La gestión del agua en España ha entrado en una fase de transición estructural. La sucesión de sequías prolongadas, el descenso de las aportaciones medias y la creciente irregularidad climática han adquirido un carácter recurrente que las sitúa fuera del ámbito de la excepcionalidad, consolidando un escenario de variabilidad persistente que condiciona de forma directa la gestión del recurso. Ante esta situación, los recursos hídricos no convencionales, como la desalación y la reutilización, se han incorporado de manera estable a la planificación hidrológica, dejando atrás su función estrictamente coyuntural como instrumentos activados en situaciones de emergencia.
La incorporación de estos recursos no constituye únicamente una ampliación de la oferta disponible. Supone una reconfiguración de la arquitectura del sistema hídrico y de los equilibrios sobre los que se ha sostenido históricamente. Se ven afectados los vínculos entre oferta y demanda, entre territorios y sectores productivos, entre financiación pública y tarifas y entre límites ecológicos y expectativas de crecimiento. En ese marco, la cuestión central pasa por determinar cuánta agua adicional puede producir el sistema, en qué condiciones, a qué coste y con qué implicaciones estructurales.
"La cuestión central pasa por determinar cuánta agua adicional puede producir el sistema, en qué condiciones, a qué coste y con qué implicaciones estructurales". Josep Lluís Armenter, director de la Agencia Catalana de l’Aigua.
Desde el punto de vista operativo, la desalación y la reutilización aportan una mayor garantía de suministro y reducen la exposición directa a la variabilidad climática. Sin embargo, esa seguridad introduce, al mismo tiempo, nuevas dependencias energéticas, modifica la estructura de costes y obliga a revisar los criterios de priorización entre usos. También reactiva debates sobre planificación territorial, límites ecológicos y legitimidad en la toma de decisiones. La expansión de los recursos no convencionales no elimina los conflictos: los desplaza y redefine sus términos.
A partir de las reflexiones de responsables institucionales, economistas, académicos, ecólogos y especialistas en gobernanza del agua, este reportaje examina cinco dilemas que condicionan esta integración estructural. ¿Cómo priorizar usos cuando el recurso escasea sin agravar fracturas sociales o territoriales? ¿Quién debe asumir el coste de una resiliencia más intensiva en capital y energía? ¿Estamos ante una adaptación real al nuevo contexto climático o ante una forma de posponer reformas en la gestión de la demanda? ¿Puede la mayor seguridad hídrica generar nuevas dependencias? ¿Y bajo qué criterios deben adoptarse decisiones que combinan conocimiento técnico y opciones políticas?
En última instancia, el debate remite a la configuración futura del modelo hídrico. La desalación y la reutilización son decisiones estratégicas que inciden en el funcionamiento global del sistema bajo condiciones de límites físicos más estrictos. Ententender su alcance implica considerar no solo su capacidad de producción, sino también la tensiones que genera y su impacto en la sostenibilidad ambiental, económica y social del conjunto.
En el actual escenario de escasez estructural, la priorización de usos adquiere un carácter permanente en el diseño del sistema hídrico. La Ley de Aguas establece una jerarquía clara en la que el abastecimiento urbano prevalece sobre otros usos, incluido el agrícola. Pero cuando la sequía se prolonga y la incertidumbre climática se consolida, la aplicación práctica de esa jerarquía genera tensiones territoriales, económicas y sociales.
La incorporación estructural de recursos no convencionales como la desalación y la reutilización introduce un nuevo elemento en esta ecuación. Si la disponibilidad deja de depender exclusivamente de la lluvia, el debate se desplaza hacia la gestión del ajuste en contextos de escasez, mientras la jerarquía legal permanece intacta. En la práctica, la cuestión es si estos nuevos recursos permiten reducir la intensidad de los recortes sin modificar formalmente el marco jurídico de asignación.
La experiencia reciente de Cataluña ofrece un ejemplo concreto. La sequía vivida entre 2021 y 2025 ha sido, en palabras de Josep Lluís Armenter, director de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), “la más grave registrada en los últimos 200 años”, tras 56 meses consecutivos con precipitaciones por debajo de la media. Durante ese periodo se aplicaron limitaciones en todos los ámbitos. Según Armenter, la agricultura fue el sector que realizó mayores esfuerzos y asumió el mayor ajuste, lo que permitió superar el episodio de sequía. Este reparto diferencial del impacto refleja cómo, en la práctica, la jerarquía legal se traduce en una asunción de costes más intensa por parte del regadío en situaciones críticas.
Ante este escenario, la Generalitat de Catalunya ha activado una estrategia de transición hídrica orientada a reducir la dependencia de la lluvia. “En los próximos cinco años dispondremos de hasta 280 hm³ anuales que nos permitirán superar nuevos episodios de sequía mediante la desalación, la regeneración y la mejora de la eficiencia en las redes”, explica. Estos recursos permitirán garantizar hasta el 70 % de las demandas con fuentes no convencionales.
“La producción de nuevos recursos no supondrá un incremento de la oferta ni de la demanda de agua, sino que permitirá sustituir el recurso que procede de las lluvias" Josep Lluís Armenter, director de la Agencia Catalana de l’Aigua.
No obstante, el responsable de la ACA insiste en un matiz clave: “La producción de nuevos recursos no supondrá un incremento de la oferta ni de la demanda de agua”. Esta producción adicional permitirá sustituir el agua que procede de las lluvias, es decir, reforzar la garantía del sistema sin plantear un escenario de expansión del consumo. El objetivo es reducir la exposición estructural a la variabilidad climática dentro del marco vigente de prioridades y minimizar la intensidad de los ajustes sectoriales en futuros episodios críticos.
En el ámbito agrícola, la hoja de ruta catalana contempla actuaciones específicas para incrementar la seguridad de suministro. Se están ejecutando conexiones en el sur de Cataluña para reforzar la garantía en periodos críticos y se prevé la construcción de estaciones de regeneración en Reus y Valls que permitirán destinar agua regenerada al riego. La diversificación de fuentes se plantea así como complemento del marco jurídico vigente.
Tras el episodio 2021-2025, la ACA está revisando el funcionamiento del Plan Especial de Sequía con el objetivo de incentivar el ahorro y la eficiencia en todos los ámbitos, incluido el agrícola. “La Ley de Aguas establece una serie de prioridades en los usos”, recuerda Armenter. Aquellas comunidades de regantes que hayan adoptado medidas de mejora podrán afrontar limitaciones más suaves en futuros episodios críticos. La eficiencia pasa así a convertirse en un criterio relevante en la gestión de los recortes.
El dilema, por tanto, no desaparece, pero se reconfigura. Los recursos no convencionales mantienen la prioridad formal del abastecimiento urbano, al tiempo que amplían el margen de maniobra del sistema para gestionar los ajustes en escenarios de escasez persistente. La priorización sigue existiendo y se mantiene como principio rector; varía la capacidad estructural para modular su impacto entre sectores sin incrementar la presión global sobre el recurso.
Reforzar la garantía de suministro tiene un coste. Cuando la desalación y la reutilización pasan a formar parte estable del sistema, la pregunta deja de ser únicamente técnica y se convierte en económica: ¿quién paga la resiliencia?
La cuestión no se limita a cuánto cuesta producir más agua en escenarios de escasez estructural, sino a cómo se distribuye ese sobrecoste entre administraciones, usuarios y sectores económicos. Mayores inversiones y costes operativos más elevados obligan a revisar el equilibrio entre financiación pública y recuperación tarifaria.
Los profesores de la Universidad de Alcalá, Josefina Maestu y Alberto del Villar, introducen una distinción clave para abordar el debate: “no debemos confundir la financiación de las infraestructuras con los ingresos por tarifas que sostienen la amortización, el coste de capital y de operación y mantenimiento de los servicios”. Una cosa es quién anticipa los recursos para construir una infraestructura; otra distinta es cómo se recuperan posteriormente esos costes.
En España, el modelo dominante ha sido históricamente público. Las grandes obras hidráulicas se han financiado a través de los Presupuestos Generales del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales, en muchos casos con apoyo de fondos europeos. Sin embargo, que las infraestructuras se ejecuten con recursos públicos no implica que no se cobren posteriormente: la Ley de Aguas establece instrumentos como el Canon de Regulación y las Tarifas de Utilización del Agua para repercutir los costes de las infraestructuras estatales y autonómicas, mientras que los ayuntamientos aplican tarifas de abastecimiento, saneamiento y depuración que integran los costes del servicio.
“No debemos confundir la financiación de las infraestructuras con los ingresos por tarifas que sostienen la amortización, el coste de capital y de operación y mantenimiento de los servicios.” Josefina Maestu, Profesora Honorífica; y Alberto del Villar, Profesor de Hacienda Pública, Universidad de Alcalá.
Parte de las inversiones financiadas con presupuestos públicos no se recuperan íntegramente vía tarifa, lo que ha contribuido a mantener precios relativamente bajos en comparación internacional. Al mismo tiempo, numerosas entidades públicas repercuten el 100 % de sus costes, salvo en aquellos casos en los que existan transferencias de capital o subvenciones específicas, como ha ocurrido en determinados servicios de desalación.
En los últimos años se han consolidado fórmulas de financiación híbrida. Empresas públicas estatales como Acuaes, Acuamed o SEIASA, así como operadores autonómicos y supramunicipales, recurren a la banca comercial para complementar recursos públicos. En el caso de Acuaes, por ejemplo, su fondo fiduciario —en torno a 1.500 millones de euros— se combina con líneas de crédito que pueden cubrir hasta un 30 % de las inversiones. Otras entidades, como Canal de Isabel II o Emasesa, también han acudido a financiación bancaria. Incluso las Confederaciones Hidrográficas, en momentos puntuales de tensión de liquidez, han recurrido a crédito.
Para Maestu y del Villar, si el objetivo es sustituir progresivamente recursos convencionales en retroceso por recursos no convencionales más costosos como vía de adaptación al cambio climático, el modelo de financiación híbrida (blended finance) a través de empresas públicas puede constituir una vía razonable. Ahora bien, subrayan que la resiliencia no se construye únicamente con nuevas infraestructuras. También depende de la planificación: evitar otorgar derechos por encima de los recursos disponibles, incorporar escenarios de sequía y considerar el impacto del cambio climático son condiciones esenciales para no trasladar al futuro costes estructurales adicionales.
La resiliencia hídrica no es gratuita: sustituir recursos convencionales por desalación y reutilización implica mayores costes estructurales cuyo reparto condiciona la sostenibilidad financiera, la equidad y la legitimidad del sistema.
El debate adquiere una dimensión distinta cuando se analiza la recuperación de costes y la equidad. En el ámbito urbano, los precios del agua en España son relativamente bajos y los costes del recurso representan solo una fracción del total frente a los procesos de potabilización, distribución y depuración. En este contexto, la recuperación íntegra de los costes asociados al agua regenerada y desalada no debería plantear problemas estructurales, siempre que existan estructuras tarifarias progresivas y mecanismos de protección —como bloques sociales o bonificaciones— que preserven la asequibilidad.
En el ámbito agrícola, la cuestión es más sensible. El agua constituye un input productivo crítico en el regadío y el diferencial de costes entre recursos convencionales y no convencionales es significativo. Mientras que la regulación de aguas superficiales puede situarse en torno a 0,02 €/m³, la extracción de aguas subterráneas puede oscilar entre 0,12 y 1,20 €/m³. Por su parte, el coste de disponibilidad del agua regenerada o desalada suele situarse entre 0,40 y 1,50 €/m³. Este salto puede ser asumible en cultivos de alto valor añadido, pero resulta más problemático en explotaciones con menor margen económico.
El traslado íntegro del sobrecoste a tarifa podría generar tensiones territoriales y sociales si no se acompaña de políticas sectoriales adecuadas. No obstante, como advierten ambos profesores, la eventual subvención de inputs productivos no es estrictamente una política de aguas, sino una decisión que pertenece al ámbito de la política agraria y económica.
El dilema, en definitiva, no se resuelve eligiendo entre tarifa o presupuesto como opciones excluyentes. La resiliencia hídrica tiene un coste estructural creciente; el reto consiste en combinar financiación pública, recuperación tarifaria y mecanismos de protección social de forma que el sistema resulte simultáneamente sostenible, equitativo y legítimo.
No toda ampliación tecnológica equivale a una adaptación estructural. La incorporación estable de la reutilización y la desalación obliga a preguntarse si el sistema está corrigiendo sus desequilibrios y adaptándose al cambio climático, o simplemente ganando tiempo sin revisar sus fundamentos.
La diferencia es sustantiva. Para que los recursos no convencionales reduzcan efectivamente la presión sobre ríos y acuíferos, resulta imprescindible que sustituyan extracciones existentes en lugar de añadirse a ellas. De lo contrario, pueden convertirse en un instrumento que retrase debates complejos sobre límites, planificación y modelo territorial.
Para Narcís Prat, catedrático emérito de Ecología de la Universidad de Barcelona, la primera condición es clara: estos recursos deben ser un complemento de los demás y aplicarse de forma específica en determinadas zonas. En su opinión, la desalación tiene sentido en el litoral, mientras que la reutilización exige especial cautela en cuencas interiores.
“El agua no deja de ser un límite: tenemos que adecuar la población y la demanda a los recursos disponibles, y no al revés.” Narcís Prat, catedrático emérito de Ecología de la Universidad de Barcelona. Grupo de Investigación F.E.H.M. (Ecología, Hidrología y Gestión de Aguas Dulces).
El principal riesgo ecológico se concentra precisamente en estas últimas. “Si tú sacas agua de una depuradora para regar, habría que devolver al río agua de otro lugar para mantener los caudales; porque si no, nos vamos a quedar sin ríos”, advierte. En sistemas mediterráneos ya tensionados, una reutilización mal diseñada puede reducir los caudales circulantes y agravar la degradación ecológica. Incluso en casos como el Llobregat, que vierte en torno a cuatro metros cúbicos por segundo al mar, la captación para reutilización debería realizarse de forma modulada y garantizando siempre el mantenimiento de los caudales ecológicos.
Más allá de la dimensión hidrológica, Prat introduce una reflexión estructural sobre los límites. La disponibilidad tecnológica no puede convertirse en una coartada para expandir indefinidamente la demanda. “El tener nuevas tecnologías no puede ser una excusa para desarrollar más regadíos o más ciudades. El agua no deja de ser un límite”, afirma. Adecuar la población y la actividad económica a la disponibilidad real de recursos, en lugar de ampliar la oferta para sostener cualquier crecimiento, constituye a su juicio una condición básica de sostenibilidad.
El debate, en su opinión, debería incorporar también la dimensión demográfica y territorial, una cuestión que “rara vez se aborda de forma explícita”. El crecimiento continuado —en población, urbanización o superficie regable— incrementa la presión sobre infraestructuras diseñadas para escenarios pasados. Cataluña, recuerda, cuenta hoy con una población muy superior a la que sirvió de base para diseñar buena parte de sus infraestructuras hidráulicas y de transporte. En un contexto de recursos cada vez más irregulares y eventos extremos más frecuentes, esa brecha entre planificación y realidad demográfica amplifica los riesgos y los costes económicos asociados.
La desalación añade, además, una dimensión energética que condiciona su sostenibilidad estructural. Se trata de infraestructuras intensivas en consumo eléctrico que, según Prat, deberían vincularse obligatoriamente a generación renovable capaz de compensar su huella de carbono. De lo contrario, la solución hídrica puede agravar el problema climático que pretende mitigar.
La reutilización y la desalación solo constituirán una adaptación estructural si sustituyen extracciones, respetan los límites ecológicos y se acompañan de una revisión de la demanda y del modelo territorial.
Desde el punto de vista operativo, distingue también entre reutilización y desalación. La reutilización ofrece mayor flexibilidad, ya que puede modularse en función de la disponibilidad sin comprometer la infraestructura. En cambio, una desaladora inactiva durante largos periodos se deteriora y exige reinversiones significativas. Esta diferencia técnica refuerza, a su juicio, la conveniencia de priorizar la reutilización frente a la desalación siempre que resulte viable desde el punto de vista ecológico.
El riesgo de fondo es explícito: la ampliación de la oferta tecnológica puede contribuir a sostener demandas estructuralmente insostenibles o retrasar reformas necesarias en planificación y gestión de la demanda. Para que la integración de los recursos no convencionales constituya una transición estructural real y no un parche permanente, deberían concurrir varias condiciones, enumera Prat. Entre ellas, la sustitución efectiva de extracciones existentes, una regulación que garantice su carácter complementario, el respeto a los caudales ecológicos y a los ecosistemas asociados —incluidas las praderas marinas—, una base energética coherente con los objetivos climáticos y, en paralelo, una revisión de la demanda y del modelo territorial.
La adaptación, en definitiva, no consiste en producir más agua. Implica redefinir la relación entre disponibilidad, crecimiento y límites ecológicos. Sin esa revisión estructural, la tecnología puede ampliar el margen de maniobra en el corto plazo, pero la tensión de fondo entre recursos finitos y demandas crecientes seguirá presente.
Ganar independencia frente a la lluvia no significa eliminar la vulnerabilidad del sistema. Tradicionalmente, la seguridad hídrica estaba condicionada por la variabilidad de las aportaciones —sequías, sobreexplotación de acuíferos o descenso de caudales—. Con la incorporación estable de recursos no convencionales, el sistema pasa a depender también de la estabilidad del mercado eléctrico, del precio de la energía y de la coherencia del mix energético con los objetivos climáticos.
La pregunta ya no es solo cuánta agua hay disponible, sino en qué condiciones energéticas puede producirse. ¿Hasta qué punto esa nueva dependencia puede afectar a la resiliencia que se pretende reforzar?
Desde la perspectiva del nexo agua-energía, el cambio tiene un carácter sistémico y no únicamente técnico. “Incorporar la desalación al sistema hídrico equivale a importar parte de la volatilidad del mercado energético”, explica Diego Sesma. La crisis energética europea de 2021-2022 lo evidenció con claridad: el encarecimiento del precio de la electricidad disparó los costes operativos de varias desaladoras españolas y cuestionó la viabilidad económica a corto plazo de algunas instalaciones. Lo que en un sistema basado exclusivamente en recursos convencionales era una vulnerabilidad climática pasó a traducirse también en una vulnerabilidad económica y energética.
Sustituir dependencia climática por dependencia energética no elimina la vulnerabilidad del sistema: la transforma y exige planificación integrada entre agua y energía.
El cambio es cuantitativo, pero también cualitativo. Según la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR), la desalación por ósmosis inversa requiere en torno a 3 kWh por metro cúbico producido —con rangos habituales entre 2,5 y 4 kWh/m³—, frente a los 0,1-0,5 kWh/m³ característicos de la captación y distribución de recursos convencionales. La reutilización, aunque menos intensiva, tampoco resulta energéticamente neutra: los tratamientos avanzados y el bombeo para usos agrícolas o ambientales incrementan el consumo eléctrico del sistema.
En conjunto, la transición hacia recursos no convencionales implica reemplazar la dependencia asociada a la disponibilidad de recursos superficiales y subterráneos por una dependencia vinculada al suministro energético. Ello supone exposición a la volatilidad de precios, a la disponibilidad de infraestructuras eléctricas y a la coherencia del mix energético con los objetivos climáticos.
Este desplazamiento no tiene por qué interpretarse como un retroceso. En territorios con escasez estructural, como el arco mediterráneo español, disponer de fuentes independientes del ciclo hidrológico aporta una garantía de suministro difícilmente alcanzable por otras vías. Lo que cambia es la configuración del riesgo sistémico: junto a la sequía, adquieren relevancia la estabilidad del mercado energético y la capacidad del sistema eléctrico para sostener la demanda adicional.
La dimensión económica no es la única implicada. Desde el punto de vista operativo, una desaladora sin suministro eléctrico garantizado o sin capacidad de almacenamiento energético puede quedar inactiva en momentos de máxima tensión hídrica, que con frecuencia coinciden con episodios de calor extremo y elevada demanda eléctrica. “La concurrencia de presión hídrica y presión energética sobre el mismo sistema no es un escenario hipotético, sino plausible en el contexto del cambio climático”, advierte Sesma.
A ello se añade la dimensión climática. Si la energía que alimenta estas infraestructuras no está plenamente descarbonizada, el sistema puede estar resolviendo un problema de escasez mientras intensifica el fenómeno que lo agrava. En el caso español, el creciente peso de las energías renovables en el mix eléctrico reduce progresivamente la huella de carbono asociada a la desalación y la reutilización, aunque la plena descarbonización del suministro continúa siendo un proceso en desarrollo.
“La transición hacia recursos no convencionales implica sustituir dependencia hídrica por dependencia energética.” Diego Sesma, Profesor Ayudante Doctor en Economía de la Universidad de La Rioja, investigador especializado en el nexo agua-energía.
Para evitar que la diversificación de fuentes derive en una nueva dependencia estructural, Sesma subraya la necesidad de integrar agua y energía en la planificación. En el plano técnico, los nuevos proyectos deberían incorporar desde su diseño fuentes renovables propias, contratos de suministro verde o soluciones de almacenamiento que atenúen su exposición al mercado eléctrico. En el plano regulatorio, los planes hidrológicos pueden incorporar balances energéticos y criterios de descarbonización como parte de su evaluación de viabilidad. Y en el plano institucional, la coordinación entre autoridades hídricas y energéticas resulta clave para garantizar coherencia entre inversiones, garantía de suministro y compromisos climáticos.
La seguridad hídrica del siglo XXI no se juega únicamente en embalses, acuíferos o plantas desaladoras, sino también en la arquitectura energética que sostiene su funcionamiento. Sustituir la dependencia climática por una dependencia energética no elimina la vulnerabilidad del sistema; la transforma. Gestionar esa transformación de forma integrada es la condición para que la resiliencia no se convierta en una nueva fragilidad.
La integración estructural de los recursos hídricos no convencionales no elimina el conflicto distributivo en escenarios de escasez; lo sitúa en el centro del debate. Cuando la disponibilidad se reduce de forma persistente, la discusión deja de girar únicamente en torno a cálculos técnicos sobre volúmenes disponibles o capacidad de producción adicional y pasa a convertirse en una decisión política: quién asume los ajustes, en qué proporción y bajo qué criterios.
Para Francesc La Roca, vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, la escasez que afrontan muchas cuencas españolas responde en buena medida a una determinada concepción histórica de la política de aguas que, durante más de medio siglo, ha favorecido la expansión de usos hasta tensionar los recursos disponibles y ha tolerado procesos de deterioro que han inutilizado volúmenes significativos para determinados aprovechamientos. A este desequilibrio estructural se suma el impacto del cambio climático, que altera los patrones de precipitación e incrementa las temperaturas —y con ello la evapotranspiración—, ampliando la distancia entre usos consolidados y disponibilidad efectiva.
“Ante la escasez, quienes disponen de mayores asignaciones de agua deberían asumir recortes proporcionalmente superiores.” Francesc La Roca, vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua.
Ante esta evolución, adaptar los usos al nuevo contexto se vuelve ineludible. Ello implica revisar el reparto actual del agua con el fin de corregir excesos y ajustarlos a la capacidad real de los ecosistemas para sostener la disponibilidad. Las expectativas de compensar el desequilibrio ampliando la oferta mediante desalación, reutilización de aguas residuales urbanas o mejoras en la eficiencia encuentran límites claros: los costes energéticos asociados a la producción y al bombeo, así como los efectos rebote derivados de la eficiencia, condicionan su capacidad para resolver una tensión estructural entre demandas y recursos.
En aquellos territorios donde la escasez todavía no se percibe con intensidad, La Roca plantea la necesidad de adoptar un enfoque preventivo. Esperar a que el déficit resulte evidente puede conducir a ajustes más bruscos y socialmente costosos. Anticipar el problema forma parte, en su opinión, de una política responsable.
Un nuevo reparto exige conocimiento riguroso, criterios consensuados y método. Determinar el estado real de los ecosistemas y acuíferos, así como la disponibilidad efectiva una vez consideradas las exigencias del buen estado de las aguas, es una tarea que compete en última instancia a los organismos de cuenca, con el concurso de universidades, centros de investigación y la aportación del conocimiento local. Las “cuentas del agua”, basadas en el control de extracciones y vertidos, deben ser veraces, transparentes y de acceso público. Sin datos fiables, las decisiones carecen de base sólida.
La distribución de cargas ha de apoyarse, además, en el principio de “quien contamina (o deteriora), paga”, de modo que los usuarios contribuyan a la recuperación de los costes asociados al deterioro de los recursos. Este constituye, a su juicio, un primer paso necesario para abordar el ajuste con criterios de equidad.
Los consensos ya existentes sobre el reparto del agua entre usos —como la primacía del abastecimiento urbano— deben adaptarse a un escenario de reducción estructural de la disponibilidad. Es preciso acordar criterios explícitos para el proceso de ajuste. La Mesa Social del Agua de Andalucía ha propuesto aplicar un principio de progresividad inversa: en situaciones de escasez, los usuarios con mayores asignaciones asumirían recortes proporcionalmente superiores que los pequeños. El planteamiento se fundamenta tanto en razones de equidad social como en la necesidad de contribuir al mantenimiento del territorio.
La escasez estructural obliga a revisar el reparto del agua con criterios transparentes, equitativos y participativos. Sin legitimidad social, el ajuste pierde viabilidad política.
La participación de organizaciones agrarias, ecologistas, sindicales y de consumidores resulta fundamental para dotar de legitimidad a propuestas que, en última instancia, deberán traducirse en decisiones administrativas con fuerza normativa. Corresponde a los organismos de cuenca crear o reforzar marcos institucionales que faciliten procesos de deliberación capaces de generar acuerdos en los que las renuncias a corto plazo se entiendan como garantía de disponibilidad futura.
En contextos de reducción estructural de recursos, la gobernanza del agua adquiere una dimensión abiertamente política. Implica deliberar sobre límites, prioridades y reparto de responsabilidades. Sin transparencia, sin criterios compartidos y sin respaldo social suficiente, el ajuste puede ser técnicamente viable, pero políticamente insostenible.
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