Las entidades encargadas de gestionar el ciclo urbano del agua afrontan una etapa marcada por una presión simultánea en varios frentes. La intensificación de los períodos de sequía y la mayor variabilidad hidrológica asociada al cambio climático están tensionando los sistemas de abastecimiento y saneamiento, obligando a reforzar la resiliencia operativa y la planificación a medio y largo plazo.
En territorios como Cataluña o la Costa del Sol, los últimos episodios de sequía han evidenciado que incluso captaciones históricamente seguras pueden agotarse y que las infraestructuras diseñadas con criterios de retorno tradicionales resultan insuficientes ante eventos extremos cada vez más intensos. Al mismo tiempo, la revisión del marco normativo europeo y nacional eleva continuamente las exigencias técnicas y de control, mientras que el déficit inversor acumulado en infraestructuras condiciona la capacidad de adaptación del sistema.
Este escenario no parte de cero. El XVIII Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España, elaborado por DAQUAS con datos de 2024 y que analiza información correspondiente a 1.784 municipios y 36,4 millones de habitantes, confirma avances en eficiencia y digitalización, pero advierte también de un desequilibrio estructural en materia de inversión y renovación de activos. Según este informe, el sector arrastra un déficit anual estimado de 4.485 millones de euros, cifra que ilustra la magnitud del reto si se quiere garantizar la sostenibilidad técnica y económica del servicio en el medio plazo.
En paralelo, la actualización normativa europea -con la aprobación de la nueva Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas (TARU)- y el desarrollo del Real Decreto 3/2023 sobre calidad del agua de consumo humano configuran un entorno regulatorio más exigente, no solo por la ampliación de su alcance y objetivos ambientales, sino también por la incorporación de nuevos contaminantes, el refuerzo en la eliminación de nutrientes y el impulso hacia mayores cotas de neutralidad energética en las instalaciones de depuración, obligando a integrar control avanzado, trazabilidad y gestión del riesgo en toda la cadena de valor del agua.
Es en este contexto donde las prioridades de las entidades gestoras pasan por equilibrar inversión, cumplimiento normativo y transformación digital, todo ello sin perder de vista la asequibilidad del servicio, la sostenibilidad energética de las infraestructuras y la equidad territorial.
4.485 millones € es el déficit anual estimado del ciclo urbano del agua en España.
0,5% es la tasa media anual de renovación de redes de abastecimiento, frente al 2% recomendado.
Uno de los principales condicionantes del ciclo urbano del agua en nuestro país es el envejecimiento progresivo de sus infraestructuras. Las tasas actuales de renovación de redes se sitúan muy por debajo de los niveles recomendados para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Diversos análisis sectoriales sitúan la renovación anual en torno al 0,5% en redes de abastecimiento y por debajo del 0,2% en saneamiento, cuando el ritmo recomendado para evitar el envejecimiento acumulado se aproxima al 2% anual.
Este diferencial no es meramente técnico. Tiene implicaciones directas en pérdidas de agua, eficiencia energética, riesgo de averías y capacidad de respuesta ante episodios extremos, como las lluvias torrenciales que han azotado España en los últimos años. Además, el envejecimiento de colectores y conducciones principales incrementa la vulnerabilidad ante intrusiones, vertidos y fallos estructurales, obligando a priorizar inversiones en activos críticos. A ello se suma el ya citado déficit inversor anual de 4.485 millones de euros, identificado por DAQUAS, que evidencia una brecha estructural entre las necesidades reales del sistema y los recursos disponibles.
Es cierto que instrumentos como el PERTE de digitalización del ciclo urbano del agua han supuesto un impulso relevante en los últimos años, pero el propio diseño del sector -con fuerte fragmentación municipal y limitaciones presupuestarias- dificulta la planificación inversora estable y de largo recorrido.
En este marco, la definición de prioridades por parte de las entidades gestoras resulta determinante para orientar recursos hacia activos estratégicos y reforzar la garantía de suministro críticos, y maximizar el impacto de cada euro invertido.
Por otro lado, la presión climática se ha convertido en un factor estructural para la gestión del agua en España. Los escenarios regionalizados de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y los documentos estratégicos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) apuntan a una tendencia hacia mayor irregularidad en las precipitaciones, incremento de la frecuencia e intensidad de las sequías y aumento de episodios extremos.
Para las entidades gestoras, esto implica rediseñar estrategias operativas que tradicionalmente se apoyaban en series históricas relativamente estables. Hoy, la planificación debe incorporar escenarios de incertidumbre, reforzar la sectorización y el control de pérdidas, optimizar la gestión de la demanda y, en determinados territorios, apostar por la diversificación de recursos mediante reutilización o desalación y una mayor interconexión de sistemas.
La adaptación climática tampoco es ya una cuestión exclusivamente hidrológica; afecta a la gestión energética de las instalaciones, al dimensionamiento de infraestructuras de drenaje urbano y a la capacidad de los sistemas de saneamiento para absorber lluvias intensas sin comprometer la calidad de las masas de agua receptoras. De este modo, la resiliencia pasa a ser un criterio central en la toma de decisiones inversoras.
El marco normativo europeo ha experimentado una actualización profunda con la aprobación de la Directiva (UE) 2024/3019, que revisa la regulación sobre tratamiento de aguas residuales urbanas y amplía las exigencias en materia de depuración y control. Esta nueva directiva introduce nuevas categorías de contaminantes y refuerza el papel del saneamiento como herramienta de protección ambiental y salud pública.
En paralelo, el Real Decreto 3/2023, que establece los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo humano en España, consolida un enfoque basado en la gestión del riesgo desde la captación hasta el grifo, reforzando obligaciones en materia de control, información al consumidor y trazabilidad.
En este escenario, la transformación digital deja de ser una mejora incremental para convertirse en un requisito estructural. El estudio de DAQUAS refleja que la implantación de telelectura ha pasado del 19% en 2022 al 38% en 2024, lo que evidencia un avance significativo en la digitalización del servicio. La disponibilidad de datos en tiempo real permite optimizar consumos, detectar fugas con mayor rapidez, anticipar incidencias y mejorar la planificación de inversiones.
Normativa y digitalización convergen así en un mismo punto: la necesidad de evolucionar hacia modelos de gestión basados en información fiable, trazable y orientada a la toma de decisiones estratégicas.
La digitalización se consolida como palanca clave para eficiencia, control y planificación inversora:
Aigües de Manresa: anticipación, planificación y digitalización como ejes estratégicos
El ciclo urbano del agua en Cataluña se está gestionando ya con una premisa distinta a la de hace una década: “Los registros históricos ya no nos sirven, lo excepcional se vuelve normal”, señala Antoni Ventura i Ribal, Gerente de Aigües de Manresa. En su lectura, sequías prolongadas y episodios de lluvias torrenciales son “las dos caras de la misma moneda” y obligan a reforzar la resiliencia con un enfoque que vaya más allá de la reacción: “no ya de adaptación, sino de anticipación”.
Hablando de abastecimiento, la entidad sitúa el principal riesgo en el deterioro simultáneo del recurso en cantidad y calidad, una realidad que se hizo especialmente visible durante el último episodio de sequía. “Captaciones que nunca se habían agotado lo hicieron en este episodio”, recuerda Ventura. Con esa experiencia reciente, la estrategia prioriza líneas muy concretas: “su mitigación gira alrededor del ahorro, la circularidad y la interconexión”, una hoja de ruta que busca reducir la vulnerabilidad del sistema y aumentar su capacidad de respuesta ante escenarios cambiantes.
"Los registros históricos ya no nos sirven: lo excepcional se ha vuelto normal. Necesitamos capacidad no solo de adaptación, sino de anticipación"
En saneamiento, la presión climática se manifiesta de otra forma: lluvias extremas más intensas y persistentes que ponen a prueba infraestructuras diseñadas para condiciones menos exigentes. “Con unas infraestructuras de saneamiento dimensionadas para períodos de retorno habituales, el riesgo de inundaciones es evidente”, advierte el gerente.
De ahí que la entidad sitúe entre sus prioridades actualizar criterios de diseño y reforzar la prevención mediante la “actualización de los períodos de retorno, redimensionamiento de las infraestructuras y acciones de mantenimiento preventivo”.
Al mismo tiempo, el nuevo marco regulatorio europeo también cambia el terreno de juego en depuración. “La nueva Directiva europea nos obliga a ser mucho más exigentes por lo que se refiere a la calidad del agua que devolvemos al medio”, apunta el experto.
En términos técnicos, el esfuerzo deberá dirigirse, sobre todo, a intensificar tratamientos para nutrientes y contaminantes emergentes: “deberemos intensificar las actuaciones dirigidas a la eliminación del nitrógeno y el fósforo, así como de los microcontaminantes”.
Pero la exigencia no se limita a la calidad del efluente. La normativa también empuja hacia la transición energética del saneamiento. “La normativa nos impone avanzar hacia la neutralidad energética en el conjunto de nuestras instalaciones”, subraya.
En ese camino, Aigües de Manresa ya cuenta con palancas en marcha: “gracias a nuestros sistemas de cogeneración y a la instalación de placas fotovoltaicas, alcanzamos ya un 14% de autosuficiencia energética”. El siguiente paso será consolidar esta trayectoria y ampliar progresivamente el peso de la autosuficiencia en el conjunto del sistema.
En un entorno de inversiones crecientes y exigencias técnicas al alza, la entidad pone el foco en la coordinación institucional. “Trabajamos codo a codo con la Mancomunitat del Bages i del Moianès per l’Aigua, quien, a su vez, está coordinada con la Agència Catalana de l’Aigua”, explica Ventura.
Esa relación permite estructurar planes quinquenales de reposición y mejora de infraestructuras que “nos aseguran un horizonte estable” y facilitan el acceso a financiación para ejecutarlos.
No obstante, la ecuación financiera sigue siendo uno de los grandes desafíos. Aigües de Manresa está diseñando actualmente dos Planes Integrales de Gestión de los Sistemas de Saneamiento que implicarán un esfuerzo inversor adicional significativo.
“En el marco actual, difícilmente va a encontrar financiación”, advierte. En su diagnóstico, el problema tiene raíces estructurales: “se hace necesaria una revisión del sistema tarifario del agua”, demasiado dependiente, añade, “de la valentía del mundo local”. La solución, en su opinión, pasa por un reenfoque de prioridades presupuestarias que permita sostener el cumplimiento normativo y la seguridad hídrica a largo plazo.
En temas de digitalización, Ventura subraya que se trata de uno de los ejes estratégicos de la entidad. Aigües de Manresa ha recibido fondos europeos en la primera convocatoria del PERTE del ciclo urbano del agua, una financiación que “se ha convertido en el acelerador de nuestro plan estratégico 2021-2025”. El despliegue se concentra en “sensorización, automatización y telecontrol”, junto con la renovación del sistema de información geográfica y el desarrollo de aplicaciones para eficientar procesos.
Este proceso permitirá “establecer las bases para la implementación de la telelectura” y para el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial orientadas a “ganar eficiencia en la gestión del recurso y prestar un servicio de mayor calidad”.
En paralelo, la reutilización gana peso en la planificación territorial. Durante la sequía, la entidad ha puesto en marcha dos instalaciones de regeneración para usos como la limpieza urbana y el riego de zonas verdes. “En un futuro, prevemos el desarrollo de una red incipiente de agua regenerada”, explica Ventura, con el objetivo de acercar el recurso al punto de consumo e incrementar su utilización.
"Se hace necesario un Pacto Nacional del Agua que ordene el s ector y garantice la financiación necesaria para asegurar la sostenibilidad, el cumplimiento normativo y la seguridad hídrica"
Más allá del ámbito local, el gerente defiende la necesidad de una estrategia compartida a escala estatal. “Se hace necesario un Pacto Nacional del Agua”, sostiene, que agrupe a administraciones, operadores, regantes, consumidores y sector tecnológico para ordenar prioridades, consensuar actuaciones y “conseguir financiación para desplegar las inversiones necesarias para garantizar la sostenibilidad, el cumplimiento normativo y la seguridad hídrica”.
ACOSOL: economía circular, desalación y planificación a 50 años en la Costa del Sol
En la Costa del Sol, donde la presión hídrica es estructural y la demanda presenta una fuerte componente estacional, la estrategia de gestión del agua pivota sobre un concepto claro: economía circular y diversificación de recursos. “La gestión de los recursos hídricos de la forma más eficiente posible se basa en una estrategia global”, explica Matilde Mancha, consejera delegada de Acosol, una estrategia que abarca desde la limitación del uso de recursos subterráneos hasta la apuesta decidida por la desalación y la reutilización.
El modelo que impulsa la entidad prioriza el uso del agua potable para consumo humano y reserva el agua regenerada para riego y baldeo, tanto público como privado. “Estamos trabajando en un concepto circular”, señala Mancha, subrayando que esta orientación no solo contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que permite preservar las reservas hídricas del embalse de La Concepción, principal vía de abastecimiento de la comarca.
"La gestión eficiente del agua en la Costa del Sol exige una estrategia global basada en economía circular, desalación y reutilización"
En paralelo, la resiliencia frente a lluvias torrenciales también ocupa un lugar destacado en la agenda. “Se están lanzando y ejecutando ya medidas de mejora de digitalización, seguimiento en tiempo real del comportamiento de nuestros colectores, así como detección de alivios y control de la calidad del agua transportada”, apunta la consejera delegada.
Estas actuaciones, enmarcadas en el Plan Director de Saneamiento Integral, permitirán comprender con mayor precisión el funcionamiento de colectores en alta, estaciones depuradoras, emisarios y aliviaderos, y definir inversiones a corto, medio y largo plazo.
La nueva Directiva europea de tratamiento de aguas residuales urbanas supone, en palabras de la experta, “un salto cualitativo en la gestión de las aguas residuales en la UE”. No obstante, la ampliación del alcance normativo y la incorporación de nuevos contaminantes implican un aumento de exigencias técnicas que tendrá impacto directo en la Costa del Sol.
Entre los principales efectos previstos, la consejera delegada destaca la mejora en la protección del medio ambiente y la salud pública mediante el control y monitorización de nuevas categorías de contaminantes. Además, subraya la obligatoriedad de implantar y mejorar tratamientos terciarios avanzados con capacidad de eliminación de nutrientes como nitrógeno y fósforo.
“La DTARU eleva los objetivos ambientales y exige tratamientos más avanzados y sostenibles”, afirma Mancha, lo que obligará a modernizar infraestructuras, integrar tecnologías de tratamiento avanzado y adaptar la capacidad de monitoreo.
A ello se suma el objetivo de neutralidad energética en depuración. En este sentido, la entidad apuesta por la integración de energías renovables, especialmente fotovoltaica y cogeneración con biogás procedente de la digestión de lodos, con el propósito de que las EDAR evolucionen “de grandes consumidores a fuentes de producción de energía”.
La última sequía, entre 2023 y 2025, ha supuesto un punto de inflexión en la coordinación institucional: “Es absoluta”, señala Mancha en referencia a la relación con la Junta de Andalucía -autoridad competente en la cuenca mediterránea andaluza- y con los once ayuntamientos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
Según la directiva, la implicación y preocupación institucional se han intensificado a raíz de la crisis hídrica reciente, aunque recuerda que el trabajo por la eficiencia y la resiliencia “lleva presente en Acosol desde hace varios años atrás”. De este modo, la planificación compartida se consolida como una herramienta clave para afrontar los nuevos estándares regulatorios.
La magnitud de los desafíos se traduce en un ambicioso plan inversor estructurado en tres grandes bloques. “Las inversiones prioritarias están claramente identificadas con nuestro plan de inversiones”, explican desde ACOSOL, alineado con el diagnóstico sectorial sobre envejecimiento de infraestructuras y nuevas exigencias normativas.
En abastecimiento en alta y garantía de suministro, se prevén 116 millones de euros destinados a renovar conducciones principales, ampliar capacidad de regulación -como la duplicación del depósito de cabecera de la ETAP de Río Verde- y reforzar la resiliencia frente a sequía mediante actuaciones en desalación.
En saneamiento y adaptación a la TARU, se contemplan 103 millones de euros para modernizar procesos en EDAR, cumplir exigencias futuras en calidad de vertido y eficiencia energética, y rehabilitar colectores con graves daños estructurales.
Por último, el tercer bloque, con 129 millones de euros, se centra en reutilización y economía circular del agua.
Sin embargo, la financiación continúa siendo el gran condicionante. “Las tarifas en su generalidad solo cubren los costes de operación y mantenimiento, y no abordan la renovación de la infraestructura”, advierte. Aunque la factura del agua representa aproximadamente el 0,84% del presupuesto familiar -muy por debajo del umbral de asequibilidad del 3–5% definido por la ONU-, existe “una fuerte resistencia social y política” a incrementos que permitan recuperar costes vía tarifa.
Como consecuencia, el sector mantiene una elevada dependencia de fondos externos y cofinanciación estatal o autonómica, lo que introduce incertidumbre en los plazos y en la priorización de proyectos estratégicos.
"El futuro hídrico de la Costa del Sol pasa por incorporar definitivamente el agua regenerada al ciclo integral del agua"
La digitalización es otro de los pilares estratégicos de ACOSOL: “Está jugando un papel esencial”. La entidad ha sido beneficiaria de fondos Next Generation en la tercera convocatoria del PERTE, lo que ha permitido impulsar el proyecto Agua 360, con un presupuesto de 3,28 millones de euros.
El plan incluye 51 acciones agrupadas en tres ejes: planificación y anticipación, mejora de la eficiencia y digitalización, y gestión de la información. “Estamos desarrollando proyectos de control de fugas en tiempo real, telelectura, sensorización, monitorización y automatización”, detalla la consejera delegada.
Especial relevancia tienen los Planes Directores de Abastecimiento en Alta y de Saneamiento Integral, que incorporarán análisis de crecimiento basado en los PGOU municipales y modelos matemáticos para simular el comportamiento del sistema. Además, la generación de gemelos digitales de las principales infraestructuras permitirá planificar inversiones con un horizonte de 50 años, reforzando la capacidad de anticipación en una comarca en constante expansión.
Por último, la reutilización de los recursos hídricos forma parte del ADN hídrico de la Costa del Sol desde hace más de tres décadas. La entidad suministra agua regenerada para el riego de cerca de 50 campos de golf, con volúmenes anuales de entre 7 y 8 hm³. No obstante, el objetivo es ampliar este aprovechamiento.
“El agua regenerada juega un papel clave en Andalucía y también en la Costa del Sol Occidental”, subraya Mancha. La entidad puede producir más de 40 hm³ anuales y trabaja para incrementar el volumen suministrado hasta 10–12 hm³ en el corto plazo. En coordinación con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos, se están redactando los planes de riesgo exigidos por la nueva normativa estatal para extender el uso del recurso a riego y baldeo público y privado.
Además, la reutilización se integra en proyectos de investigación vinculados a la recarga de acuíferos. Para ACOSOL, el futuro hídrico de la comarca pasa por incorporar definitivamente el agua regenerada al ciclo integral, consolidándola como herramienta estructural para garantizar sostenibilidad y seguridad hídrica.
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