La depuración de aguas residuales urbanas está entrando en una fase de transformación acelerada en Europa. Ya no se trata solo de cumplir con límites más exigentes; el verdadero cambio de fondo es que las EDAR pasan a ser infraestructuras estratégicas para proteger los ecosistemas y la salud pública, reducir las emisiones y recuperar recursos en un escenario con una creciente presión regulatoria, climática y presupuestaria.
Según el Consejo de la UE, la revisión de la Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas amplía el alcance a más aglomeraciones, incorpora nuevos contaminantes (incluidos los microcontaminantes) y fija un rumbo explícito hacia la neutralidad energética del sector.
Por tanto, el salto cualitativo llega, sobre todo, con la obligación de abordar una familia de contaminantes que hasta ahora quedaba en gran medida fuera del “diseño” tradicional de muchas plantas: los microcontaminantes asociados a usos cotidianos, como residuos de medicamentos o compuestos presentes en productos cosméticos. Según el Consejo de la UE, para determinadas instalaciones la hoja de ruta incorpora la implantación de tratamientos cuaternarios para eliminar microcontaminantes, y además introduce un esquema de responsabilidad ampliada del productor: los fabricantes de farmacéuticos y cosméticos deberán contribuir, como mínimo, al 80% de los costes adicionales de ese tratamiento.
A esta presión regulatoria en saneamiento se suma, en paralelo, la agenda de control de contaminantes emergentes en agua de consumo. Desde la Comisión Europea subrayan que por primera vez se realiza un seguimiento sistemático de PFAS en el agua potable en la UE, y que, si se superan los valores límite, los Estados miembros deben informar a la población y tomar medidas para reducirlos. En línea con ese cambio, según un informe de Bluefield Research, el gasto total en tratamiento de PFAS en sistemas de agua potable en diez países europeos podría alcanzar los 3.600 millones de euros hasta 2036, con un incremento progresivo de inversiones a partir de 2026.
El gasto total en tratamiento de PFAS en los sistemas de agua potable en diez países europeos podría alcanzar los 3.600 millones de euros hasta 2036, con un incremento progresivo de inversiones a partir de 2026
Como resultado de todo lo anterior surge un nuevo mapa de prioridades para el ciclo urbano del agua: modernizar plantas, incorporar tecnologías avanzadas y digitalización, contener el impacto energético, y -no menos importante- diseñar soluciones viables para pequeñas poblaciones, donde los modelos convencionales no siempre encajan.
En territorios con dispersión municipal, como es el caso de regiones españolas como Aragón, este debate adquiere un relieve particular y anticipa una pregunta clave: ¿cómo traducir las obligaciones europeas en una transición realista, planificada y financiable, sin dejar atrás a los núcleos más pequeños?
Antes de analizar casos concretos, hay que entender el contexto actual en el que nos encontramos. En este sentido, debemos destacar que la normativa europea sobre aguas residuales urbanas ha entrado en una fase de revisión histórica tras más de tres décadas vigente. La Directiva 91/271/CEE, conocida como Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD), había establecido desde 1991 los requisitos mínimos de recogida, tratamiento y vertido de aguas residuales urbanas en la UE. Sin embargo, muchos de los retos ambientales y sanitarios actuales, como los microcontaminantes, la gestión climática y la cohesión sanitaria, no estaban cubiertos de forma explícita en aquella versión original.
Así, hace poco más de un año -en diciembre de 2024- se publicó la Directiva (UE) 2024/3019, que refundió y actualizó esta normativa para adaptarla al Plan de Acción “Contaminación Cero” y al Pacto Verde Europeo. La directiva revisada entró en vigor el 1 de enero de 2025 y establece un nuevo marco regulatorio con objetivos más ambiciosos en varios frentes.
Uno de los cambios más significativos es la ampliación del ámbito de aplicación. La normativa exige ahora que todos los Estados miembros recojan y traten las aguas residuales de aglomeraciones urbanas con al menos 1.000 habitantes equivalentes, frente al umbral anterior de 2.000 h-e. Esto implica que más núcleos urbanos y rurales de pequeño tamaño deberán disponer de sistemas conectados y tratamientos básicos, lo que plantea retos de planificación y financiación para numerosas regiones europeas.
Ese nuevo umbral entra en vigor con plazos escalonados, en general antes de 2035, para asegurar que se conecte y dé tratamiento secundario (eliminación de materia orgánica biodegradable) en toda aglomeración superior a 1.000 habitantes-e.
La nueva normativa europea reduce los umbrales de aplicación a 1 000 h-e y obliga a aplicar tratamientos avanzados para reducir microcontaminantes, con plazos escalonados hasta 2045
Otra de las innovaciones clave es que la nueva directiva incorpora más contaminantes, entre ellos los denominados microcontaminantes -sustancias químicas presentes en niveles muy bajos pero con potencial efecto adverso sobre la salud y el medio ambiente- como residuos de productos farmacéuticos y cosméticos. Esta inclusión responde a la evidencia de que los tratamientos convencionales no eliminan eficazmente estas sustancias, que acaban en ríos y acuíferos si no se abordan con tecnologías más avanzadas y preparadas.
La regulación prevé que, gradualmente y con plazos hasta mediados de la década de 2040, se apliquen tratamientos terciarios y cuaternarios en las plantas de mayor tamaño (por ejemplo, sobre los 10.000-150.000 h-e), incorporando procesos como filtración avanzada, adsorción o tecnologías de oxidación específicos para estos compuestos.
El principio de que “quien contamina paga” cobra un significado renovado en el contexto de estos tratamientos avanzados. La Directiva introduce un esquema de Responsabilidad Ampliada del Productor (EPR, por sus siglas en inglés) que obliga a los fabricantes de productos farmacéuticos y cosméticos -clasificados como fuentes principales de microcontaminantes- a contribuir financieramente a los costes adicionales derivados del tratamiento cuaternario, la recogida de datos y la gestión de programas de responsabilidad colectiva.
Este enfoque supone una carga económica significativa para esos sectores, ya que deben cubrir al menos un 80% de los costes vinculados al tratamiento avanzado y otros gastos administrativos, aunque la lista de productos sujetos a EPR podría ampliarse más adelante.
Entrada en vigor y transposición
Ámbito de aplicación
Tratamientos obligatorios
Responsabilidad ampliada del productor (EPR)
Costes estimados del tratamiento avanzado
Número de plantas y beneficios socio-económicos (estimaciones europeas)
Horizontes de implantación
Objetivos de neutralidad energética
Esta revisión normativa europea que hemos visto no solo eleva los estándares ambientales, sino que obliga a repensar el modelo técnico de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). Durante décadas, el objetivo prioritario fue eliminar materia orgánica y nutrientes. Hoy, la agenda es mucho más compleja: los citados microcontaminantes, mejorar la eficiencia energética, reducir las emisiones y la recuperación de recursos forman parte del nuevo paradigma.
Para la Comisión Europea, el sector del saneamiento representa un consumo energético relevante dentro del ciclo urbano del agua, y la nueva directiva establece un camino hacia la neutralidad energética progresiva en las grandes instalaciones, fomentando el aprovechamiento del biogás generado en digestión anaerobia y la mejora de la eficiencia de los procesos. Este enfoque se alinea así con los objetivos climáticos del Pacto Verde Europeo y con la estrategia de descarbonización del conjunto de infraestructuras públicas.
En este contexto, la modernización tecnológica de las EDAR pasa por la incorporación de tratamientos terciarios y cuaternarios, incluyendo sistemas de adsorción con carbón activo, ozonización o tecnologías de membranas, capaces de reducir concentraciones de microcontaminantes persistentes. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), los contaminantes farmacéuticos y químicos emergentes continúan detectándose en masas de agua superficiales europeas, lo que refuerza la necesidad de actuar también desde el tratamiento en origen urbano.
La EDAR del futuro ya no es solo una infraestructura de depuración: es un nodo energético, digital y de recuperación de recursos
La transformación, sin embargo, no es únicamente tecnológica. También implica una reconfiguración operativa y digital. La digitalización del ciclo del agua -mediante sensores, modelización predictiva y sistemas avanzados de control, entre otros- permite optimizar consumos energéticos, anticipar fallos y mejorar la eficiencia de eliminación de nutrientes y contaminantes. De este modo, tal y como señala la OCDE, la modernización digital del sector hídrico es una de las palancas clave para mejorar resiliencia y sostenibilidad financiera en infraestructuras de agua y saneamiento.
El concepto de EDAR como simple instalación de tratamiento está evolucionando hacia el modelo de biofactoría, en el que la planta se concibe como un centro productor de recursos. El biogás puede transformarse en energía eléctrica o térmica; los lodos pueden valorizarse mediante digestión y recuperación de nutrientes; y el agua regenerada puede destinarse a riego agrícola, usos industriales o ambientales.
Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), España es uno de los países europeos con mayor volumen de reutilización de agua regenerada, especialmente en regiones con estrés hídrico. Esta tendencia se verá previsiblemente reforzada por la creciente presión climática y por la aplicación del Reglamento (UE) 2020/741 relativo a la reutilización del agua para riego agrícola.
La modernización de las EDAR, por tanto, no puede entenderse únicamente como una obligación normativa, sino como una oportunidad estratégica para reforzar la seguridad hídrica y avanzar en economía circular. No obstante, el reto financiero es considerable: adaptar infraestructuras existentes, incorporar nuevas etapas de tratamiento y mejorar la eficiencia energética requerirá planificación a medio y largo plazo, especialmente en aquellas comunidades autónomas con un parque de instalaciones amplio y heterogéno.
Si la modernización de las grandes EDAR concentra buena parte del debate tecnológico, el gran reto de implementación en muchas regiones europeas, especialmente en España, está en la escala, es decir, cómo garantizar una depuración eficaz en municipios pequeños y dispersos sin trasladarles modelos pensados para grandes aglomeraciones urbanas. Hace apenas unos meses en RETEMA publicamos un análisis en el que se observa que más del 60% de los municipios españoles se sitúan por debajo del umbral de 1.000 habitantes equivalentes, el nuevo punto de partida a partir del cual la revisión de la Directiva de aguas residuales urbanas extiende la obligatoriedad de tratamiento.
Cumplir la nueva exigencia europea en municipios pequeños obligará a combinar planificación, soluciones técnicas ‘a medida’ y financiación estable para no abrir una brecha territorial en saneamiento
Esto en la práctica obliga a repensar el “cómo” y el “con qué” en entornos donde la ingeniería tradicional (colectores extensos, bombeos continuos, tratamientos complejos) puede ser técnica y económicamente desproporcionada. Aquí aparecen con fuerza soluciones que hasta hace poco eran “alternativas” y hoy se vuelven estratégicas: plantas compactas y modulares, tecnologías robustas para cargas variables (muy habituales en zonas turísticas o de montaña), y sistemas descentralizados adaptados a cada núcleo.
En paralelo, también ganan tracción enfoques de baja energía y operación simplificada que buscan reducir costes de explotación, uno de los puntos críticos en el medio rural. La UE, de hecho, está impulsando líneas de innovación específicas para saneamiento en pequeñas aglomeraciones, como muestran proyectos europeos orientados a tratamientos modulares para poblaciones inferiores a 2.000 habitantes equivalentes.
Aragón es un buen ejemplo de cómo la depuración en pequeños municipios no es un “tema periférico”, sino un eje de política pública. El Gobierno de Aragón cuenta con un instrumento específico, el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) 2022–2027, aprobado en mayo de 2025, que planifica las actuaciones hasta 2027 priorizando tanto nuevas infraestructuras como la adaptación de sistemas existentes y la mejora de la eficiencia energética.
Al mismo tiempo, la dimensión territorial es clave. El Instituto Aragonés del Agua gestiona actualmente 266 estaciones depuradoras, de las cuales 83 están diseñadas para tratar una carga inferior a 1.000 habitantes equivalentes (h-e), lo que refleja el peso específico de los pequeños núcleos en el modelo aragonés. Según datos expuestos por el propio Instituto, la Comunidad trata en torno al 91,4% de la carga contaminante y cerca del 93,9% de la población censada cuenta con un sistema de depuración adecuado.
Por otro lado, la sostenibilidad económica del sistema se articula a través del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR), que cubre aproximadamente el 80% del gasto de explotación y amortización de las instalaciones, configurando un modelo solidario que permite extender el servicio a municipios que, de forma individual, no podrían asumirlo.
Además, y antes incluso de la entrada en vigor plena de la nueva Directiva, Aragón ya había avanzado en el tramo comprendido entre 2.000 y 1.000 habitantes equivalentes, y el PASD prevé que antes de 2027 se depuren también vertidos urbanos correspondientes a aglomeraciones de al menos 400 habitantes equivalentes.
Infraestructura en servicio
Cobertura actual
Planificación vigente
Modelo de financiación
Eficiencia energética y transición
En este escenario, el debate sobre pequeñas poblaciones conecta directamente con el gran dilema de la próxima década: cómo compatibilizar cumplimiento normativo, sostenibilidad operativa y equidad territorial. Porque si la transición se diseña exclusivamente desde el modelo de gran ciudad, el riesgo es que parte del territorio quede tensionado por inversiones desproporcionadas. Así, la experiencia aragonesa muestra que planificación, financiación estructurada y adaptación tecnológica son piezas inseparables en esta transformación.
La depuración urbana está entrando en una nueva etapa regulatoria en Europa. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales retos que introduce la nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas y qué desafíos particulares plantea para territorios como Aragón?
La modificación de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas nos plantea a las administraciones públicas del agua desafíos a varios niveles, todos ellos complejos.
Desde el punto de vista de la necesidad de nuevas infraestructuras, en primer lugar, para atender a un mayor número de vertidos, ya que la depuración de las aguas residuales deviene necesaria para núcleos o aglomeraciones más pequeñas, en concreto, el umbral de la obligación desciende de una carga contaminante de 2.000 a 1.000 habitantes equivalentes.
Pero, también y de modo paralelo, se hace necesaria la modernización de muchas de las depuradoras que ahora están en funcionamiento para, por ejemplo, atender a unos requisitos más estrictos en el tratamiento terciario de eliminación de nutrientes en zonas en riesgo de eutrofización, implantar un tratamiento cuaternario de eliminación de microcontaminantes, o para abordar el reto de la neutralidad energética.
Todo ello, además de una adecuada planificación en la ejecución y puesta en funcionamiento de las instalaciones y equipamientos supone, no sólo un reto económico y financiero de inversión pública, sino los retos tecnológicos inherentes a los distintos sistemas posibles de tratamiento cuaternario y a la depuración integral en escalas más pequeñas de contaminación.
Afortunadamente, en Aragón, el avance en años precedentes ha propiciado que, en el nuevo tramo, entre 2.000 y 1.000 habitantes equivalentes y antes de la existencia de la obligación legal, se haya avanzado a buen ritmo. De acuerdo con el Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón, aprobado en mayo de 2025, antes de 2027 se llegarán a depurar no sólo los vertidos urbanos incluidos en ese rango, sino que se depurarán los vertidos urbanos de parte de las aglomeraciones de, al menos, 400 habitantes equivalentes.
“La modificación de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas nos plantea a las administraciones públicas desafíos complejos a varios niveles”
En los últimos años ha crecido la preocupación por los contaminantes emergentes, como los PFAS, los residuos farmacéuticos o los microplásticos. ¿Está preparado el sistema actual de saneamiento para abordar este tipo de microcontaminantes?
Ciertamente la preocupación social y ambiental que menciona ha tenido reflejo en la modificación de la Directiva de tratamiento de aguas residuales llevada a cabo en 2024. Los procesos de depuración actuales dan una respuesta adecuada a la carga contaminante biológica y previenen la eutrofización de los cauces receptores de las aguas depuradas. Pero su finalidad no ha venido siendo la eliminación de materiales o sustancias químicas cuya concentración en el agua es tan baja que sólo se ha podido medir de modo preciso, recientemente. Que en este momento estos microcontaminantes no se estén eliminando en tasas significativas no quiere decir que el sistema actual de saneamiento no esté preparado para abordar esta nueva carga en un futuro cercano. Las tecnologías existen y son viables.
Pero también hay que señalar que sí supone un reto la complejidad financiera de la implantación del Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), en virtud del cual corresponde a los fabricantes de productos farmacéuticos o cosméticos financiar parte del tratamiento cuaternario. Si bien supone un buen ejemplo práctico de colaboración público-privada, la novedad del concepto en este sector y la necesidad de alcanzar acuerdos entre partes públicas y privadas es, en sí, un interesante desafío.
“Las tecnologías existen y son viables, pero la implantación del sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor supone en sí misma un interesante desafío”
La normativa apunta además hacia tratamientos más avanzados, como es el caso del tratamiento cuaternario. ¿Qué implicaciones técnicas y económicas tendrá incorporar estas tecnologías en las EDAR existentes?
Ya he mencionado anteriormente el desafío tecnológico que supone la implantación de tratamientos cuaternarios, no sólo en las depuradoras de más de 150.000 habitantes equivalentes, sino en todas aquellas que dan servicio a aglomeraciones menores y que vierten en zonas sensibles a la microcontaminación. Afortunadamente, el reto para esas depuradoras más pequeñas puede ser abordado en un plazo largo, hasta 2045, lo que permitirá en un proceso de aprendizaje tecnológico, seleccionar las tecnologías y sistemas más eficientes y más aconsejables en cada caso.
Aragón tiene una realidad territorial marcada por la dispersión y el peso de los municipios pequeños. ¿Cómo se puede garantizar una depuración eficaz en pequeñas poblaciones, donde los modelos convencionales no siempre son viables?
La peculiar distribución de la población en Aragón ha condicionado mucho el esquema de depuración en nuestra CCAA, tanto desde a nivel económico como técnico. La sostenibilidad del sistema aragonés está garantizada por el Impuesto Medioambiental sobre las aguas residuales, que cubre el 80% del gasto de explotación y amortización de las 266 EDAR que gestionamos, bien mediante concesión, bien mediante contratos de explotación.
Se trata de un modelo solidario que permite extender la depuración a todo el territorio, incluso a núcleos de población que no podría construir ni mantener por si mismos este servicio básico municipal. Desde el punto de vista técnico, se ha procurado escoger la tecnología que mejor se adapta a cada territorio, sin apriorismos y basándonos en la experiencia acumulada en los 25 años gestión del Instituto Aragonés del Agua.
“El Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales configura un modelo solidario que permite extender la depuración a todo el territorio, incluso a núcleos que no podrían mantener por sí mismos este servicio básico”
En este contexto, ¿qué papel pueden jugar soluciones descentralizadas o basadas en la naturaleza frente a las infraestructuras tradicionales?
Desde el Instituto Aragonés del Agua, como he mencionado anteriormente, se gestionan la explotación de 266 EDAR, de ellas, 83 están diseñadas para tratar una carga contaminante inferior a 1.000 h-e. En estas pequeñas depuradoras contamos con todo tipo de tecnologías de tratamiento de depuración, tanto extensivas como intensivas, ya que no hay que olvidar que debemos cumplir con unos valores límite de emisión establecidos en la normativa y en las autorizaciones de vertido, y, por tanto, hay que asegurar su cumplimiento. La construcción de estas pequeñas instalaciones, de manera mayoritaria, ha sido realizada directamente por los ayuntamientos, contando con el apoyo económico del IAA a través de diversos programas de subvenciones.
La explotación posterior se está asumiendo por este Instituto de manera agrupada, bien en contratos de gestión de pequeñas EDAR, bien incluyéndolas en contratos vigentes de depuradoras de mayor tamaño, para poder de esta manera dar un adecuado soporte al contar con medios humanos y materiales de manera global.
Más allá del cumplimiento normativo, la depuración se está vinculando cada vez más con la economía circular. ¿Qué oportunidades ve en la valorización de recursos como el biogás, los nutrientes o el agua regenerada?
Los que menciona son magníficos ejemplos de economía circular. La reutilización de las aguas residuales urbanas en la agricultura ya dispone de un marco legal a nivel europeo que puede permitir una puesta en práctica segura y exenta de riesgos ambientales o para la salud. De igual modo, el tratamiento de fangos mediante sistemas cerrados y anóxicos permite una generación controlada de biometano a partir de la materia orgánica presente en estos subproductos de la depuración que, en otro caso, no se aprovecha.
En la medida en la que las administraciones seamos capaces de generar un marco normativo que, no sólo haga viables estos aprovechamientos, sino que los favorezca, la economía circular será también una realidad en este ámbito.
“La reutilización de las aguas residuales urbanas ya dispone de un marco legal europeo que permite una puesta en práctica segura y exenta de riesgos”
La modernización del saneamiento requiere inversiones muy importantes. ¿Cómo se está preparando Aragón para movilizar financiación, ya sea a través de fondos europeos, planificación autonómica o colaboración público-privada?
He mencionado anteriormente el marco de referencia que supone el Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón, PASD, aprobado recientemente, en mayo de 2025. El PASD planifica las actuaciones de depuración de aguas residuales hasta el horizonte 2027, programando la realización de las actuaciones nuevas en función de la mayor carga contaminante y la adaptación y la mejora de sistemas existentes que necesitan algún tipo de actualización, sin olvidar la digitalización o la identificación, cuantificación y eliminación de las aguas parásitas.
Las vías de financiación aplicables a las inversiones planificadas tienen en cuenta que los costes de saneamiento y depuración deben ser soportados por el causante de la contaminación, lo que se articula, actualmente, a través del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR), que constituye el final de una larga evolución normativa.
Además, en el Instituto estamos acostumbrados a gestionar fondos europeos para la financiación de las inversiones en depuración, como los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, MRR, vehiculizados a través del PRTR. Por ello, una vez finalizadas las aportaciones de este mecanismo extraordinario, sabremos aprovechar las oportunidades que puedan brindar los fondos estructurales para abordar las nuevas necesidades. Necesidades que surgen de la normativa europea y que, a buen seguro, vendrán acompañadas de una cofinanciación, en mayor o menor grado.
Otro de los aspectos clave es el consumo energético y la huella de carbono del ciclo del agua. ¿Cómo se integra la eficiencia energética y la descarbonización en la estrategia de depuración de la comunidad?
Es un principio esencial del PASD optimizar la implantación de los mejores sistemas en cuanto a consumo de recursos y eficiencia energética, en aras de la descarbonización y sin olvidar las ventajas económicas evidentes de un menor gasto energético. Por ello, uno de los subprogramas del PASD está dedicado a mejorar la eficiencia energética en las instalaciones de depuración y tiene un horizonte temporal permanentemente abierto en el periodo del plan.
En concreto, se prevé reponer equipos principales y sistemas de automatización, para seguir manteniendo las depuradoras operativas y actualizadas. Incorporar estas mejoras como criterio de valoración en los expedientes de contratación de servicios de funcionamiento y explotación ha venido dando un resultado adecuado que se mantendrá en el periodo de aplicación del plan.
Asimismo, también dentro de este subprograma se continuará con el montaje de instalaciones fotovoltaicas en las depuradoras en explotación. El resultado es que contamos con 43 depuradoras que cuentan con instalación fotovoltaica, a las que hay que sumar 3 depuradoras que cuentan con digestión anaerobia que producen biogás para alimentar sistemas de cogeneración.
“En el marco del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, es un principio esencial optimizar los sistemas en cuanto a consumo de recursos y eficiencia energética, en aras de la descarbonización.”
Desde el Instituto Aragonés del Agua, ¿qué proyectos o líneas prioritarias están impulsando actualmente para adaptar las infraestructuras de saneamiento a estos nuevos requerimientos?
Además de continuar en la línea clásica de explotar las depuradoras de aquellos municipios que así nos lo requieren y en la construcción de nuevas EDAR -culminando las depuradoras de mayor carga y avanzando hacia aglomeraciones cada vez más pequeñas- estamos inmersos en procesos de digitalización.
Se digitalizan los sistemas internos de control de las depuradoras y se avanza hacia la monitorización en continuo de los episodios de alivio en tormentas, a la vez que se promueve un control digital remoto de las redes de abastecimiento municipales que va a permitir, no sólo un mejor control de las pérdidas, sino evitar la incorporación de aguas parásitas que producen sobredimensionamiento en los sistemas de depuración.
Para cerrar, mirando a medio y largo plazo: ¿qué transformación considera imprescindible para que los sistemas de saneamiento urbano evolucionen hacia un modelo más resiliente, avanzado y alineado con los objetivos ambientales europeos?
En primer lugar creo que las normas y directrices europeas deberían tener un mayor grado de flexibilidad y adaptación a cada nación y territorio, sin perder la esencia del objetivo general, pero si entendiendo que hay muchas variables que no pueden ser contempladas en las directivas y que siguiendo el principio de subsidiariedad tanto los estados miembros como las regiones deberían tener más capacidad de modular y adaptar estas normas en sus territorios. No tiene el mismo impacto la aplicación de lodos de depuradora en los secanos aragoneses que en los pólderes de los Países Bajos.
Objetivos como la neutralidad energética me parecen necesarios de cara a la sostenibilidad, pero también creo que tenemos que propiciar una economía circular en la eliminación de nutrientes y reutilización de agua, de manera que lo hagamos de una manera sostenible y de la mano de un sector agrícola que puede ser beneficiado. No podemos diseñar sistemas de depuración que sean un lastre económico y supongan una inversión desproporcionada, la sociedad tiene que percibir que existe una proporcionalidad entre el esfuerzo económico y el beneficio medioambiental. Si no fracasaremos.
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