Europa lleva a España ante los tribunales por la gestión de residuos en cuatro comunidades autónomas

La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia debido a su gestión de residuos


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07/06/2018

La Comisión Europea ha decidido hoy llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no establecer (y, en algún caso, por no revisar) sus planes de gestión de residuos conforme a los requisitos de las normas de la UE relativas a la Directiva marco sobre los residuos (Directiva 2008/98/CE) en cuatro comunidades autónomas (Aragón, Islas Baleares, Islas Canarias y Madrid) y en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Los planes de gestión de residuos son un instrumento clave para reducir el efecto nocivo de la generación y gestión de los residuos en la salud humana y el medio ambiente y para avanzar hacia la economía circular.

España tenía que establecer los pertinentes planes de gestión de residuos que abarcaran todo su territorio antes del 12 de diciembre de 2010, y también tenía que evaluar y revisar dichos planes al menos cada seis años. Además, España debía haber comunicado a la Comisión dichos planes de gestión de residuos, una vez adoptados, y haber notificado cualquier revisión sustancial de los mismos.

La Comisión ha instado repetidamente a España a cumplir sus obligaciones: mediante una carta de emplazamiento en noviembre de 2016, seguida de un dictamen motivado en julio de 2017.

Contexto

Los planes de gestión de residuos son uno de los instrumentos clave previstos en la Directiva marco sobre los residuos (Directiva 2008/98/CE) para el logro de sus objetivos. Describen la situación existente y definen los objetivos de la política de gestión de residuos. También formulan las estrategias adecuadas y determinan los medios de ejecución necesarios para conseguir dichos objetivos.

Las regiones españolas son competentes en primera instancia en materia de gestión de residuos. Por tanto, el cumplimiento de las obligaciones relativas a la planificación de la gestión de residuos derivadas de la Directiva es exigible tanto a escala nacional como regional.

La adopción y la revisión, en su caso, de los planes de gestión de residuos pendientes deben contribuir a acelerar la adopción de las soluciones necesarias para paliar las dificultades a las que se enfrenta España a la hora de aplicar las normas de la UE en materia de gestión de residuos.

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