La sociedad civil reclama un presupuesto europeo más ambicioso para acelerar la transición climática

La negociación del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea, ha movilizado a 19 organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, asociaciones profesionales, think tanks, redes europeas y entidades especializadas en transición ecológica y tecnologías limpias.

Las organizaciones han remitido al Gobierno de España un documento con sus recomendaciones y prioridades estratégicas para definir la posición nacional en las negociaciones europeas. La carta, fechada el 16 de junio de 2026, está dirigida a la Presidencia del Gobierno, siete ministerios y la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. En ella reclaman un presupuesto más ambicioso, basado en la evidencia científica, orientado a resultados verificables y capaz de movilizar inversión privada para contribuir a alcanzar la neutralidad climática europea en 2050.

El MFP fija los límites máximos de gasto para las principales políticas comunitarias durante periodos de siete años. La propuesta presentada por la Comisión Europea contempla un presupuesto cercano a los 2 billones de euros e incorpora un objetivo vinculante para destinar el 35 % del gasto total a acción climática y ambiental.

Reforzar la ambición climática del presupuesto europeo

Las entidades consideran que el próximo presupuesto comunitario debe convertirse en un instrumento clave para impulsar la descarbonización, la resiliencia climática y la innovación limpia. Además, advierten de que una visión reduccionista y cortoplacista de la competitividad no debe debilitar la integración climática y ambiental ni la correcta aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH).

Por ello, piden que España defienda un incremento de al menos un 10 % sobre la dotación inicial propuesta por la Comisión, en línea con la posición del Parlamento Europeo. Asimismo, proponen elevar hasta el 50 % el objetivo horizontal de gasto destinado a clima y medio ambiente.

Este porcentaje debería aplicarse sin excepciones y complementarse con contribuciones mínimas para los principales programas. En concreto, las organizaciones plantean que los Planes de Colaboración Nacional y Regional y el Fondo Europeo de Competitividad destinen al menos un 50 % a estos fines; Horizonte Europa, un 45 %; el Mecanismo «Conectar Europa», un 80 %; y Europa Global, un 45 %.

Asimismo, reclaman mantener objetivos diferenciados para clima, naturaleza, biodiversidad y contaminación cero. Entre sus propuestas figura reservar al menos un 10 % del presupuesto total para biodiversidad, con un seguimiento alineado con el Reglamento de Restauración de la Naturaleza, y otro 10 % para contaminación cero, con una metodología propia e indicadores vinculados a la Directiva de Calidad del Aire y la Directiva de Techos Nacionales de Emisión.

España puede desempeñar un papel activo en defensa de un presupuesto europeo suficientemente ambicioso.

Una financiación basada en resultados y con mayor rigor ambiental

Las recomendaciones se articulan en torno a tres piezas centrales del futuro presupuesto: un Reglamento de Rendimiento que garantice indicadores comunes, comparables y vinculantes; unos Planes de Colaboración Nacional y Regional con gobernanza multinivel y participación efectiva; y un Fondo Europeo de Competitividad que sitúe la descarbonización, la innovación limpia, la resiliencia climática y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles en el centro de la competitividad europea.

En relación con el Reglamento de Rendimiento, las entidades piden reforzar la incorporación de la naturaleza y la biodiversidad, la contaminación, la economía circular, la salud pública, los recursos hídricos, la resiliencia climática y la transición justa dentro del marco de seguimiento.

También proponen medir de forma más precisa los beneficios conjuntos de las inversiones e incorporar indicadores de movilización de capital privado y adicionalidad, con el objetivo de priorizar las actuaciones con mayor impacto por cada euro invertido y mayor valor añadido europeo.

La carta reclama, además, metodologías más rigurosas y científicamente consistentes para contabilizar el gasto climático. Las organizaciones advierten de que determinados coeficientes permiten considerar como contribución climática inversiones incompatibles con los objetivos ambientales de la Unión.

En este sentido, señalan que la expansión aeroportuaria y de carreteras, determinadas ayudas agrícolas sin suficiente condicionalidad ambiental y ciertas formas de biomasa forestal deberían dejar de computar como gasto climático. También solicitan una aplicación robusta y horizontal del principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH), eliminando excepciones y excluyendo de la financiación europea las actividades incompatibles con los objetivos climáticos y ambientales.

El próximo MFP definirá en gran medida la capacidad de la Unión Europea para responder a los retos climáticos, económicos y sociales de los próximos años.

Gobernanza territorial y apoyo a la transición justa

Respecto a los futuros Planes de Colaboración Nacional y Regional, las organizaciones defienden una gobernanza multinivel, transparente y participativa. Reclaman mecanismos obligatorios de participación temprana de las regiones, las entidades locales, los interlocutores sociales, la academia, la sociedad civil y los agentes económicos, así como la preservación de capítulos territoriales específicos y de una capacidad efectiva de programación regional.

Los borradores y las versiones definitivas de los planes deberían ser accesibles al público en todas sus fases. Además, las autoridades tendrían que explicar cómo se han incorporado las aportaciones de los distintos actores, y la Comisión debería disponer de mecanismos correctores cuando no se cumpla de forma efectiva el principio de colaboración.

Las entidades plantean asimismo que estos planes se alineen con los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima, los Planes Nacionales de Restauración de la Naturaleza y los Planes Nacionales de Rehabilitación, incorporando objetivos claros en materia de salud y contaminación cero. También proponen incluir una línea específica para calidad del aire y salud pública, con indicadores de resultado, apoyo directo a las autoridades locales y prioridad para las poblaciones vulnerables.

Entre sus recomendaciones figura además la creación de una reserva financiera mínima y vinculante para la transición justa, destinada a los territorios, sectores y colectivos más expuestos a los costes socioeconómicos de la descarbonización y al riesgo climático.

Los criterios de asignación deberían tener en cuenta la renta, la dependencia de industrias intensivas en carbono, las tasas de pobreza energética y las necesidades de adaptación, priorizando las inversiones que generen empleos verdes de calidad y faciliten el acceso de los hogares vulnerables a soluciones de ahorro energético.

Más apoyo a las tecnologías limpias y protección del programa LIFE

En relación con el Fondo Europeo de Competitividad, las organizaciones piden que se oriente a cerrar las brechas estratégicas de inversión en tecnologías limpias, apoyando tanto su fabricación como su despliegue comercial para la descarbonización de los distintos sectores.

La carta propone elevar hasta 50.000 millones de euros la ventana destinada a transición limpia, frente a los 26.000 millones planteados por la Comisión. Según el documento, escalar seis tecnologías limpias críticas fabricadas en Europa requeriría entre 16.000 y 18.000 millones de euros de apoyo público hasta 2030, mientras que la brecha de financiación pública para diez tecnologías críticas alcanzaría al menos 37.800 millones.

También se propone convertir InvestEU en el mecanismo preferente para el escalado tecnológico y el despliegue, con una capacidad de garantía de al menos 50.000 millones de euros. A ello se sumaría una línea específica de garantías de 10.000 millones de euros para la fabricación de tecnologías limpias y un mecanismo europeo de préstamos para rehabilitación energética dirigido a pymes y hogares con bajos ingresos o acceso limitado al crédito.

Las organizaciones piden, además, mantener un presupuesto independiente y protegido para Horizonte Europa, con al menos un 50 % más de financiación para el ámbito de Transición Limpia y Descarbonización Industrial dentro del Pilar II.

Asimismo, reclaman que el programa LIFE conserve su autonomía y su gestión directa como instrumento específico de apoyo a la acción climática y medioambiental.

El programa LIFE debe conservar su carácter autónomo y gestión directa como programa específico de apoyo a la acción climática y medioambiental.

Las entidades concluyen que España tiene la oportunidad de desempeñar un papel relevante en las negociaciones europeas impulsando un presupuesto más coherente, transparente y orientado a resultados, capaz de situar la transición limpia, la resiliencia, la seguridad energética y la salud pública en el centro del proyecto europeo.