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Autor
09-06-2025
La creciente presión sobre los recursos hídricos, especialmente en regiones mediterráneas como el sur de España, obliga a explorar soluciones alternativas y sostenibles para garantizar el abastecimiento, especialmente en el sector agrícola. En este contexto, el artículo “A Comprehensive Environmental Cost–Benefit Analysis of Using Reclaimed Water for Irrigation in Southern Spain”, publicado en Environments (2025) por Antonia Lorenzo López y Alfonso Expósito, se centra en la viabilidad económica, ambiental y social del uso de aguas regeneradas (AR) para el riego agrícola. El estudio se enmarca en un contexto de estrés hídrico estructural agravado por el cambio climático, el aumento de la competencia entre usos y la necesidad de transitar hacia una gestión hídrica más eficiente y resiliente.
A partir del caso de estudio del proyecto europeo RichWater, desarrollado en la comarca de La Axarquía (Málaga), el artículo evalúa los costes y beneficios de utilizar agua residual tratada mediante tecnologías avanzadas (como el sistema MBR - membrana biológica) para el riego de cultivos de aguacate, con el fin de estimar no solo la rentabilidad financiera directa, sino también los beneficios ambientales y sociales que habitualmente no se valoran en el mercado.
Metodología
El enfoque metodológico del estudio se basa en un análisis coste-beneficio (ACB) que incorpora tanto los flujos financieros tradicionales como las externalidades ambientales y sociales que se derivan del uso de aguas regeneradas. A través de un marco analítico integrador, se cuantifican los costes relacionados con el tratamiento, almacenamiento y distribución del agua regenerada, así como los beneficios generados por su uso, tanto desde una perspectiva agrícola (como el ahorro en fertilizantes) como ambiental (como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y del potencial de eutrofización).
El análisis se desarrolla sobre un caso empírico real, centrado en el cultivo de aguacates en la zona de Vélez-Málaga, donde se emplea agua regenerada producida por una planta piloto de alta eficiencia. A partir de datos experimentales y de campo recogidos durante varias campañas agrícolas, se modelizan los efectos económicos y ambientales del cambio en el origen del recurso hídrico. Para reforzar la solidez de las conclusiones, se realiza además un análisis de sensibilidad, que permite explorar diferentes escenarios de precios, subsidios e incentivos económicos, y su impacto sobre la rentabilidad global del sistema.
Resultados
Los resultados obtenidos revelan que, si bien el uso de agua regenerada puede no resultar claramente rentable desde un punto de vista estrictamente financiero en ausencia de apoyo institucional, la incorporación de los beneficios ambientales modifica sustancialmente esta conclusión. La sustitución parcial o total de fertilizantes químicos por los nutrientes contenidos en el agua regenerada genera un ahorro económico directo y, a su vez, una significativa reducción del impacto ambiental asociado a su fabricación, transporte y aplicación.
La investigación demuestra que el uso de aguas regeneradas reduce las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del ciclo de vida de los fertilizantes, al tiempo que disminuye el riesgo de contaminación difusa por nitratos y fósforo, mitigando así el potencial de eutrofización de cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Además, el uso de AR supone una clara contribución a la sostenibilidad hídrica, al permitir aliviar la presión sobre fuentes convencionales, como embalses o acuíferos, especialmente vulnerables en regiones áridas o semiáridas como la andaluza.
Uno de los hallazgos clave del estudio es que, cuando se monetizan los beneficios ambientales, el balance coste-beneficio global se vuelve favorable. Es decir, aunque el agricultor pueda no percibir beneficios inmediatos en su cuenta de resultados, la sociedad en su conjunto sí obtiene un retorno neto positivo. Esta asimetría en la distribución de costes y beneficios pone de manifiesto la necesidad de políticas públicas que internalicen estas externalidades positivas mediante incentivos adecuados.
Implicaciones para la política hídrica
Las conclusiones del estudio ofrecen importantes implicaciones para el diseño y la implementación de políticas públicas orientadas a la sostenibilidad del recurso hídrico. En primer lugar, se constata la necesidad de establecer mecanismos de apoyo económico, como subvenciones, tarifas preferenciales o incentivos fiscales, que compensen a los agricultores por los beneficios que su uso de aguas regeneradas genera para el conjunto de la sociedad. En segundo lugar, resulta fundamental reconocer formalmente el valor agronómico del agua regenerada como fuente de nutrientes, lo que podría suponer una reformulación normativa que permita su consideración como fertilizante orgánico complementario.
Asimismo, el estudio pone en evidencia la relevancia de diseñar instrumentos de política que promuevan un cambio de percepción social respecto al uso de aguas regeneradas en agricultura. A pesar de su elevada calidad técnica y sanitaria, persiste cierto recelo entre consumidores y productores, que puede ser superado mediante campañas de información basadas en evidencia científica.
Por último, se destaca la conveniencia de integrar el uso de aguas regeneradas dentro de una estrategia más amplia de economía circular, donde el agua residual no sea considerada un desecho, sino un recurso valioso con múltiples aplicaciones. Esta visión exige una mayor coordinación entre los sectores agrícola, ambiental y sanitario, así como una apuesta decidida por la innovación tecnológica y la gestión eficiente de los recursos hídricos no convencionales.
Este trabajo constituye una valiosa contribución a la literatura sobre gestión sostenible del agua en contextos de escasez. A través de un enfoque riguroso y aplicado, los autores muestran que el uso de aguas regeneradas para el riego agrícola no solo es técnicamente viable, sino también ambiental y socialmente rentable. La clave para su implementación generalizada reside en el diseño de políticas públicas que reconozcan y remuneren adecuadamente los beneficios colectivos generados, promoviendo así una transición hacia modelos de producción agrícola más resilientes, sostenibles y eficientes en el uso de recursos.
