de Mendíbil, secretaria general Asociación Española del Gas (Sedigas)
En la carrera hacia los objetivos climáticos y energéticos, Europa ha puesto gran parte de sus esperanzas en las energías renovables. Algunas ya cuentan con un reconocimiento consolidado, mientras que otras, pese a su enorme potencial, siguen siendo infravaloradas. El biometano es una de ellas. Este gas renovable, producido a partir de residuos orgánicos, ofrece beneficios únicos: contribuye de manera decisiva a la reducción de emisiones, refuerza la autonomía energética del continente y dinamiza la economía rural, entre otros. España, con un potencial extraordinario y una red gasista moderna y resiliente, podría convertirse en un actor decisivo en este tablero. La cuestión relevante hoy en día es si sabrá aprovechar esta enorme oportunidad a tiempo.
Europa ha situado al biometano en el núcleo de su estrategia energética. El reciente Biomethane Investment Outlook 2025 de la Asociación Europea del Biogás (EBA) confirma que la capacidad de producción ha superado los 7.000 millones de metros cúbicos anuales, con 900 nuevas plantas previstas en los próximos cinco años y más de 29.000 millones de euros comprometidos en proyectos. No se trata únicamente de cifras, sino de la constatación de una tecnología madura, probada y segura que ya ha dejado atrás la fase experimental para consolidarse como una industria con tracción propia.
El plan REPowerEU, lanzado en 2022, marcó un antes y un después al fijar como meta alcanzar los 35 bcm de biometano en 2030, multiplicando por diez la capacidad instalada en aquel momento. El mensaje fue inequívoco: la transición energética ya no es solo una cuestión de emisiones, sino también de soberanía. Sin embargo, esta dinámica inversora necesita reforzarse con marcos regulatorios claros y procesos administrativos más ágiles que aporten visibilidad y confianza a largo plazo. Solo así se mantendrá el apetito inversor que hoy existe en Europa.
En este contexto, España se encuentra en una posición singular. Según el mismo informe de la EBA, nuestro país lidera las previsiones de inversión con 4.800 millones de euros comprometidos hasta 2030 y una capacidad estimada de 17,3 TWh anuales. A primera vista, podría parecer una historia de éxito, pero la realidad es más compleja. Este liderazgo responde más al retraso acumulado respecto a países como Francia o Alemania que a una apuesta decidida por parte de nuestras instituciones.
España podría cubrir el 50% de su demanda de gas natural con recursos propios, pero el desarrollo real, a pesar de los avances, sigue lejos de materializar esas posibilidades.
La realidad es que hoy apenas contamos con 17 plantas operativas frente a las 760 francesas o las 260 alemanas. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fija un objetivo de 20 TWh de biogás para 2030, una cifra que palidece frente al potencial técnico identificado por Sedigas que lo sitúa en 163 TWh. Dicho de otro modo, España podría cubrir el 50% de su demanda de gas natural con recursos propios, pero el desarrollo real – a pesar de los avances - sigue lejos de materializar esas posibilidades. La explicación de este desfase no está en la falta de interés empresarial, pues los proyectos abundan y los inversores han demostrado reiteradamente su disposición a apostar por este vector energético. El problema radica en la existencia de barreras administrativas y regulatorias que entorpecen el despliegue. Los procesos de autorización pueden alargarse durante años, la coordinación entre administraciones públicas resulta insuficiente y no existen todavía incentivos específicos que aporten certidumbre de rentabilidad razonable a las inversiones.
La reciente Circular 2/2025 de la CNMC, que regula la conexión de nuevas plantas a la red gasista, supone un avance destacable, pero es aún insuficiente. Quedan retos clave por abordar, como la revisión del marco retributivo del sistema gasista para el periodo 2027–2032, la necesaria transposición de la RED III o la Directiva europea sobre gases renovable, del gas natural e hidrógeno.
El biometano no es solo un gas renovable; es también una palanca de economía circular y cohesión territorial.
El contraste con nuestros vecinos resulta revelador. Francia ha logrado superar a Alemania en volumen de producción gracias a una estrategia clara y estable, con sistemas de primas a la inyección que garantizan ingresos predecibles a los productores. Alemania, por su parte, consolidó su liderazgo a lo largo de dos décadas gracias a tarifas reguladas que aportaron seguridad a los inversores. España, pese a contar con recursos abundantes y una red gasista moderna, ha carecido de un enfoque similar. El resultado es una brecha significativa en número de plantas y capacidad instalada. La lección es evidente: no basta con tener potencial, hacen falta señales políticas firmes y un marco regulatorio que permita convertir ese potencial en realidad.
El biometano no es solo un gas renovable; es también una palanca de economía circular y cohesión territorial. Su producción a partir de residuos orgánicos agrícolas, ganaderos, industriales y urbanos permite cerrar ciclos de materia, reducir emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la gestión de residuos y obtener fertilizantes orgánicos que sustituyen a insumos químicos. Cada planta contribuye a la creación de empleo estable y de calidad, tanto directo como indirecto, no sólo durante la fase de construcción, sino también durante su operación y mantenimiento, y ofrece nuevas fuentes de ingresos para agricultores y ganaderos, que ven cómo un coste de gestión se convierte en una oportunidad de negocio. En regiones como Castilla y León, Castilla-La Mancha o Andalucía, con un elevado potencial de materia prima, el biometano puede convertirse en un motor de desarrollo económico y en una herramienta eficaz contra la despoblación.
La dimensión geopolítica tampoco puede ignorarse. La guerra de Ucrania demostró la vulnerabilidad de una Europa excesivamente dependiente del gas ruso. En un mundo marcado por tensiones crecientes, la energía se ha convertido en un arma de presión y el biometano representa una de las pocas soluciones capaces de conjugar descarbonización con seguridad de suministro. A diferencia de otras renovables, no depende de condiciones meteorológicas, puede almacenarse y transportarse con facilidad, y aprovecha las infraestructuras existentes sin necesidad de grandes inversiones adicionales en beneficio de los hogares y la industria nacional. Su valor estratégico reside en la capacidad de blindar la autonomía energética del país al tiempo que se avanza hacia la neutralidad climática.
España tiene recursos, tecnología, industria y experiencia suficientes para liderar este sector. Pero sin decisión política, ambición regulatoria y visión de Estado, ese potencial corre el riesgo de quedarse en papel mojado.
El futuro del biometano en España dependerá de la capacidad de articular una estrategia nacional integral. Esa estrategia debería incluir objetivos vinculantes de producción e inyección acordes al potencial identificado, la simplificación administrativa y la reducción drástica de los plazos de tramitación. También exigiría un marco de incentivos económicos estable y predecible que permita atraer inversiones a largo plazo y consolidar el papel del biometano como activo estratégico para el país. A nivel europeo, España debería alinearse con la propuesta de la EBA de alcanzar en Europa los 100.000 millones de metros cúbicos (bcm) de biogases en 2040 y respaldar la creación de una Carta Europea del Biometano que armonice normativas, agilice permisos y fortalezca infraestructuras.
España tiene recursos, tecnología, industria y experiencia suficientes para liderar este sector. Pero sin decisión política, ambición regulatoria y visión de Estado, ese potencial corre el riesgo de quedarse en papel mojado. El biometano no es una opción secundaria, sino una herramienta imprescindible para garantizar la competitividad económica, la sostenibilidad ambiental y la soberanía energética. Aprovecharlo significa generar energía limpia a partir de nuestros propios residuos, fortalecer la economía rural, reducir emisiones y disminuir la dependencia exterior.
El tren del biometano ya está en marcha. España tiene un billete preferente, pero debe decidir si quiere subirse de inmediato o resignarse, una vez más, a ver cómo otros marcan el paso.
Actualidad, reportajes, revista digital, podcasts y más.
