Europa insta a España a acelerar con el cumplimiento de la legislación sobre aguas residuales urbanas

La Comisión Europea ha decidido enviar sendos dictámenes motivados a Eslovaquia y España por no cumplir con los requisitos de la UE establecidos en la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (Directiva 91/271/CEE del Consejo). Las aguas residuales no tratadas pueden poner en peligro la salud humana y contaminar los lagos, los ríos, el suelo y las aguas costeras y subterráneas.

En España, el asunto se refiere al incumplimiento por 145 aglomeraciones de las principales obligaciones establecidas en la Directiva en materia de recogida, tratamiento y control. Estas aglomeraciones deberían haber cumplido sus obligaciones el 31 de diciembre de 1998, el 31 de diciembre de 2000 o el 31 de diciembre de 2005. El 4 de octubre de 2017 se envió una carta de emplazamiento. Sin embargo, a pesar de algunos avances menores, no se espera que España cumpla plenamente sus obligaciones en un futuro próximo.

Por lo que a Eslovaquia se refiere, este Estado miembro no ha proporcionado un sistema colector en el caso de 233 aglomeraciones ni tampoco ha garantizado que las aguas residuales urbanas que entran en los sistemas colectores sean objeto de un tratamiento adecuado. A fecha de 31 de diciembre de 2015, todas las aglomeraciones eslovacas deberían haber cumplido esas obligaciones. El asunto examina el cumplimiento de los plazos intermedios de 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2012. La Comisión envió una carta de emplazamiento al país en febrero de 2017. Las autoridades eslovacas reconocen que el problema existe. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos y de la ayuda financiera de la UE con cargo a la política de cohesión, no se espera que cumplan sus obligaciones en un futuro próximo.

Por consiguiente, la Comisión envía dictámenes motivados a España y a Eslovaquia y les solicita que aceleren el cumplimiento. Ambos países tienen ahora dos meses para responder; de no hacerlo, la Comisión podría remitir los asuntos al Tribunal de Justicia de la UE.